Luego de la inesperada orden de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) de liberar a la dirigente jujeña Milagro Sala, el gobierno de Cambiemos y sus medios afines salieron a decir todo el fin de semana que la decisión del máximo órgano mundial no era vinculante.
Federico Efrón, coordinador del Área de Litigio y Defensa del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), aseguró que "el Estado argentino está obligado a cumplir con la orden de la ONU. La liberación debe ser inmediata, no hay dudas sobre eso".
"Nuestro país tiene un esquema constitucional muy bueno en el cual los tratados de Derechos Humanos, los convenios y las resoluciones de las instancias internacionales están incorporadas y en el caso particular de este tipo de resoluciones ha habido discusiones en la Corte que ha dicho que el Estado debe cumplirlas", agregó, en diálogo con Radio AM750 (Buenos Aires).
Además, el dirigente del CELS, uno de los organismos que junto a Amnistía Internacional y otros presentó el caso ante el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, desmintió que la información incorporada fuera vieja, como manifestó el archienemigo de Sala, el gobernador jujeño, Gerardo Morales.
"Es equivocado que la información presentada ante la ONU sea vieja. Nosotros presentamos las ocho causas que tiene Sala. Aparte, si queremos actualizar los que ocurrió en los dos últimos meses, tenemos que decir que se la situación en términos de derechos humanos se agravó, porque la justicia de Jujuy reabrió una causa cerrada en el 2009, que había prescripto y el juez había dicho que era cosa juzgada".
El CELS presentará hoy una carta ante la canciller Susana Malcorra para que el gobierno de Cambiemos le informe sobre los pasos a seguir para cumplir con la orden de la ONU, más allá del plazo de 6 meses que estableció el organismo internacional.
Por otro lado, el abogado defensor de Milagro Sala, Luis Paz, también afirmó que "no existe otra posibilidad jurídica que no sea acatar esta resolución de la ONU a partir de los pactos y tratados firmados por el Estado argentino desde 1969 y ratificados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1984"
"No existen antecedentes negativos en este sentido en la Argentina. El último pronunciamiento de la ONU logró la liberación de una adolescente en Tucumán que estaba privada ilegalmente de su libertad. Esa vez, el Estado nacional acató esa resolución", recordó Paz, en diálogo con Radio Universidad (Río Cuarto).
"La primera causa que ocasionó la detención de Milagro está parada. Los otros dos acusados están en el gobierno de Morales", denunció el abogado, que sostuvo que "con Milagro, se han violado todas las garantías de cualquier ciudadano".
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lunes, 31 de octubre de 2016
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