"Los discursos mediáticos y político-partidarios en contra del Pueblo Mapuche no son nuevos. En la Patagonia, el “sentido común” argumenta que “son chilenos” y que “exterminaron a los verdaderos indígenas argentinos, los tehuelches”. Para esta “historia”, los mapuches son los violentos incivilizados que, como además son extranjeros, no tienen derecho a reclamar territorios, mientras los tehuelches eran buenos, pero supuestamente ya no existen, entonces tampoco tienen derecho a reclamar territorios.
Todas estas argumentaciones y afirmaciones fueron fuertemente refutadas por investigaciones históricas, antropológicas, arqueológicas, y por la existencia y la organización misma de estos Pueblos, pero se repiten una vez por año en campañas mediáticas de Clarín, La Nación o Infobae. Y crecen cada vez que es necesario justificar el avance represivo sobre los territorios indígenas o negar algún proceso de reclamo territorial.
Hace cuatro años, Patricia Bullrich también utilizó este método de volver a los mapuches “terroristas”. De repente, apareció en los medios afirmando que habían sucedido varios atentados en la Patagonia. Las pruebas eran sus afirmaciones e informes en el programa de Jorge Lanata; no hubo pruebas, y numerosos investigadores e investigadoras, que desde hace años vienen trabajando sobre este tema en la zona, refutaron sus planteos.
Sin embargo, no casualmente hace cuatro años, como sucede ahora, se ponía en discusión la prórroga de la Ley 26.160, que obliga al Estado a realizar un relevamiento de los territorios actuales de los pueblos indígenas y suspende los desalojos mientras esté en vigencia.
En noviembre próximo, vence la cuarta extensión de esta Ley de Emergencia Territorial Indígena. A 15 años de su aprobación, todavía falta relevar más de la mitad de las comunidades indígenas existentes. Según datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de las 1.760 comunidades indígenas registradas en el país, solo 745 cuentan con el relevamiento culminado. Es decir que, resta más del 57% de las comunidades.
En 2017, cuando debía discutirse la extensión de los relevamientos por otros cuatro años, se comenzó a escuchar sobre la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sobre el supuesto “terrorismo mapuche” y sobre una supuesta “guerrilla terrorista” que aterrorizaba los parajes patagónicos. Curiosamente, sobre todo atacaban los parajes que están rodeados por millones de hectáreas en manos de los megaempresarios multimillonarios Luciano Benetton y Joe Lewis.
Y fueron estos mismos argumentos que buscaban criminalizar y estigmatizar al Pueblo Mapuche los que le permitieron a la entonces ministra de Seguridad macrista, Patricia Bullrich, justificar la violenta represión en el Pu Lof en Resistencia Cushamen, que terminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en 2017. Y el posterior asesinato, meses después, de Rafael Nahuel en manos de Prefectura".
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