El #RelatoAntiK festeja el triunfo de un juez anti-DDHH en el Consejo de la Magistratura. Página/12 critica a La Cámpora

Laborda, en La Nación ("Otro límite al proyecto de una justicia militante"), retoma el viejo camino de pensar al kirchnerismo derrotado a partir de victorias opositoras en reductos mínimos aunque de importancia institucional. Y en el caso del ámbito judicial, presentar esas derrotas como sinónimo de la independencia de la Justicia con respecto al kirchnerismo, que luego se vuelve adicta cuando saca un fallo que no satisfaga los intereses de las empresas periodísticas/oposición: "La designación de los jueces Alejandro Sánchez Freytes (foto) y Ricardo Recondo como presidente y vicepresidente del Consejo de la Magistratura constituyó un límite a las aspiraciones hegemónicas del kirchnerismo en la Justicia. Es que si bien el actual partido gobernante ha impuesto a más de la mitad de los magistrados que hoy están en funciones, su objetivo declarado es avanzar hacia una nueva categoría de jueces militantes. Este proyecto sufrió ayer un nuevo revés, que se suma a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo que fue aprobada el año pasado y hubiera consagrado la elección popular de los representantes de jueces, abogados y académicos en ese cuerpo encargado de la selección y remoción de magistrados".
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Mientras, Página 12 critica a La Cámpora luego del pacto de ayer que permitió a la fórmula Alejandro Sánchez Freytes-Ricardo Recondo hacerse de la presidencia y la vicepresidencia del órgano encargado de nombrar y remover jueces: "Los jóvenes de La Cámpora y el resto del bloque kirchnerista aceptaron la opción menos imaginable hace sólo unos meses: un acuerdo con la corporación judicial. La semana pasada los nuevos consejeros insistían en su intención de buscar acuerdos con tal de sacar al organismo de su parálisis. Lo reiteró Alvarez en una entrevista a Página/12 el domingo último, cuando les pidió a los jueces “conciencia social”. Al comienzo fue recibido con disgusto por los jueces, pero ayer comenzaba a ser minimizado. El aval de kirchnerismo a la fórmula Sánchez Freytes-Recondo es una fuerte concesión, si se tiene en cuenta los antecedentes de ambos. El cordobés acarrea denuncias en el propio Consejo por su actuación en causas de derechos humanos: Abuelas de Plaza de Mayo pidió su juicio político por haber revelado antes de tiempo la identidad de un chico apropiado, hijo de desaparecidos; en otro caso, el gremio de los judiciales lo cuestionó por haber concedido el pago de una jubilación extraordinaria al represor Luis Alberto Manzanelli por la “incapacidad” que dice que le produjo, precisamente, su tarea como represor. A Recondo, el propio oficialismo lo había denunciado por supuestos manejos dudosos en los sorteos de la Cámara Civil y Comercial para la designación de jueces en el expediente de la ley de medios. Se lo vinculó también a la Certal, la entidad que organizaba en Miami eventos sobre “libertad de expresión” a los que eran invitados los camaristas".
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"Fue una lista consensuada”, aseguraron fuentes del kirchnerismo no bien trascendieron los nombres de las nuevas autoridades. Sin los votos necesarios para designar al académico Manuel Urriza al frente del órgano, el ala “K” no pudo respaldar una fórmula propia y debió acordar con la oposición un tándem sin representantes directos de los partidos políticos. “"No podíamos permitir una lista con senadores o diputados radicales"”, explicaron en el Gobierno, en clara alusión a la posibilidad de que presidiera el Consejo Oscar Aguad o Mario Cimadevilla, los representantes de la UCR de Diputados y Senadores".
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¿Quién es el juez cordobés Alejandro Sánchez Freytes?
"Sánchez Freytes está denunciado ante el Consejo de la Magistratura. El 15 de agosto de 2011 ingresó el expediente número 156/11 caratulado "Carlotto Estela B. (Abuelas de Plaza de Mayo) c/ Dr. Sánchez Freytes (Juzg. N°2 y 3 de Córdoba)”. El expediente se encuentra en etapa de "investigación preliminar".
Abuelas le reprocha las demoras en la causa en la que se investiga el secuestro y asesinato de la hija de Sonia Torres, Silvina Parodi, y su marido, Daniel Orosz, y la posterior apropiación del hijo de ambos, nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo regional Córdoba. Se trata de uno de los expedientes icónicos en materia de Derechos Humanos de la justicia cordobesa. Además, recuerdan que le concedió la prisión domiciliaria a Luciano Benjamín Menéndez".
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En 2012, "Sánchez Freytes consideró que la supresión de identidad de una beba nacida en cautiverio durante la dictadura militar no constituye un delito de lesa humanidad. Su insólito fallo fue revocado por la Cámara Federal de Apelaciones.
La historia se remonta al 26 de septiembre de 1978, cuando personal de la temible Dirección de Inteligencia de la Policía de Córdoba (el tristemente célebre D2), detuvo a María de las Mercedes Moreno. La mujer, con un avanzado embarazo, fue trasladada al centro clandestino de detención ubicado en la calle Moreno 220, que funcionaba bajo la órbita del Área 311. El 11 de octubre de ese año, fue trasladada a la Maternidad Provincial y ese mismo día dio a luz a una niña.
En diciembre, por orden del Juzgado de Menores de Primera Nominación de Córdoba, la niña fue llevada a la Casa Cuna. El juez adujo que era la mejor solución para la criatura  ya que sus padres (Moreno y Oviedo) estaban detenidos. La beba, identificada como "la chiquita Moreno" por el personal de la Casa Cuna, nunca fue anotada en el Registro Civil. Un año después, la Justicia otorgó la guarda a un matrimonio de Córdoba.
María de las Mercedes Moreno, que había "blanqueada" en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Córdoba (UP1), recobró su libertad el 6 de abril de 1979. Lo primero que hizo fue concurrir a la Casa Cuna a buscar a su hija, pero una monja le informó que su beba había sido dada en adopción.
El 26 de diciembre 1980, la familia apropiadora habría inscripto como propia a la hija de Moreno, valiéndose para ello de un certificado médico expedido presuntamente por el doctor Vicente Antonio Spitale, que constataba su nacimiento por "parto natural"
Pese a la abundante prueba que obra en el expediente, el siete de mayo de 2012 Sánchez Freytes se declaró incompetente y derivó las actuaciones a la Justicia provincial. Su resolución fue apelada tanto por el fiscal general Alberto Lozada como por las abogadas de Moreno,  María Teresa Sánchez (Abuelas de Plaza de Mayo) y Mariana Paramio.
Las quejas contra el insólito fallo de Sánchez Freytes fueron escuchadas en el marco de una audiencia oral y pública realizada en la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones ante los magistrados Abel Sánchez Torres, José Pérez Villalobos y Carlos Lascano.
En la oportunidad, Lozada cuestionó la resolución de Sánchez Freytes por considerar que el juez "modificó el hecho, lo fragmentó y lo redujo", al no tener en cuenta ni la detención de la madre de la menor ni el motivo por el cual estaba presa. "Moreno estaba detenida clandestinamente a disposición del Área 311 por lo que no pudo anotarse legalmente el nacimiento de la niña. A juicio del Ministerio Público Fiscal, ello configura los delitos de sustracción de menor y la supresión de identidad", afirmó Lozada. El fiscal consideró que se trata de delitos conexos a los delitos de lesa humanidad por lo que son imprescriptibles y de competencia federal".
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