Patricia Bullrich no legalizó el 'gatillo fácil'

No, el gobierno no legalizó el gatillo fácil. Pero repetirlo puede construir el efecto de verdad, lo que suma peligrosidad a una resolución ya muy peligrosa.
El Ministerio de Seguridad emitió una resolución por el cual amplían las situaciones en las que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales (Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval) pueden utilizar el arma de fuego. Se incluyen dos supuestos que son particularmente graves (artículo 2 del Anexo 1 de la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad Nacional):
"c) Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad.
d) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención".
Esto quiere decir dos cosas: por un lado, no incluye a las fuerzas policiales provinciales, por lo que las policías de provincia continuarán con los protocolos sobre uso de armas que hayan tenido antes de la publicación de esta resolución (aquellas que lo tuvieran).
Por el otro, es una resolución que, dentro de la pirámide jurídica de validez de las normas (artículo 31 de la Constitución Nacional), se encuentra bastante debajo del Código Penal, el cual no fue modificado. ¿Qué significa entonces? Que es una resolución ilegal en tanto no respeta el orden jerárquico de las normas jurídicas. Por lo tanto, y esto es lo más importante, se continuará persiguiendo y juzgando a policías que cometan gatillo fácil.
Dentro del uso estratégico del derecho deberíamos incorporar toda una disciplina de cómo comunicamos los cambios normativos, pues, con el objetivo de generar un titular impactante ("legalización del gatillo fácil"), estamos muchas veces dándole argumentos precisamente a la posición contraria a la que sostenemos.
En Argentina, el gatillo fácil continúa siendo ilegal, más allá de esta resolución inconstitucional en términos jurídicos y horrorosa en materia de derechos humanos. Decir lo contrario puede fomentar el horror en muchos policías que creerán que no es ilegal matar personas.
Que un puñado de funcionarios nacionales legitime, celebre y hasta desee la muerte de (algunos) argentinos, no transforma a la Argentina en un país en el que sea lícito el homicidio.

Lucas Crisafulli

Abogado y docente de la Cátedra de Criminología de la

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba

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