Stolbizer promete parar la flexibilización laboral de Macri pero impulsó la de De la Rúa

En el final de la campaña electoral, la diputada y segunda candidata a senadora nacional bonaerense por 1País, Margarita Stolbizer, aseguró que el espacio que conforma junto al diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se va a "plantar frente a cualquier intento de reformar la legislación laboral".
"Lo que se está escondiendo es el ajuste que viene, que va a volver a pensar en que la solución desde el punto de vista tributario es quitar los aportes patronales. Lo que se viene es una flexibilización laboral. El presidente Mauricio Macri tiene puesta la camiseta de empresario. Mínimamente tendría que tener puesta la camiseta de los dos", propuso.
Sin embargo, cuando se votó la ley de Reforma Laboral durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Stolbizer fue la miembro informante oficialista -es decir, el diputado que presenta el proyecto en el recinto de la Cámara y lo propone para ser votado a favor-, al ser parte de la Comisión de Legislación Laboral en el Congreso.
En la sesión del 24 de febrero de 2000, la entonces también diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires prometía: "Este proyecto busca ratificar este compromiso constitucional con el derecho del trabajo. El derecho laboral establece limitaciones al avance y al poder que tiene el empleador frente a su trabajador, y también le impone la irrenunciabilidad de los derechos que hubiera adquirido a partir del derecho del trabajo. Nosotros necesitamos recuperar el derecho colectivo por sobre el derecho individual, recobrar el protagonismo de los representantes de los trabajadores para garantizar la disminución del grado de debilidad y vulnerabilidad que hoy padecen cuando se reúnen con su empleador para resolver el conflicto".

Pero además, Stolbizer tuvo un rol central también a la hora de presionar a legisladores oficialistas que se negaban a votar a favor, entre ellos, Héctor Polino, Eduardo Macaluze, Jorge Giles, Elsa Quiroz, Alfredo Bravo, Jorge Rivas y Alicia Castro.
–Tenés que respetar la decisión del bloque–, le dijo Stolbizer a Castro en la reunión de bloque, para que se "disciplinara" con el bloque, votara afirmativamente y, por lo tanto, no haga uso de la palabra en la sesión.
–Les recuerdo que la Alianza es justamente eso, una alianza de bloques. Yo no soy radical, soy del Frepaso y como tal voy a ser coherente con mi posición y voy a explicar por qué voto en contra–, le respondió Castro.
Los hechos que sobrevinieron le dieron la razón a la -en ese entonces- aliada del dirigente gremial Hugo Moyano, y expusieron las razones de fondo de esa reforma impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el empresariado argentino, que en verdad era una continuidad de las leyes sancionadas durante el menemismo, la 24.013 (ley de Empleo) y la 24.465 (Régimen de Contrato de Trabajo), que avalaban los contratos "basura" y protegían a los empresarios que despedían obreros sin siquiera pagarles indemnización.
La nueva ley precarizaba las condiciones de trabajo de millones de argentinos, pero además es uno de los hitos de corrupción más grandes de la historia argentina, luego de que en marzo del 2000,  Moyano presentara una denuncia en el Senado asegurando que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había comentado a algunos sindicalistas que disponía de una "Banelco" para coimear a los senadores a fin de que aprobaran la reforma en las siguiente semanas.

El 26 de abril de 2000, cuando se produce el tratamiento de la ley en la cámara alta, el gobierno logra la votación con el aval de varios senadores peronistas indispensables para poder conseguir la media sanción. Pasados unos meses de la sanción definitiva, Emilio Cantarero, senador del PJ admitió públicamente haber cobrado coimas a cambio de votar a favor de la reforma.
El escándalo terminó con la renuncia del vicepresidente Chacho Alvarez, hecho que comenzó a debilitar el gobierno de De la Rúa, que terminaría en una implosión socio-cultural-económica en diciembre de 2001.
Tres años después se probó que las coimas habían existido. Mario Pontaquarto, el secretario parlamentario del Senado de ese entonces, confesó que De la Rúa había dicho, textual, respecto a los sobornos: "Arréglenlo con Santibañes". Santibañes era el jefe de la SIDE. Pontaquarto había sido el encargado de ir a buscar el dinero a la SIDE por orden del presidente y de coimear a los senadores.
En 2013, el Tribunal Oral Federal N° 3 absolvió a todos los acusados afirmando que no estaba probada la existencia del supuesto delito denunciado por Pontaquarto, fallo ratificado por la Cámara Federal de Casación en diciembre de 2015.
Tras el fallo, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso acordaron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, al considerar que los plazos procesales se agotaron. La causa prescribió y fue cerrada.
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