La periodista argentina Lourdes Zuazo denunció en la cadena internacional de noticias HispanTV que los principales medios del país protegen al presidente Mauricio Macri para que el escándalo internacional conocido como Panama Papers no lo afecten como sí lo hicieron con otros líderes mundiales, algunos de ellos que tuvieron que renunciar a sus cargos.
"Los periodistas de los medios hegemónicos de Argentina, los mismos que criticaban al periodismo militante y levantaban las banderas de la lucha contra la corrupción, empezaron a defender antes incluso que el gobierno respondiera sobre las empresas donde aparecía involucrado el presidente Macri. 'Son empresas legalmente constituidas, no hay un delito"; esa fue la primera información de los medios hegemónicos: defender la figura del presidente Macri, incluso antes del primer documento de la jefatura de Gabinete", recordó Zuazo.
"Si hubiera habido medios que pidieran un cambio de gobierno como en Islandia, estaríamos en una situación similar, no a la de Islandia, sino a la de Reino Unido, donde están pidiendo juicio político al primer ministro David Cameron, que dijo que tenía acciones en una empresa de su padre. Fijate la similitud con Macri", remarcó la ex conductora de la cadena Telesur.
Al recordar el primer domingo de abril cuando estalló el escándalo, Zuazo aseguró que "fue una discusión la palabra "involucrado", cómo abordarlo... Esa noche de domingo no pude dormir casi. En el canal estaba claro que aparecía el nombre del presidente, por lo menos en una compañía, y la palabra era: ¿el presidente está involucrado? ¿Aparece mencionado, tiene vínculos? Los verbos a utilizar generaron un debate muy rico".
"Había gente que estaba un poco nerviosa. Finalmente, en el título pusimos "mencionado". Pero en el desarrollo de la noticia, puse varias veces "involucrado". Un compañero trataba estar más pegado: "Esperemos el documento oficial". El debate sobre un solo verbo generó incomodidad", rememoró.
Zuazo conducía la versión matutina de Visión 7, pero la llegada del gobierno de Mauricio Macri cortó su vínculo con el canal oficial: días después de la aparición de los Panama Papers, las nuevas autoridades del canal le comunicaron que estaba despedida, en medio de denuncias -por parte de los trabajadores- de la confección de "listas negras".
En medio de la grave crisis socio-económica que vive Argentina luego de las medidas tomadas en los primeros 6 meses del gobierno de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri decidió desplegar la Gendarmería alrededor de ciertos centros urbanos del país donde podría haber estallidos sociales.
El caso más emblemático es el de las Sierras Chicas de Córdoba, en donde Gendarmería ya está patrullando calles y rutas con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Está prevista la llegada de 500 efectivos, cuando hasta el momento la fuerza contaba sólo con 80 en la provincia.
El desembarco de la fuerza federal fue solicitado por el intendente macrista de Villa Allende, una de las localidad de esa región pegada a la capital cordobesa, el golfista Eduardo "Gato" Romero, que despertó primero el malestar del gobierno de Juan Schiaretti por no ser consultado.
Con el correr de las semanas se desplegaron instancias institucionales entre el ministro de Gobierno cordobés, Juan Carlos Massei y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para disipar el enojo, y anoticiar a la administración aliada las verdaderas razones de los controles de Gendarmería, que se realizarán en los nudos viales de Río Cuarto y Villa María, y en las rutas 9, 38, 19 y 60.
En los próximos meses, la Policía Federal también incrementará su presencia con casi 500 efectivos, que estarán a disposición de la justicia federal. "Gendarmería va a venir a instalarse a Córdoba para saturar las rutas de la provincia. Además, la Nación, porque lo han planteado, nos ha ratificado que habrá en Córdoba una Agencia Federal, que trabajará contra el crimen organizado y el narcotráfico. Serán, también, agentes de la Policía Federal. Van a tener un laboratorio, agentes de inteligencia, helicópteros. Será una política de Estado", aseguró Massei.
"En Córdoba, en poco tiempo llevaremos adelante lo que estamos haciendo en la Villa 31. Fundamentalmente, habrá mucha presencia en las rutas en las que consideramos que circula el narcotráfico, como la frontera norte de la provincia o la ruta 60", justificó la ministra Bullrich.
Este desplazamiento de las fuerzas federales en una provincia azotada por la caída en el consumo y en el poder adquisitivo del salario, además del impacto del tarifazo -que ya ha provocado la presentación de amparos colectivos- es tomada como ejemplo en otras zonas del país.
Los intendentes de Cambiemos de Pilar y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, solicitaron a Macri el envío de más fuerzas de seguridad para combatir el delito en sus distritos.
Nicolás Ducoté, intendente de Pilar, informó que está previsto el desembarco de las cuatro fuerzas -Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal y bonaerense - en los próximos días al municipio, en una cantidad cercana a los 300 efectivos.
Héctor Gay, el intendente de Bahía Blanca, también espera el desembarco de la Prefectura y Gendarmería para sumarse al patrullaje municipal, además de reclamar ante el gobierno macrista la presencia de mayor cantidad de efectivos de la Policía Aeroportuaria para combatir delitos complejos.
Estos desplazamientos también provocan quejas de otros mandatarios municipales. La intendenta de La Matanza (Buenos Aires), Verónica Magario, criticó a Bullrich por retirar la Gendarmería de su distrito: "Había 800 efectivos y fueron retirados por disposición de la ministra Bullrich. Estamos para atrás y nos ayudaría que haya fuerzas federales en La Matanza".
Los dichos de Magario se dan en el marco de análisis que macan que la suba en la cantidad de secuestros en la provincia de Buenos Aires, negada por Bullrich, se debe a este relajamiento de los controles en el conurbano bonaerense.
A su vez, no se descartan movimientos de fuerzas de seguridad federal en otros centros urbanos del país con situaciones socio-económicos de alta complejidad. FuenteFuenteFuenteFuenteFuente
No bastó el desfachatado premio que sus colegas empresarios le entregaron en Estados Unidos, ni tampoco que un partido político que se especializó en denunciar recortes a la libertad de expresión durante el kirchnerismo haya osado hacer pasar un artículo en la ley de Blanqueo de Capitales que permitiría la detención de periodistas que se animaran a publica los nombres de los lavadores.
No fue suficiente.
El jueves pasado, legisladores del PRO de Misiones -cercanos al ex gobernador y amigo íntimo de Mauricio Macri, Ramón Puerta- intentaron homenajear al CEO del Grupo Clarín por haber recibido esa distinción en Estados Unidos.
Como se lee. El sitio web Misiones Online publicó la siguiente crónica sobre esta ¿insólita? iniciativa: "En la Legislatura se vivió anoche un fuerte cruce entre los diputados de la alianza Cambiemos y de otras representaciones políticas por un homenaje que pretendieron hacer los primeros a Héctor Magnetto, el CEO de Clarín, quien recibió un premio a la “libertad de expresión”, otorgado por la fundación Freedom House, financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La insólita iniciativa fue impulsada por los diputados del PRO Alba Nilsson y Jorge Ratier -Alfredo Schiavoni estuvo ausente- y pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales. Los más fuertes reparos llegaron de parte de los representantes de Vanguardia Radical, María Losada y Hugo Escalada, quien criticó fuertemente el proyecto en momentos en que se homenajeaba a los periodistas por su día el próximo martes. Fuentes de la Renovación adelantaron que el proyecto igual no tendrá acompañamiento para que sea aprobado, ya que la iniciativa involucra a Multimedios Sapem y la subsecretaría de Prensa para que “se de a conocimiento público”.
Magnetto fue premiado por la fundación estadounidense Freedom House por “defender la libertad de expresión” durante el gobierno de Cristina Fernández.
Freedom House nació en 1941 en Washington, y su devenir coincidió con los lineamientos de la política externa norteamericana que se preparaba para ingresar a la Segunda Guerra Mundial y desde entonces, fue un “faro” de opinión en contra de los gobiernos que se diferencian de Estados Unidos.
Freedom House tiene su propio ranking de benefactores, y el Departamento de Estado está en la categoría máxima, los “Freedom Champion” (en inglés, “Campeón de la Libertad”), que aportan 100.000 dólares como mínimo. El máximo no lo publican.
En esta categoría de “Campeones de la Libertad” también revistan la Broadcasting Board of Governors y a la US Agency for Internacional Development, conocida por sus siglas USAID, ambas agencias gestionadas por el gobierno norteamericano y acusadas por diversos gobiernos de utilizar sus fondos para conspiraciones destituyentes y desestabilizadoras, sobre todo en Latinoamérica".
Hoy, quizás, encontramos la causa del ¿arrepentimiento? de Pagni, una vez más vinculado con las cloacas de los espías y las escuchas ilegales. Cuenta el sitio web de los fiscales: "La Fiscalía ante la Cámara Federal de Casación Penal N°1, a cargo del fiscal Javier De Luca, fue en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ante el rechazo parcial de la Sala III de la CFCP, a su recurso extraordinario. El representante del MPF realizó presentaciones a la Corte por cada imputado. En el legajo, están acusados de asociación ilícita, espionaje y encubrimiento Juan Bautista Yofre, Héctor Alderete, Pablo Carpintero, Carlos Pagni, Daniel Reimundes, Roberto García, Néstor Ick y Edgar Mainhard.
En el fallo de la Sala III, con fecha 24 de mayo de 2016, los jueces resolvieron hacer lugar al recurso extraordinario, sobre el primer planteo, pero rechazó las cuestiones introducidas bajo la invocación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia.
Al respecto, De Luca explicó que la Sala, al rechazar el recurso extraordinario, en relación a la arbitrariedad alegada, incurrió “en un exceso de jurisdicción ya que debía ceñirse a analizar la admisibilidad del planteo, es decir, si el recurso contaba con fundamento suficiente para dar sustento a la causal invocada y no decidir como lo hizo. Si la arbitrariedad existió, decisión final que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia”.
En septiembre de 2012, Juan Bautista Yofre fue procesado por la jueza a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de San Isidro Nº1, por los delitos de asociación ilícita, espionaje y sustracción de registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público. La imputación a Yofre consistió en la interceptación de correo electrónicos oficiales y privados de distintos funcionarios del gobierno nacional, cuanto menos desde agosto de 2006 hasta junio de 2008. Ello, con el objeto de buscar y comercializar datos e información diversa de orden político, económico, social y militar que debía permanecer secreta en función de la seguridad y las relaciones exteriores de la Nación.
En agosto de 2013, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Yofre -y el de otros imputados- sólo que descartó la figura de sustracción de registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona de interés del servicio público.
En marzo de 2013, la Sala III de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación de la defensa de Yofre y lo sobreseyó por los hechos que en primera instancia había sido procesado; contra esa resolución la fiscalía ante la Cámara de Casación Penal interpuso recurso extraordinario federal".
Para colmo de males para Pagni y su banda, En Orsai nos agrega: "El abogado de Leandro Báez, Santiago Viola, aseguró hoy que "no" tiene "ninguna prueba" para demostrar que hubo una reunión entre el juez federal Sebastián Casanello y la ex presidenta Cristina Fernández para hablar sobre la causa por supuesto lavado de dinero en la que su padre, el empresario Lázaro Báez, cumple prisión preventiva.
El letrado también confirmó que su defendido recibió una carta de la ex presidenta para su padre, pero afirmó que se trató de una nota "de dos personas que se conocen, palabras de amigos más que de una estrategia judicial".
Viola confirmó que el fiscal Guillermo Marijuan se encontró durante un allanamiento en la ciudad santacruceña de Río Gallegos con Leandro y Luciana Báez, hijos del empresario, pero aseguró que "nos lo invitó a presentarse como arrepentidos".
En declaraciones a las radios La Red y Vorterix, y onsultado sobre si tienen pruebas para confirmar que hubo una reunión entre Casanello y Fernández de Kirchner en la Quinta de Olivos, respondió: "No, no tenemos ninguna prueba sobre esa reunión".
"Yo no se la he pedido ver y él no me la ha mostrado. La carta no tiene ninguna relación con la estrategia jurídica que nosotros estamos planteando en este momento. Puede ser que en alguna otra estrategia judicial tenga algo que ver", agregó".
Dicen que el Diablo se esconde en los detalles.
Algunos de ellos afloran de las columnas escritas por los escribas de sectores de poder, molestos ahora con la rapidez que Tortuga está actuando en causas que no son precisamente las de la Corrupción K.
"Casanello, en medio de tanta controversia, tuvo su hora a solas con el Papa. “El apoyo es extraordinario”, dijo después de hablar con el Pontífice. Su inclusión en la lista de jueces que viajaron a Roma se debió a la gestión de Gustavo Vera, legislador porteño muy allegado al Papa. Amigos de Francisco que también conocen a Vera dicen que Casanello “es el preferido” de este dirigente, comprometido con la lucha contra la trata de personas y ahora además en el caso de la fiesta trágica en Costa Salguero, donde murieron cinco jóvenes.
Casanello es el juez de este caso y se muestra muy activo. Ya procesó a los organizadores de la fiesta y a cinco inspectores municipales.
El mismo juez también lleva con mucha actividad la causa Panamá Papers sobre cuentas y empresas en paraísos fiscales, en la que está involucrado el presidente Mauricio Macri. Antes de viajar a Roma, Casanello decidió ampliar la investigación sobre el Presidente, pidiendo información sobre ocho sociedades radicadas en cinco países, en las que Macri pudo haber tenido participación", se quejó ayer en Clarín Julio Blanck. Su compañero de fechorías, Eduardo van der Kooy, también le apuntó al magistrado: "El juez divide las opiniones de las mujeres puras. Ocaña pidió al Consejo de la Magistratura que lo investigue por las denuncias sobre sus presuntas reuniones secretas con Cristina y el cobro de sobornos. Stolbizer preferiría darle tiempo por el impulso que adquirió la causa luego de la difusión de los videos de La Rosadita. El hiperquinetismo de Casanello no se limita al empresario K. Ordenó también numerosas diligencias sobre los Panamá Papers".
En la misma sintonía (una vez más), Joaquín Morales Solá, en La Nación, embestía ayer al fiscal de la causa que involucra severamente a su Mauricio: "Macri tiene las cosas mucho más claras en el caso de los Panamá Papers. Un empresa, Kagemuscha, fue abierta en 1981 y cerrada en 1989. La otra empresa, Fleg Trading Ltd., se abrió en 1999 y nunca tuvo actividad. En esta última, Mauricio Macri fue director durante un solo día; luego otra persona ocupó su lugar. En los años ochenta no existía el delito tributario. En los noventa, la ley no se había detenido en el lavado de dinero. Buenos argumentos jurídicos. Si es así, nunca será condenado penalmente. Pero el Presidente debe demostrar que no evadió y que esas empresas no fueron utilizadas para lavar dinero. Es un requisito de la política y su contexto, no del Código Penal.
Un examen diferente merece la actitud del fiscal Federico Delgado, que directamente promueve un rastrillaje por toda la vida privada y empresaria del Presidente a propósito de los Panamá Papers. Hasta requirió que el juez Sebastián Casanello investigue las condiciones de un antiguo divorcio de Macri y también las del divorcio de un hermano del Presidente, Mariano Macri. Se enteró por una vieja información de la revista Noticias que la separación de Mariano había tenido algunos ribetes escandalosos. Delgado insinúa de alguna manera los prejuicios que existen, entre personas con ideologías diferentes de las del oficialismo actual, sobre la persona del Presidente. Los prejuicios se pueden contar o explicar, pero son imposibles de justificar en un fiscal". Hoy, Carlos Pagni -quizás tratando de desligarse de las acusaciones en su contra- escribe que el juez es víctima de las campañas de difamación del espía Jaime Stiuso: "Es obvio que el juez es mucho más incisivo en las pesquisas contra el oficialismo. No sólo la de Time Warp . También Panamá Papers , en la que, impulsado por el kirchnerismo, se ha puesto a revisar los divorcios de los Macri. Los abogados del Presidente denunciaron ensañamiento. ¿Cabe pensar que a Casanello se lo somete al rigor del espionaje para que deje de molestar a Macri? Hay otros pleitos que quizá expliquen mejor esta tormenta. Casanello fue, en el alto imperio de Oscar Parrilli y el camporista Juan Manuel Mena, el primer juez que investigó a Stiuso, denunciado por Vera por enriquecimiento ilícito. El 12 de diciembre pasado lo desplazaron del caso, por arbitrariedad.
Hay otro expediente, mucho más sensible, en lo de Casanello: investiga a Angelici por tráfico de influencias. Y ya pidió el cruzamiento de sus llamadas con jueces y fiscales. Angelici es el gestor más activo del Gobierno en tribunales. Lo denunció Carrió".
Volvamos a Blanck, que nos deja un dato inquietante, quizás la clave de esta avanzada contra del juez Casanello (como marcábamos ayer): "El caso Panamá Papers se destapó a partir de revelaciones de una investigación periodística internacional. La denuncia original contra Macri y posteriores pedidos de ampliación fueron hechos por el diputado Darío Martínez, kirchnerista de Neuquén, quien también formaría parte del circuito abastecedor de datos y directivas integrado por Parrilli, Mena, De Pedro y Julián Alvarez. En su última presentación, el diputado Martínez pidió que el juez cite a declarar al Presidente y a todos sus familiares. Casanello deberá contestar este pedido cuando regrese de Roma".
Y van der Kooy nos agrega un elemento aún más turbador: "Según fuentes con acceso a la delegación judicial que viajó a Roma, el Papa le dijo a Casanello: “No le tengas miedo a las presiones de ningún tipo. Ni a los medios ni a los políticos. Avanzá con prudencia, pero avanzá”. Los caminos del Señor son insondables".
Mientras algunos medios hablan del desembarco del espía Jaime Stiuso en la causa Lázaro Báez y otro medios dan muestras claras en su tapa de esta incorporación, pasó inadvertida una contundente frase de la principal asesora de Margarita Stolbizer sobre las verdaderas intenciones de medios, funcionarios, dirigentes, espías, periodistas, empresarios respecto de la suerte de Cristina Fernández de Kirchner.
"No sé si va a ir presa; aspiramos a que termine procesada, que le saquen los bienes y la inhabiliten para ejercer cargos públicos. Después, si queda presa, es más adelante en juicio oral. Eso lo va a determinar la Justicia", transparentó la abogada Silvana Martínez (a los 17'29" del video).
"No queremos que ejerza cargos públicos porque es una persona que consideramos que es peligrosa para ejercer cargos públicos. Una persona que se enriqueció de la manera en que se enriqueció, se robó la plata de la manera que robó, y ejerció el poder de la forma que ejerció evidentemente no puede ejercer más ningún cargo público. Ahora si después termina presa eso lo tiene que determinar la Justicia", amplió en el programa Animales Sueltos (América) del 17 de mayo.
Matínez está relacionada con una causa que involucra a un grupo de funcionarios de la AFIP por "filtrar" información confidencial sobre contribuyentes, con objetivos políticos.
A principios de mes, el fiscal Eduardo Taiano imputó por el delito de "violación de secreto" al actual titular del organismo recaudador, Alberto Abad, y al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, entre otros, por la supuesta confección de "dossiers" de personalidades influyentes que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en los medios de comunicación.
La imputación alcanza a la diputada y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, una de las principales denunciantes por hechos de corrupción durante el kirchnerismo. Mecikovsky, cuando declaró como testigo, reconoció su vinculación con Martínez.
La confesión de la abogada cercana a Stolbizer toma un valor mayor en estos días cuando hasta periodistas fuertemente anitkirchneristas reconocen la intervención de Stiuso en la causa Báez a través del periodista de La Nación Carlos Pagni (ya lo contábamos en un post anterior).
"El rumor es casi público en Comodoro Py. En el edificio de Retiro, entre jueces y fiscales está instalada la versión de que la escudería que responde judicialmente al ex jefe de Operaciones de la SIDE, Horacio “Jaime” Stiuso, busca en forma desesperada el puente que ligue la causa contra Lázaro Báez al único objetivo que les importa: Cristina Fernández de Kirchner. Fuentes de la acusación dicen que se están preparando el siguiente paso, la declaración de la ex esposa de Báez, Norma Calismonte. El rumor es que la mujer, supuestamente separada del empresario hace dos años y ahora divorciada, diría que Báez y CFK mantenían una estrecha relación y que, de alguna manera, el constructor recibía instrucciones de la ex presidenta. A continuación declararía el propio Báez o alguno de los hijos, Leandro o Luciana, que están representados por la tropa más vinculada al radicalismo y a Stiuso. Tras esa maniobra, la cancha quedará libre para que el fiscal Guillermo Marijuan le pida al juez Sebastián Casanello que llame a declaración indagatoria a Cristina", cuenta hoy Kollman.
Sólo un procesamiento de la ex presidenta bastaría para acelerar el sueño anti K de inhabilitarla para que nunca más pueda presentarse a un cargo público. Cambiemos, de esta forma, evitaría cualquier tipo de candidatura de Cristina en la provincia de Buenos Aires el año que viene.
Con la asunción de Cambiemos al poder, nuevos periodistas se muestran orgullosos de su llegada a las más altas esferas y de ser los portadores del nuevo relato que hay que defender a capa y espada.
La periodista de Infobae, ex Clarín, Silvia Mercado no estaba reunida ayer con Mauricio Macri cuando una arritmia desmentida por el duránmarquismo y luego confirmada de forma confusa dejó en claro que el presidente -dirían algunos defectuosos humoristas- tiene corazón.
Macri compartía un "off the record" (excelsa forma de Cambiemos de llamarle a la "coordinación de agenda") con los periodistas Eduardo Feinmann (América), Edi Zunino (Perfil), Walter Curia (Clarín) y Glora López Lecube (Infobae), que fueron utilizados en una foto por el duránmarquismo para la nueva operación de prensa que salió mal (¿salió mal?).
Bien podría haber sido retratada Mercado, de habituales encuentros con el jefe de Gabinete Marcos Peña y el equipo presidencial de prensa, de los que habla profusamente en las redes sociales, luego de ser una de las férreas críticas del denominado periodismo militante K.
Ayer, en el medio del desconcierto que se produjo entre los periodistas voceros del Relato PRO, Mercado -que tiene su programa en La Once Diez, la radio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- escribió en su cuenta de Twitter, casi sin solución de continuidad:
Es falso q hayan internado al Presidente. Está trabajando normalmente.
Esta lluvia de tuits no es la primera vez que expone a los nuevos oficialistas que Cambiemos nos trajo, los que no se asumen como tales y esgrimen máximos estándares de calidad profesional, rebosantes de independencia y objetividad.
En Mercado se une además otra característica del Relato PRO, muy extendida diariamente por funcionarios y adláteres : el cinismo.
Justamente esta periodista ha publicado libros tratando de desarmar el relato peronista, caracterizado por ella desde las viejas premisas del antiperonismo que desarrollábamos en el post de ayer (Mercado habitualmente se defiende diciendo que es afiliada peronista).
No conforme, la ahora habitué de la mesa de Mirtha Legrand escribió en Infobae y le echó la culpa a "las redes sociales": "Es verdad que todo esto sucedió en pocas horas, y en los tiempos de Twitter, que obligan a cualquier Gobierno a una gimnasia nueva, ultraprofesional, la información sobre la salud del Presidente es vital, y cómo se la comunica, también.
Para la próxima alcanzaría con que Macri suspenda su agenda apenas se sienta mal, y se informe a la población inmediatamente. Se cuidaría la salud presidencial y se evitarían los rumores y trascendidos, que adquieren velocidad en las redes sociales".
Es justo decir que Mercado no fue la única periodista macrista que se vio forzada a lidiar con la mentira por indicación de sus mandantes y/o por su genuina necesidad de defender a un gobierno del cual se siente formar parte y que le masajea el ego invitándola a eventos y dándole acceso a fuentes gubernamentales.
Mercado y sus compañeros de militancia periodística fueron escrachados en un incidente menor, convertido en un nuevo papelón del duránmarquismo, una estrategia a la que el gobierno ya le comienza a sacar rédito desprejuiciado.
"El problema político más grave que afrontó el antiperonismo desde su triunfo por la vía armada en setiembre de 1955 fue ¿qué hacer con el peronismo? La solución consensuada, desperonización. Esta se convirtió en el signo distintivo y la nueva fuente de conflictos, violencias y frustraciones del gobierno surgido de la autodenominada “Revolución Libertadora”.
(...) El antiperonismo no fue homogéneo en la sociedad, en los partidos, ni en el gobierno. Lo unió un acuerdo inicial de intolerancia hacia el gobierno peronista que había perseguido a la oposición, atacado los intereses y valores culturales de las clases más establecidas, cultivado un estilo transgresor que fue visto como reñido con la moral, la austeridad republicana y la respetabilidad digna de la clase política. A ello se sumó el rechazo a la vocación hegemónica del peronismo que premiaba y exigía la lealtad, condenando el derecho a discrepar (Lo que sobresale en la caracterización del peronismo en la etapa inmediatamente posterior a su caída, fue su carácter “totalitario y corrupto”, en esa condena se fundamentó el "derecho a la revolución" y el carácter restaurador, constitucionalista, democrático y antiimperialista de la revolución libertadora").
El rechazo al modelo político-social igualitarista del peronismo y particularmente a Juan Domingo Perón fue unánime entre los sectores que adhirieron a la “Revolución Libertadora”. Este acuerdo constituyó el carácter distintivo del antiperonismo, su definición por el opuesto y su negativa a reconocerle legitimidad política alguna.
(...) El antiperonismo radicalizado vio en el peronismo un fenómeno anómalo, una especie de psicosis colectiva que había corrompido el orden político y social heredado. Propuso depurar a la sociedad de ese mal como único camino posible a la democracia. Ese objetivo condujo a implementar variadas políticas que contemplaron la represión y el aniquilamiento del enemigo, la reeducación de la sociedad y el replanteo del orden político.
(...) Las primeras medidas oficiales desperonizadoras fueron quitar las denominaciones de Perón y Eva Perón, como así también las que hacían alusión a otras referencias partidarias, de calles, ciudades, plazas e instituciones diversas. A ello siguió la salida de circulación e incineración pública de los libros de lectura peronistas, la prohibición de cantar la marcha “Los muchachos peronistas” y la conformación de las comisiones investigadoras que recibieron denuncias y pretendieron recabar pruebas sobre las más diversas acusaciones que habían alimentado el rumor y la sospecha en los últimos años. También se ordenó la liberación de los presos políticos y militares que habían combatido al peronismo, quienes fueron recibidos por nutridas manifestaciones como héroes.
(...) Estas comisiones recepcionaron las denuncias de los actos de corrupción y “excesos de todo tipo” del gobierno derrocado, deteniendo e investigando a los acusados. Las mismas, a poco andar, fueron cobrando un espacio cada vez más importante en los hechos políticos generados desde el nuevo gobierno. El resultado de la actividad de investigación, al que la prensa dio amplia cobertura constituyó una parte esencial del proyecto pedagógico de la desperonización. Este tenía por finalidad, además del castigo a los culpables, convencer a los peronistas que habían sido víctimas de un “engaño”, por eso se manifestó en los primeros momentos a través de la exhibición de los excesos de lujo del gobierno anterior: los veintisiete automóviles del ex-presidente, varios televisores y motocicletas, las joyas y el vestuario de Eva Perón, de la apertura al público de un supuesto “refugio subterráneo”, similar al bunker de Hitler, construdo en el edificio de la empresa editorial ALEA. Poco más adelante se completó con la publicación de las cartas de Perón a una adolescente, aportados como prueba para el juicio del Tribunal Militar de Honor que lo degradó. Esta exhibición pública de los “vicios y pecados”, realizada desde el Estado y difundida por la prensa, tuvo un carácter ritual en el antiperonismo. La misma estuvo orientada a construir una imagen que desmitificara al peronismo desde todo punto de vista, ya que no trepidaba en hacer público lo que era estrictamente privado y se completaba, sugestivamente, con la denuncia de los “desvíos sexuales” del ex-presidente, lo cual cerraba el círculo de satanización, el peronismo y su líder, como paradigma de la inmoralidad y la corrupción.
Hubo una oficialización de los prejuicios del antiperonismo, y lo que antes había sido el rumor y la maledicencia de los opositores, se convirtió en información oficial de contenido educativo para la ciudadanía.
Esta construcción simbólica del peronismo como encarnación del mal que provino originalmente de la identificación del peronismo con el nazi-fascismo, realizada por los sectores antifascistas desde los tiempos del ascenso político de Perón fue acompañada, como no podía ser de otra manera, de una faz represiva concebida como el necesario castigo a los culpables. Pues, paralelamente al contenido simbólico de las exhibiciones que tendió a reforzar en la opinión pública la identificación del peronismo con el mal, y el afán “purificador” puesto de manifiesto, por ejemplo, en la incineración de los libros peronistas y en la demolición del palacio Unzué, donde hoy se levanta el edificio de la Biblioteca Nacional, por haber sido residencia del matrimonio Perón, se realizaron allanamientos en los domicilios de ex-legisladores, ex-funcionarios y colaboradores o allegados al gobierno peronista que la prensa denominó “jerarcas del régimen caído”. Se buscaron documentos y bienes que corroboraran las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito, mientras aparecían “sensacionales” noticias, sobre la detención de encumbrados peronistas en plan de fuga, portando valijas con joyas y varios millones de dólares, o siendo propietarios de fastuosas residencias y estancias de miles de hectáreas.
En principio las acciones represivas podían encuadrarse en la búsqueda del castigo de los colaboradores de la “tiranía” anunciado por el presidente, pero no se detuvo ahí. Las investigaciones se extendieron en la búsqueda de otros cómplices de la “tiranía”, los acusados de haberla encumbrado, así fueron allanados y detenidos ex-parlamentarios del peronismo, dirigentes sindicales e incluso colaboradores o simpatizantes acusados en la mayoría de los casos de asociación ilicíta e incremento patrimonial no justificado. El “celo” de estas comisiones amenazó con extenderse cada vez más". Fuente:María Estela Spinelli - La desperonización. Una estrategia política de amplio alcance (1955-1958).
El perito contable y titular de Contadores Forenses, Alfredo Popritnik, dijo que para él la declaración jurada del presidente Mauricio Macri "no cierra" y planteó dudas sobre las verdaderas operaciones que el mandatario habría hecho con su amigo y socio Nicolás Caputo.
"Si uno ve en la parte de compensaciones entre los ingresos y la capitalización que declara (que es del 100%) encontramos que esto no cierra. Hay un tema delicado: el sistema de declaraciones juradas se reformó en 2011 que marcó que la declaración jurada debería coincidir con la impositiva. Sin embargo, no se sabe de donde se obtuvieron los fondos, qué ingresos tuvo Mauricio Macir para justificar el aumento de 50 millones de pesos", detalló el especialista.
"En 2015, aparece una cuenta que no existía el año anterior. Otra en Estados Unidos que era de 10 millones pasa a las Islas Bahamas pero de 18 millones. En el ínterin, Macri aparece en los Panama Papers. Si sumamos esto a que él mismo declara que tiene una cuenta en Bahamas es un poco mucho para alguien que termina de ser 8 años de jefe de Gobierno y que ahora es Presidente de la Nación", evaluó.
"Cuando uno analiza cualquier declaración jurada, lo que más se nota son los ingresos que justifican incrementos patrimoniales. En todos los ítems de incremento patrimonial de Macri, aparece una venta de activos propios. Es decir, vendió activos para incrementarlos. Es un aspecto prácticamente desconocidos, imposible", aseguró Popritnik en el programa Plan M (Canal 26, Buenos Aires).
"En la línea de Nicolás Caputo también aumenta el crédito a favor de Macri, como si le hubiera prestado dinero, pero eso no se sabe porque allí hay colocación de activos propios, o sea liquidó activos para prestarle a su amigo. Esto podríamos ligarlo con el tema de acciones. En 2014, Macri tenía acciones en 12 empresas; ahora tiene en 6 por 27 millones de pesos. Parece que liquidó la mitad. Quizás se las pasó a Caputo", sugirió.
En su sitio web, Contadores Forenses amplió las palabras de Popritnik: "Nicolás Caputo le debe al presidente un 19% más que al año anterior, llegando a los $22 millones; adquirió 50 hectáreas en Pilar, provincia de Buenos Aires y 373 hectáreas en la provincia de Salta; todos sus activos provienen de la venta de activos y de una donación, excepto la suma de $68.000, según indica en la columna "origen fondos".
Además, los ingresos informados no se condicen con el incremento patrimonial. Dice en las observaciones: en lo que respecta al punto "diferencia de valuación de los bienes existentes al inicio y al final del ejercicio" no se ha consignado valor, pues [...] técnicamente resulta de imposible resolución".
No, José Pablo, no. A propósito: ¿por dónde andará?
Eduardo.
Que la semana pasada tiró la bomba en Animales Sueltos (un lugar impune en ese sentido) de que el juez Sebastián Casanello se habría reunido varias veces con la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la quinta de Olivos y habría recibido coimas mensuales por 3 millones de pesos de parte de Lázaro Báez. La impunidad de Feinmann para difamar a un juez de la Nación no cayó bien en el grupo de periodistas y legisladores que viene llevando adelante la ofensiva político-judicial contra la ex mandataria con el objetivo, al menos, de inhabilitarla de por vida para la función pública.
Ayer, el periodista de Clarín Daniel Santoro y la diputada Margarita Stolbizer salieron a defender a Casanello, ante la sorpresa de varios. Y a la vez, descalificar la versión dramatizada por Feinmann, que anoche, en el programa de Fantino, recibió el apoyo del abogado mediático Fernando Burlando, que se dedicó a construir un juez marginado en Comodoro Py por sus retrasos precedentes. Burlando es parte interesada: defiende a su colega Víctor Stinfale en la causa Time Warp, en la que Casanello avanzó procesando a cinco funcionarios del gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires. Casanello también es juez de la causa Panama Papers, por la que es investigado el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que poco ha avanzado a pesar de haberse comprobado que el mandatario y sus funcionarios más cercanos no dijeron la verdad sobre la posesión de cuentas en paraísos fiscales.
Esta centralidad de Casanello (tramita una denuncia de Carrió contra Angelici también) llevó algunos a sospechar que la intención de remover a Casanello de la causa por supuesto lavado de dinero responde en verdad a un pacto entre Lázaro Báez y Mauricio Macri para cuidar sus propios intereses. Muy aventurada.
¿Sorprende Feinman? ¿Es funcional a los intereses de Báez (por lo menos del menor Leandro, que atacó al magistrado asegurando que no se investiga más arriba que su padre)?
El empresario santacruceño, el lunes, estará ante la Cámara Federal II, y algunos anitkirchneristas rabiosos esperan que se convierta en un nuevo Leo Fariña (a propósito: ¿por dónde andará?).
Pero también sorprende la súbita defensa de Casanello por parte de Santoro y Stolbizer. El primero, asegurando que están equivocados aquellos que lo quieren apurar, porque el juez ha hecho lo que debía realizar (crítica no sólo dirigida a Feinmann). Margarita, porque hay que centrarse en lo medular: la relación de las causas Báez, Hotesur y Los Sauces. ¿Comodoro Py avanza en darle todo a Bonadio?
Mientras, el gobierno de Macri se conforma con que CFK siga en este limbo de acusaciones y en el centro de las denuncias contra la corrupción K que tanto le sirve para justificar/esconder sus medidas de ajuste; la dirigente del GEN cree que por ese camino se puede lograr, además, la proscripción de la ex presidenta y limpiar el camino electoral de los años por venir.
