Se viene la CUS: la encubierta privatización de la salud pública

Luego de las elecciones, el modelo de atención sanitaria pública y gratuita puede cambiar radicalmente: Mauricio Macri pondrá en marcha la Cobertura Universal de Salud (CUS), el plan exigido por el FMI y el Banco Mundial que limitará las prestaciones y los medicamentos sin cargo, y dará paso a una virtual privatización de la salud mediante seguros médicos, que en otro países -Colombia, por ejemplo- dificultó el acceso a la atención médica por parte de los sectores populares.
En agosto de 2016, Macri creó por decreto la CUS, y un año después terminó de acordar con los gremios de la CGT su implementación. Pensada para todo el país, la semana pasada empezó un plan piloto en la ciudad mendocina de Guaymallén, y en 2018 se lanzará a nivel nacional. Las provincias deben adherirse, y hasta ahora lo hicieron en total unos 14 gobiernos.
Para su lanzamiento, las obras sociales sindicales aportarán a un fideicomiso unos 8 mil millones de pesos, mecanismo que algunos consideran ilegal. "Esta transferencia merecerá más adelante un juicio incluso penal, por inconstitucionalidad, porque esos fondos que la CGT entrega alegremente tienen como destino la atención de los trabajadores aportantes, no puede tocarse ni malversarse, menos enviarse a un fideicomiso. Es una barbaridad", afirmó Jorge Rachid, médico sanitarista especialista en seguridad social y salud pública.
Según su mirada, para financiar la CUS lo que se puede generar es un "sistemas de prepagos", que van a operar directamente sobre el plan. "Seguramente en su función de controlar las metas de inflación, el gobierno tratará de poner el menos dinero posible, empezando a ceder áreas de la seguridad social al sector privado de la salud", alertó.

"La CUS identifica un universo de 15 millones de personas que se atienden en el sistema público hospitalario, a quienes le darán un carnet, con el que se van a atender en todos lados, pero este carnet no tiene Programa Médico Obligatorio, tiene Programa Medico Mínimo, que incluye sólo una serie de prestaciones", alertó el especialista.
Como una imposición del Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la CUS tiene un antecedente fuerte en la región: hace 24 años entró en vigencia en Colombia, y expone las inequidades propias de sistemas de este tipo.
"En Colombia, la CUS generó en el sector salud un proceso de judicialización, el mayor de la historia. En ese país para operarse del apéndice hay que ir a la Justicia a pedir un amparo", graficó Rachid. El paquete básico de prestaciones incluye cuatro consultas a especialistas por año, un número limitado de placas radiográficas, una resonancia magnética cada 18 meses y el descuento del 40 por ciento en la compra de medicamentos, entre otras cuestiones. "Todo lo que exceda esto, es facturado y pagado por el paciente a precio hospitalario. Una característica más grave es que sin turno, el paciente se puede atender en la clínica privada, empezando a desviar recursos de la seguridad social, hacia los sectores privados de la salud", completó el médico entrevistado por la revista Cítrica.

El economista colombiano Jairo Restrepo Zea, profesor coordinador del Grupo de Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, realizó un estudio sobre los alcances de la ley 100 de 1993 en cuanto a la cobertura del seguro de salud.
El trabajo destacó el aumento de la cobertura como un efecto automático de la reforma y su posterior estancamiento, y concluyó que "la dinámica de la cobertura es dependiente del mercado de trabajo y de las políticas de ajuste fiscal, de manera que es muy difícil lograr la incorporación de más personas a la seguridad social si se mantiene la tendencia de una mayor informalidad de la población ocupada y se recortan o congelan los recursos para afiliar y atender a la población pobre o, no se realizan ajustes sobre el sistema para facilitar una mayor afiliación y contar con otros mecanismos para garantizar la protección social en salud".
"Si se desea garantizar la cobertura universal de los servicios de salud, como objetivo fundamental del sistema, el país debe abordar el debate de ética social orientado a definir el uso de los recursos públicos para la atención de la salud. Se trata de buscar una solución al dilema entre un plan de beneficios amplio para un grupo limitado de población, o uno más limitado para el conjunto de la población. Esta definición implica resolver, en el debate público fundamentado, la tensión entre la salud como derecho y como bien económico", advirtió Restrepo Zea para el caso colombiano, un recuerdo del futuro inmediato argentino.
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