Esta semana, cuando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) calentaba las firmas de su aval a la fusión Cablevisión/Telecom (con mayoría societaria de los accionistas del Grupo Clarín), el organismo que depende directamente de la Secretaría de Comercio (es decir, de Macri) le anticipó a varios competidores de la fusionada que rechazaban sus objeciones en el trámite que terminaría este viernes con la bendición oficial a la mayor concentración de la historia de las comunicaciones en el país. En los despachos de Telefónica o de Cablevideo Digital -dos de los competidores que argumentaron reparos a la fusión-, entendieron lo que se vendría.
Asimismo, la resolución establece que Telecom tendrá que abrir su red como operador mayorista para reventa a eventuales oferentes del servicio minorista, compartir infraestructura y realizar ofertas de referencia para que operadores móviles virtuales (en condiciones no exclusivas ni discriminatorias) utilicen la red móvil de la fusionada.
Las condiciones que le impone eran ya conocidas por ésta y fueron atenuadas con creatividad por el conglomerado, mediante la ingeniería de cesión de clientes de su servicio más anacrónico de conectividad fija a Internet a la empresa Universo Net.
Eso es -cuanto menos- curioso, pues el principal motivo de la fusión es la cualidad convergente de las comunicaciones y su progresiva escala global de operaciones, lo que impulsa a asociarse a los productores de contenido con los proveedores de conectividad en la disputa de la rentabilidad del sector.
La suma de Cablevisión y Telecom, por la cantidad de mercados y eslabones productivos que abarca, es una concentración inédita en Latinoamérica. Su carácter conglomeral y convergente introduce una problemática nueva y demanda, pues, un abordaje integral, es decir, no sectorizado. Sin embargo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, así como en diciembre pasado lo hiciera el ente gubernamental de las comunicaciones (EnaCom), facilitó los planes de los accionistas del Grupo Clarín al rubricar la autorización estatal como si el único segmento donde la amenaza de distorsión del mercado fuese la conexión a Internet y no, por ejemplo, la tv paga, donde Clarín ostenta una posición dominante que refuerza con su estratégico poder como principal multimedios del país.
En efecto, para evaluar la fusión Cablevisión Telecom hay elementos empíricos al alcance de quien quiera estudiar la concentración de los sectores de medios audiovisuales de pago y de telecomunicaciones. No se trata sólo de pronosticar los efectos probables de la concentración de las comunicaciones a futuro, sino de examinar qué ha sucedido con la contracción de la competencia y los servicios y precios de mercados ya de por sí altamente concentrados antes de que la fusión se anunciara. Basta revisar qué sucedió con las prácticas anticompetitivas en el sector de la tv por cable, con el ingreso vedado a nuevos concurrentes a causa del congelamiento en la concesión de licencias durante más de una década o, en el caso de la telefonía, con el incumplimiento de gran parte de las condiciones de apertura a la competencia dispuestas en el año 2000 con el Decreto 764/2000 y la exclusividad de facto de la que gozaron los incumbentes del servicio básico, Telecom y Telefónica.
Las tendencias mencionadas, que abundan tanto en el sector audiovisual de pago como en el de las telecomunicaciones que hoy convergen, ilustran las averías de un sector que, fruto del sesgo de la política estatal, alcanzó los extremos de concentración que ostenta en la actualidad.
A ello se suma el exceso sobre lo permitido por ley en el caso de espectro radioeléctrico para telefonía móvil y una situación privilegiada en la gestión de redes troncales de comunicaciones en las zonas centro y norte del país, donde Telecom es el operador incumbente del servicio público de telefonía. Con las condiciones dispuestas por la CNDC, estos indicadores serán mínimamente afectados.
La fusión Cablevisión/Telecom consagra la orientación de la política de comunicaciones dispuesta por decretos y resoluciones desde la asunción del presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015, que no por errática (recordar la creación y disolución del Ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad, o las reiteradas e incumplidas promesas de redactar y proponer al Congreso un proyecto de ley integral de comunicaciones convergentes) fue menos eficaz a la hora de adecuar las normas y políticas estatales a las necesidades de la creación y expansión del ahora mayor conglomerado infocomunicacional del país. Así, en vez de aplicar la ley a los agentes del mercado, el jefe de Estado concluye rubricando la adecuación de las normas a los intereses y necesidades expansivas de uno de estos agentes, que emerge de estos dos años y medio de gobierno con un poder nunca visto en la Argentina.
Por Martín Becerra
Profesor e investigador de UBA y Conicet
Trilogía sobre la megafusión Cablevisión/Telecom
0 comentarios:
Publicar un comentario