Se viene la Flexibilización Laboral II

En medio de la incesante caída del poder adquisitivo del salario, la negativa a reabrir las paritarias y el anuncio de un bono de fin de año escaso, medios oficialistas salieron este fin de semana a instalar la próxima batalla de Cambiemos contra los trabajadores: una nueva ley de flexibilización laboral.
En el año 2000, durante la presidencia de Fernando De la Rúa, la Alianza impulsó y sancionó la ley 25.250, más conocida como "ley Banelco", debido a las denuncias de pago de sobornos a senadores para que votaron a favor de la normativa, resistida por los gremios y sindicatos del país.
Las a posteriori comprobadas denuncias de corrupción se dieron a conocer en medio del colaboracionismo de algunos legisladores peronistas para con el gobierno delarruista, que comenzaría a caer luego de la renuncia del vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez, sin respaldo a la hora de investigar las acusaciones de sobornos.
La ley -presentada como la herramienta necesaria para crear empleo- recortaba salarios, avanzaba sobre los convenios colectivos, extendía el período de prueba antes de efectivizar al trabajador e imponía la filosofía neoliberal de utilizar el salario como variable de ajuste, recorte económico que en el 2000 estaba en pleno desarrollo.

Ayer, en Clarín, el periodista Julio Blanck reveló que él y otros periodistas de Grupo tuvieron una charla informal con el presidente Mauricio Macri, que les confesó su idea de circunscribir los salarios a lo que él denomina "productividad". Y los conejitos de India serían los trabajadores petroleros.
Difundió Blanck: "El Presidente revela que hay temas que considera esenciales, de los que se ocupa personalmente sumándose a la tarea específica de los ministros. Un caso es la negociación con los sindicatos petroleros para vincular remuneración y productividad. Es una aspiración histórica del sector empresario y una condición indispensable para ayudar a la llegada de fuertes inversiones. Macri en persona se ocupó de argumentar ante Guillermo Pereyra, jefe del sindicato de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, y senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino. En Neuquén está la porción fundamental del riquísimo yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación integral podría cambiar la ecuación energética y económica del país.
Después de una reunión conjunta con Pereyra y el titular de YPF, Miguel Gutiérrez, y de una charla a solas en Olivos entre Macri y el senador y sindicalista Pereyra, los petroleros aceptaron la propuesta y se comenzaron a negociar convenios tomando en cuenta la productividad. (...) Fuentes del Gobierno dicen que iniciativas similares pretenden trasladar a gremios de la energía, marítimos y el sector automotriz".

Un día antes, en Perfil, el gobierno había brindado más detalles de lo que se viene: "El Presidente quiere, además, que ese acuerdo gremial –que establece un régimen de trabajo atado a la productividad laboral e implica una reducción de los salarios petroleros– sirva de tubo de ensayo para luego replicarlo con otros gremios como los mecánicos de Smata, el sindicato de energía eléctrica y el de la marina mercante. (...) Esta semana Macri le pidió al ministro Juan José Aranguren que apure la rúbrica del documento que se viene discutiendo desde mediados de septiembre. PERFIL adelantó el 9 de octubre los puntos más destacados del nuevo convenio colectivo, que fue redactado por directivos de YPF, Pan American Energy (PAE) y Total, los tres mayores productores de gas del mercado. En la cabeza de Macri, la fecha tope para la firma es el 15 de noviembre".
Pereyra, en diálogo con Perfil, sólo atinó a decir: "Si estamos negociando un acuerdo en el que, por el cambio de las condiciones de trabajo, el salario se va a ver reducido, es necesario compensar esa baja por la eliminación del impuesto a las ganancias. Tiene que haber un régimen promocional para este sector únicamente. (...) Quiero que todo eso esté sobre la mesa. Yo no puede firmar nada si no hablo con el cuerpo de delegados, no me quiero inmolar".
Hace meses atrás, versiones periodísticas daban cuenta de la intención del gobierno nacional de ir por su ley de flexibilización laboral con la premisa de que las empresas puedan incorporar nuevo personal por un período de tiempo, y que tengan facilidades para terminar la relación.
Otros puntos eran ablandar las condiciones de contratación para los nuevos trabajadores, en especial las personas de entre 18 y 24 años que no hayan tenido antes un empleo registrado o con una antigüedad menor a los 36 meses como empleado en blanco; y permitir negociaciones paritarias descentralizadas y por empresa, cuando los empleados lo consideren necesario eliminando incluso la obligatoriedad para que la cúpula sindical y las autoridades competentes avalen los acuerdos.

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