Las alarmas las encendió el fin de semana pasado Alconada Mon, en La Nación (hoy se encarga de Canicoba Corral). La primera reacción fue eregir a los jueces y fiscales (ahora) anti K como incorruptibles (con el cucurucho de Moldes, a la cabeza).
Este fin de semana, parece que la paciencia de Clarín y La Nación comienza a mermar ante la falta de grandes titulares, y se retoman las también desembozadas presiones...
Edu van der Kooy (Clarín): "Cristina posee otros resortes para ejercer influencia en el Poder Judicial. Desearía que, de cualquier forma, la Sala I de la Cámara Federal rechace cuanto antes la apelación del fiscal Gerardo Pollicita al fallo de Daniel Rafecas que desestimó aquella denuncia de Nisman sobre encubrimiento terrorista. Los jueces parecieran haber tomado nota de la premura presidencial. Recibieron el fallo el pasado jueves 5 y fijaron para el jueves que viene (19) la fecha para el informe del fiscal Germán Moldes. Es decir, sólo 10 días hábiles.
Antes, los tres magistrados de la Sala I (Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler) deberían pronunciarse sobre la recusación que el kirchnerismo planteó contra Moldes por haber participado de la Marcha del Silencio. Sobre ese tópico no habría diferencias. Las objeciones del diputado Andrés Larroque y del espía Allan Bogado carecerían, según ellos, de sustento.
La clave estaría en la convalidación o no de la apelación de Pollicita. Aunque deberán esperar previamente la opinión de Moldes. Así formulado, el dilema representaría poco, tal vez, en términos políticos. Habría que describirlo bajo otro cristal. La aceptación de lo dispuesto por Pollicita implicaría dejar por largo tiempo imputada a Cristina y al canciller Héctor Timerman, a raíz de aquel supuesto encubrimiento. Quizá hasta el final de su mandato. Se abriría, de mínima, un proceso de pruebas solicitado por Pollicita que, en su desestimación de cuajo, Rafecas nunca tuvo en cuenta.
La Cámara Federal estaría ahora bajo intensísima presión del poder. “Es como un bloque de hormigón encima de nuestras cabezas”, comentó uno de los jueces. Esa Cámara tuvo en su recorrido pocos fallos que incomodaron al Gobierno. Salvo, a lo mejor, los dos últimos de este año. Cuando confirmó a Claudio Bonadio a cargo de la causa Hotesur, empresa que administra una cadena hotelera propiedad de la familia presidencial. También, al ratificar el procesamiento de Amado Boudou por el escándalo Ciccone. En mayo del 2014 había declarado la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento que la Presidenta firmó con Irán.
Las posturas en esta instancia crucial asomarían divididas. Ya lo estuvieron otras veces. Freiler, por caso, votó a favor de recusar a Bonadio en la causa Hotesur. Farah se excusó de votar sobre el pacto con Irán. Freiler se inclinaría ahora por rechazar la apelación de Pollicita y enterrar la denuncia de Nisman. Farah, al parecer, sostendría lo contrario. La incógnita sería Ballestero. A este juez se lo advertiría hermético y ansioso.
El juez que más estaría intentado incidir sobre esa Cámara para lograr un fallo que alivie a la Presidenta sería Rodolfo Canicoba Corral. Ese supuesto favor al Gobierno significaría, en verdad, un favor para él mismo. Canicoba ha sido el blanco de la ira de Cristina. ¿Por qué motivo? Fue quien autorizó las escuchas telefónicas que formaron parte de la denuncia de Nisman. Pero nunca siguió en detalle el procedimiento ni el rumbo de la causa AMIA. Ignoraba que el fiscal muerto había progresado tanto. Aunque transmitía seguridad y tranquilidad entre los funcionarios kirchneristas. Cuando explotó la bomba no supo qué decir. Y embistió contra Nisman y las escuchas. Hacia el fiscal muerto guardaba enorme desconfianza por su vínculo con Jaime Stiuso. Siempre atribuyó al espía la difusión pública de algunos de sus bienes patrimoniales.
Canicoba ya tuvo otro paso en falso que el kirchnerismo le recuerda. Desprotegido por la denuncia de Nisman, se habría comprometido con una gestión ante Pollicita para evitar la apelación. El fiscal se armó de paciencia y escuchó un relato inaudito. El juez le explicó –antes de que fuera pública– que la resolución de Rafecas había sido escrita por un fiscal de Casación. Un especialista en el tema. Que era “impecable” y no le acarrearía consecuencias pasar por alto aquella apelación.
Canicoba busca socios entre sus pares no sólo para atenuar el efecto de la denuncia de Nisman. También para evitar que en el último tramo de la transición la sangre entre el Gobierno y el Poder Judicial pueda llegar hasta el río.
Ocurre que, a esta altura, no todos los magistrados poseerían la permeabilidad que mostraría él. Los teléfonos le suenan con insistencia a María Servini de Cubría. La jueza, de prolongada trayectoria, viene fastidiada desde que Cristina impulsó en el 2013 la reforma judicial. Nunca ha dejado de tener puentes tendidos con el peronismo y con otros partidos. Se desempeña también como jueza electoral. Allí radicaría su fortaleza. En alguno de esos tantos intercambios habría recibido una advertencia que la alarmó sobre su hijo. El hombre es ingeniero y empleado del Consejo de la Magistratura. Nadie conocería el tenor de aquella advertencia.
Ariel Lijo, mientras tanto, cuida su propia comarca. El juez sustancia una de las causas emblemáticas de la década K: la de Ciccone y Boudou. La recibió cuando fue apartado Rafecas. Se ocupa de algo más: la investigación por enriquecimiento ilícito del vicepresidente. En ambas progresó, aunque calibrando los tiempos. Esos serían sus verdaderos tesoros. Los que les habría permitido entre los jueces federales ocupar un lugar preferencial. Injustamente, quizás, algunos le endilgan el deseo de pretender sustituir a Javier Fernández, el gran operador que tuvo el kirchnerismo en la Justicia hasta que estalló la ex SIDE y fue despedido Stiuso.
Lijo escucha a los bandos en pugna. Por supuesto, también a los de Justicia Legítima, de identidad K. En ese campamento pesarían, sobre todo, los fiscales Javier De Luca y Miguel Osorio. Al parecer, con un doble estandar. Mano de hierro hacia adentro: le impidieron a un tímido fiscal negar su adscripción pública a Justicia Legítima. Condecendientes, ahora mismo, hacia afuera: serían de los que promueven una tregua entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que debería comenzar a plasmarse liberando a Cristina y a Timerman de la denuncia por encubrimiento terrorista.
Esas intenciones, sin embargo, se estrellarían contra otros estamentos judiciales que reniegan del proyecto de colonización kirchnerista y no sabrían de paréntesis en la causas en curso, en especial las de corrupción. Lo integran los fiscales y jueces que participaron de la Marcha del Silencio.
Tendrían otras razones para tal resistencia: sufren un hostigamiento permanente. Los fiscales de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Los jueces, desde el propio el corazón del poder político. Aunque las aguas, a veces, se entreveran: el Ministerio Público descargó una andanada contra el juez Julián Ercolini, por desestimar un pedido de indagatoria del fiscal K Leonel Gomez Barbella en la causa Papel Prensa.
La Presidenta y su Gobierno han atenuado en los últimos días sus invocaciones al presunto golpismo judicial. Un gesto, a lo mejor, a la espera de alguna novedad grata en la Justicia. La atención oficial estaría también clavada en Bonadio. El juez debería decidir el llamado a indagatoria de Máximo, el hijo de Cristina, por la causa Hotesur. ¿Pronto o más adelante? La oportunidad desnudaría, quizá, la existencia o no de una tregua".
Joaco (La Nación): "Un ejemplo de la debilidad de la administración en la Justicia es el interlocutor que eligió entre los jueces. Rodolfo Canicoba Corral, el juez que dice representar al Gobierno, carece de prestigio entre sus colegas y con varios de ellos tiene problemas de relación personal o profesional. Tampoco tiene astucia política: aunque no es el único que conversa, él es el único que compite con Aníbal Fernández en las radios para defender los intereses judiciales del Gobierno. Canicoba Corral llegó a advertirle al fiscal Gerardo Pollicita que estaba amenazado antes de que éste apelara la decisión del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia de Nisman contra Cristina. "La apelación está redactada y la presentaré", le contestó Pollicita. Y se fue.
Esa apelación está ahora en manos de Moldes, que no adelantó qué hará. Es posible, no obstante, averiguar en sus antecedentes: salvo alguna excepción, casi nunca se interpuso entre la apelación de un fiscal de primera instancia y la Cámara Federal. Es probable, por lo tanto, que respalde la apelación de Pollicita.
Las versiones de negociaciones no incluyeron nunca al juez Claudio Bonadio, que es el que tiene la única causa que, por ahora, mortifica a Cristina. Es la de lavado de dinero en hoteles de su propiedad. Bonadio suele decir que no tiene miedo y que no acepta dinero. La misericordia se la dedica a mejores causas. En sus oficinas anticipan, a pesar de todo, que no habrá novedades procesales importantes en el próximo mes. El juez está analizando un lote inmenso de informes y declaraciones juradas. Pero también subrayan: la causa tiene cada vez más consistencia. Los colaboradores de Bonadio se sorprenden con cada carpeta que abren: lo más notable no es el eventual delito, sino la chapucería para cometer el delito. "Se metieron hasta en donde no necesitaban entrar", explicaron.
Alguien que dijo llevar la representación del Gobierno le deslizó a Bonadio que el oficialismo no seguiría insistiendo en sus juicios en el Consejo de la Magistratura. Los pedidos de juicio político contra Bonadio no tienen sustancia, pero tampoco tienen votos como para progresar. "Ustedes me quieren cobrar favores que no hacen", lo despachó el juez. Otro juez federal importante, Ariel Lijo, que procesó a Amado Boudou por el caso Ciccone, se prepara para enviar al vicepresidente a juicio oral. "Puede ser que los jueces tomen algunas precauciones muy cerca de las elecciones, pero eso lo han hecho siempre y lo hace hasta la Corte Suprema de Justicia", explicó uno de ellos.
No importan los métodos, el camino ni los medios. Sucedió con el caso de Papel Prensa. El anterior fiscal, Eduardo Taiano, no encontró nunca razones para citar a declaración indagatoria a Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto. Gils Carbó cambió el fiscal; el nuevo pidió en el acto las indagatorias. En menos de 24 horas, otro juez importante, Julián Ercolini, rechazó el pedido porque carece de pruebas para tomar esa decisión. Ercolini es un caso aparte. Sobran los ejemplos de una negociación que impulsaron y que la descarriaron el prejuicio y la sospecha".
El dr. Hubris (Perfil): "En los pasillos de Tribunales aseguran que el fiscal ante la Cámara Federal Penal Germán Moldes no tiene miedo. Tiene la piel curtida y no es un hombre fácil. El nunca lo dirá pero le preocupa la situación de indefensión en que los fiscales y jueces que tramitan causas que son cruciales para el poder desarrollan su trabajo. Ya no es un secreto para nadie que se lo ha dejado muy solo. “El poder político ha intentado marcarle la cancha una y otra vez, sin darse cuenta de que todo será en vano. Moldes hará su trabajo y decidirá según su conciencia”, señala una voz que conoce al dedillo lo que sucede en los tribunales de la avenida Comodoro Py.
Algunas presiones hasta parecen infantiles, como el hecho de haberle retirado el auto oficial que usaba desde hace varios años. Lo más preocupante es que, en materia de seguridad, Moldes cuenta sólo con los dos oficiales de policía que lo han acompañado desde hace quince años y que, según el turno, nunca se cruzan. Nadie se ha comunicado con él para ofrecerle apoyo, mientras debe decidir sobre una de las causas más sensibles de su carrera. Alguien le ha escuchado decir: “Nunca pedí nada y no lo voy a hacer ahora. Soy un viejo criado en Boedo, y no es momento de llorar; este trabajo es así”.
En Comodoro Py 2002 todos miran de reojo a la Sala I de la Cámara Federal –integrada por los doctores Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler–, que debe decidir si avala la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia del fallecido Alberto Nisman o hacer lugar a la apelación del fiscal Gerardo Pollicita. Quienes conocen el paño aseguran que el clima está enrarecido. Hay quienes escucharon a algún miembro de la Sala en cuestión debatirse entre aceptar el desafío de abocarse al caso o excusarse, utilizando como argumento el hecho de haber intervenido en el fallo que declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán. Otros especulan con la velocidad con que los jueces convocaron a la reunión entre las partes, pero todos concuerdan en que el fallo será dividido, en una sala impredecible.
Respecto del supuesto pacto entre un sector del Poder Judicial y el Gobierno, al menos tres fuentes distintas del ámbito judicial coinciden en que hubo un intento de avanzar con esa iniciativa. El objetivo consistía en calmar las aguas y dejar en stand by las causas que complican al Ejecutivo al menos hasta el mes de diciembre. Un hombre de mucho peso en los tribunales de Retiro le restó importancia a toda esa maniobra con un argumento curioso pero bastante realista: “El pacto es impracticable. De un lado está impulsado por el miedo. El Gobierno teme que la Justicia les caiga encima a varios de sus referentes. Además, ningún pacto es posible cuando uno de los interesados es tan impredecible que puede cambiar el rumbo y dinamitar todo en la próxima Cadena Nacional. Del otro lado, los gestores judiciales de ese pacto tienen tan poca legitimidad que sus instrucciones sólo podrían ser acatadas por aquellos que persiguen intereses mezquinos, como aspirar a un nuevo modelo de auto, sumar algún empleado o hasta conseguir una nueva impresora para el despacho. Son la vergüenza de Comodoro Py: si uno se pelea con ellos, no debe intentar patearlos porque le afanan el zapato” (sic)".
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