El saqueo de Córdoba

Por parte de dos facciones del Estado provincial: un gobierno paralizado, desorientado, con su figura líder desgastada, que sólo tiene para ofrecer pactos de convivencia con aquellos que le incendiaron la provincia en cuestión de horas. Por otro lado, la Policía de Córdoba, cercada por múltiples denuncias de vínculos con el narcotráfico, investigaciones que se reproducen como un reguero de pólvora de abusos y excesos discrecionales en la aplicación del inconstitucional Código de Faltas.
En ese marco, también existe la posibilidad de que las bases policiales hayan aprovechado esta contienda para tomar protagonismo y mejorar sus condiciones salariales y laborales, pero a costa de una sensación de indefensión total, que bien sirvió -en términos de presión- en el seno de la negociación ante una administración que tuvo que esperar que llegara De la Sota a la madrugada para recién hablarle a los cordobeses -con inconsistencias, contradicciones y arengas, como de costumbre- y luego, en una madrugada grotesca, tuitearle a la Presidenta de la Nación.
Más allá de que esta contienda entre estos dos actores decadentes provocó el (re)surgimiento de la intención de hacer lo destructivo en muchas personas, ciudadanos que apenas si les queda ser vehículos de los intereses de otros, muchos más potentados en términos de ese poder de fuego, pero que ven menguar sus fuerzas ante el avance de las denuncias imparables de mala gestión, ineptitud y corrupción.
Representantes de ese Estado que poco puede hacer para albergar las diversas demandas que emergen de sociedades cada vez más complejas e interconectadas, apenas si les queda negociar un incremento salarial que incluye (en el siglo XXI) un seguro de sepelio (el acuerdo también le pide al gobierno cordobés que les provea a los policías de un uniforme anual). Vetustas estructuras putrefactas en viejos rencores y prejuicios de clase, emprenderán estos días para las cámaras operativos que el Código de Faltas cordobés permite agravar en su matriz represiva y discriminatoria.
Ya no basta el análisis que certifica que los policías necesitan sindicalizarse. Es necesario ver cuán cerca estamos de perder lo poco que hemos logrado como sociedad, qué rápido nos amenazamos mutuamente con caer al vacío de la desolación, sin pensar siquiera que fuimos presos de disputas de peces gordos que sólo tendrán para ofrendar más rencillas con campos de batalla reales, en las propias narices de los aterrorizados que los votaron.
Mañana será negociar la liberación de la cúpula de la Policía, mientras que los otros amenazarán a De la Sota con sentarlo en el banquillo del juicio oral por el narcoescándalo.
Hoy fue una protesta salarial y por mejores condiciones laborales, de los mismos que mañana serán enviados a reprimir a los judiciales y a los trabajadores de la Salud que vieron cómo -dejando indefensa a la ciudadanía y rompiendo todo- se logra aquello que nos prometimos que tenía que venir mediante mesas de negociación y conciliaciones obligatorias.
El discurso de De la Sota es bien transparente en este sentido: le habló al afuera de la provincia, para tapar el papelón de prender fuego la provincia mientras pacta con sus pares. Hacia el adentro provincial, el acusar al gobierno nacional sonó más a un delarruísmo hiriente y previsible, ya vacío de todo sentido político. Sólo tuvo el efecto del que quiere proteger a sus secuaces, porque sospecha que nada cambiará en sus pagos mientras acuerde con los que tienen la capacidad operativa, logística y desfachatada de destituirlo tal como lo pusieron en el lugar que pronto dejará sin pena ni gloria, como sentado en un lejano aeropuerto agarrado a una bolsita rebosante sólo de marketing.