Luego de sufrir el rechazo de la sociedad argentina por intentar beneficiar a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, la Corte Suprema de Justicia volvió a reunir a sus cinco miembros, después de la licencia que se había tomado la jueza Elena Highton de Nolasco.
Los diferentes analistas consideraban días atrás que el tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti probablemente iba a sacar algún fallo que pudiera recomponer su afectada imagen luego del fallo del 2x1. Aborto y Milagro Sala eran las causas que podían ser protagonistas de esa maniobra.
Sin embargo, ayer, los jueces decidieron favorecer a un grupo de banqueros, entre ellos, el padre de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley (ambos, en la foto de arriba).
La Corte revocó el fallo que había confirmado una sanción económica al Banco Macro y a miembros de su directorio por no informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) operaciones celebradas por un cliente de esa entidad. De esta forma, anuló una importante multa que pesaba sobre uno de los bancos más importantes de la City porteña.
La Corte no se expidió sobre si el banco cumplió o no con el deber de informar, sino que apuntó a la prescripción de la acción, porque la UIF impuso la sanción económica, de 822.312 pesos, basada en un trámite que impulsó luego de los dos años que, como plazo máximo, fija la ley penal para los casos de multas.
La decisión de la UIF había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, pero la Corte, en fallo unánime y firmado por sus cinco integrantes, dispuso que se realizara un nuevo cómputo de la prescripción.
La sanción fue impuesta el 10 de marzo de 2014 contra el banco y los miembros de sus directorio Jorge Horacio Brito, Juan Brito Devoto, Fernando Andrés Sansuste, Luis Carlos Cerolin, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Roberto Julio Eilbaum, Alejandro Macfarlane, Carlos Enrique Videla, Constanza Brito y Guillermo Eduardo Stanley.
Stanley fue presidente de la banca Citibank en los años 90 y es un importante empresario en la actualidad, dueño de Havanna y Fenoglio y uno de los principales accionistas del fondo buitre Desarrollo y Gestión (DyG) -ahora, Inverlat-, fundado por el ex funcionario de la Alianza, Chrystian Colombo, uno de los acusados de haber pagado los sobornos en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Es el actual vicepresidente del Macro, y maneja esa entidad junto a Brito (en la foto, a la izquierda del presidente Mauricio Macri) y Delfín Jorge Ezequiel Carballo, los fundadores de uno de los bancos que más dinero ha ganado en las últimas décadas.
En 1976, Brito y Carballo fundaron la financiera Anglia con 5.000 dólares que Brito le pidió a su madre y otros 5.000 dólares que Carballo le pidió a su padre. Se beneficiaron con los efectos del Rodrigazo y en 1978 ya tenían 1 millón de dólares.
Por eso, en la City sostienen que Macro son las siglas de "Muy Agradecidos a Celestino Rodrigo", en alusión al Ministro de Economía de ese entonces.
El banco nació como una mesa de dinero cordobesa denominada Macro Compañía Financiera y en los '80, durante el radicalismo, se lo señalaba como "el banco de la Coordinadora".
Los hechos sobre los que decidió ayer la Corte ocurrieron entre junio de 2006 y agosto de 2007, en tanto que el sumario que culminó con la multa se inició en 2011.
La Cámara había considerado que entonces regía la ley 25.426 (de Entidades Financieras) que "no contenía disposición alguna relativa al plazo de prescripción".
La Corte señaló que "aún cuando se compartiera su línea argumental respecto de los actos con aptitud para interrumpir el curso de la prescripción, se observa que, al emitir la resolución sancionatoria 124/2014, la acción punitiva de la UIF, ya se encontraba prescripta".
El fallo fue firmado por el presidente Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton (quien volvió al tribunal luego de una semana de licencia), Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
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1 comentarios:
son peores q los de el otro M
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