Procesaron a una docente por tuitear contra Macri y Bonadio

El juez Ariel Lijo procesó sin prisión preventiva a la licenciada en Antropología y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Centro (Buenos Aires), Mónica Sterki, en una causa en la que se la acusa de "intimidación pública" contra el presidente Mauricio Macri y el juez Claudio Bonadio.
"Se le atribuye a Mónica haber puesto un tweet en el momento en el que Macri salió a hacer la defensa del carnicero que atropelló al sospechoso de haber cometido un robo en contra de él", relató el abogado de Sterki, Adrián Albor.
Para Albor, Sterki "no llamó a la gente a matar a Macri, dijo que es un ladrón" y agregó: "Desde hace dos años tenemos una policía del pensamiento en Argentina, que se mete en las redes sociales y que persigue a personas por sus expresiones, como fue el caso del muchacho que puso 'te vamos a matar, no te va salvar ni la federal', el cual fue detenido sin causa judicial".
"A Mónica se le hizo un exhorto internacional para preguntarle a Twitter a quién pertenecía la cuenta @LaReinaRea, y contestó que no iban a dar información. Entonces, a Mónica le hicieron trabajos de investigación a cargo de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), y un día la allanaron y se llevaron las computadoras y los teléfonos".
"El juez, en un claro desconocimiento de los derechos, decidió que Mónica amenazó de muerte al presidente, por lo que está procesada por eso y por amenazar a Bonadio. Vamos a pedir la declaración de Macri. El Gobierno busca que la gente no proteste", agregó.
El delito que se le imputa a la profesora tiene una pena de hasta 6 años de cárcel.

El Consejo Ejecutivo de SUTEBA Seccional Olavarría se solidarizó con la docente y repudió su procesamiento así como las arteras formas y mecanismos irregulares de las fuerzas de seguridad para llevar a adelante la investigación.
Además, consideró que la publicación de la trabajadora de la educación "a todas luces no reviste peligro material alguno para el presidente ni los funcionarios públicos mencionados. Es una clara demostración de persecución política e ideológica, propia de un gobierno autoritario que intenta acallar cualquier pensamiento crítico o disidente con la política de ajuste y entrega de la soberanía política, económica y cultura de nuestro pueblo".
El año pasado, cuando Lijo la imputó, Sterki advirtió que lo grave de la situación es que la administración macrista busca "cercenar los derechos civiles luego de hacerlo con los económicos" y denunció que es "una causa armada".