Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo el eje político ordenador de la realidad social argentina. Así lo demostró hace una semana en Avellaneda (Buenos Aires), cuando, entre otros temas, centró su mirada estratégica en los denominados planes sociales, en un paso necesario para ir solidificando su alianza electoral con gobernadores e intendentes de todo el país con vistas a las próximas elecciones presidenciales.
El análisis de la vicepresidenta se basa en un documento -que leyó meses atrás- que realiza un análisis de la composición y evolución de la inversión social argentina entre 2002 y 2020. Su autor principal es un hombre del papa Francisco, el jesuita Rodrigo Zarazaga, y como coautores aparecen los politólogos Andrés Schipani y Lara Forlino.
El estudio se titula "Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente", es de diciembre pasado y su principal conclusión es que, durante la última década, el Estado argentino no logró reducir los índices de pobreza, a contramano de lo que ocurre en la mayor parte de los países de la región, y a pesar de su alta inversión social, tal como marcó Cristina hace días en el plenario de la CTA.
"Durante la última década, el Estado argentino no ha logrado reducir los índices de pobreza. Este desempeño va a contramano de lo que ocurre en la región: prácticamente todos los países de América Latina lograron hacerlo de forma sostenida. Las dificultades para combatir la pobreza en nuestro país no se originan en un gasto público insuficiente: Argentina es el segundo país de América Latina que más invierte en protección social", concluyen Zarazaga, Schipani y Forlino.
El trabajo identifica tres puntos en la evolución de los recursos públicos asignados a la lucha contra la pobreza. En primer lugar, la inversión en pensiones no contributivas es mayor que todo el resto del gasto social en su conjunto. Esto implica que el gasto destinado a adultos mayores pobres supera ampliamente el gasto dirigido a niños/as pobres: en 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños pobres, gastaba cinco pesos en pensiones para adultos mayores pobres. En segundo lugar, los programas para cooperativas de trabajadores informales se han convertido en un elemento central de la política social a partir de 2016. El número de cooperativistas ha pasado de 253.939 en 2015 a 1.223.537 en septiembre de 2021. Por último, el Estado invierte -dentro del marco de la ayuda social, directa y urgente – cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y cada vez menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal. De hecho, en 2019, por cada peso destinado a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaban 11 pesos a programas de cooperativas de la economía popular.
Finalmente, a los efectos de reformular el sistema de protección social para hacerlo más eficiente, Zarazaga, Schipani y Forlino hacen tres propuestas finales: 1) una segmentación del sistema de asignaciones familiares no contributivas para atender mejor a las diferentes problemáticas asociadas a la pobreza e indigencia; 2) un plan de ‘Empleo Joven’ que genere incentivos para que los jóvenes de hogares informales puedan insertarse en el mercado de trabajo formal; y 3) un plan para potenciar la integración de los planes de cooperativas con la economía formal.
Más:¿Patria industrial o colonia primarizada?
%20intervenida%20x%20Villavicencio%20-%20Descontexto%20Editores-2.jpg)
%2022.27.50.png)
0 comentarios:
Publicar un comentario