viernes, 19 de enero de 2018

Cuando Eduardo Amadeo aseguraba que Elisa Carrió fue "colaboracionista" de la Dictadura

Comparten actualmente el interbloque Cambiemos: Eduardo Amadeo, desde el peronismo macrista (si se permite la conjugación); Elisa Carrió, desde la Coalición Cívica post UCR. Ambos son filosas espadas mediáticas a la hora de defender al gobierno de Mauricio Macri.
Pero durante el kirchnerismo no compartían el mismo espacio, y hasta se criticaban fuertemente a través de los medios de comunicación.
En una columna de opinión en el portal La Política Online del 2010, Amadeo la emprendió contra Carrió en el marco de las múltiples disputas que se daban dentro del arco opositor, un año antes de que fuera derrotado ampliamente por Cristina Fernández de Kirchner con el 54% de los votos.
En dicho artículo, el actual diputado oficialista recordó el pasado de la chaqueña durante la Dictadura cívico-militar: "La vida personal de Elisa Carrió, en especial en lo referido a sus relaciones familiares, tiene episodios oscuros que alcanzan para generarle mucha culpa; pero - para no caer en su misma metodología- preferimos no comentarlos.
Pero su vida pública es pública; y sus datos pueden ser encontrados fácilmente en Google; y cualquier análisis superficial muestra buenas razones para que la culpa lleve a Elisa Carrió a intentar limpiar su conciencia colocando en los demás sus propios defectos.
Quien hoy se exhibe como fiscal de la moralidad; quien afirma su heroísmo cotidiano como una virtud, tuvo una oportunidad para ser coherente aún con los valores y el mandato de una distinguida familia argentina – como son los Carrió- y los dejó de lado.
En efecto, Elisa Carrió fue Fiscal de Estado del Chaco, desde el 78 al 80 (nombrada por Videla) y luego Secretaria del Tribunal Superior, desde el 80 al 83 (nombrada en ese cargo por Viola con nivel de Juez de Cámara). Obviamente, ello no la hace responsable de los crímenes de la dictadura, salvo que se tome en cuenta que una de las peores masacres de ese tiempo, la de Margarita Belén, en el que se asesinaron 22 militantes políticos, estaba en trámite en su jurisdicción, y Elisa Carrió guardó un silencio cómplice que seguramente facilitó la impunidad de sus autores. Consultada en su momento, la respuesta de Carrió fue que “necesitaba de la obra social”; respuesta inverosímil ante una situación económica familiar no precisamente indigente.
Carrió fue en ese momento -cuando muchos de quienes ella agrede cotidianamente se jugaban la vida- una colaboracionista; de aquellas que eran rapadas al final de la II Guerra Mundial por su apoyo a los nazis".
No conforme con el calibre del ataque, Amadeo finalizaba: "Carrió busca inconscientemente que alguien , de su adentro y de su afuera, la mire y la perdone. Tal vez sea por eso -o por miedo a que llegue quien ha de castigarla- que en las entrevistas televisivas mira compulsivamente hacia atrás, en una costumbre de raíz inconsciente que no han conseguido sacarle sus asesores. Agredir y difamar a otros es para este tipo de patologías una manera perversa pero inútil de resolver el dolor interior, y evitar el castigo al que tanto teme".
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miércoles, 17 de enero de 2018

Video: niños corren el camión de la basura para conseguir "comida"

Un grupo de chicos corre detrás de un contenedor de desechos que pasa por el barrio Las Delicias, de Río Cuarto (Córdoba): intentan "rescatar" algo entre los residuos para poder "alimentarse".
"Comen la carne que tiran. Es un peligro para los chicos. Todo vencido", subraya una vecina de esta barriada, una de las más pobres de la ciudad. "Cada tres días viene el contenedor", afirma uno de los pequeños entrevistados por el canal 2 Cablevisión.
Ese día el camión no tiró los desechos donde habitualmente lo hace por la presencia del equipo periodístico, se lamenta otro de los chicos.
"En mi casa no me dicen nada. La comemos", agrega cuando se le pregunta si sus padres están al tanto de dónde proviene la "comida" que periódicamente llevan a sus hogares.
"El camión trae fiambre, queso, gelatina; todo en paquetes cerrados. Por ahí viene la gelatina derretida, entonces la ponemos en la heladera", narra el menor.
El gobierno peronista local prefiere deslindar la responsabilidad en la empresa encargada del traslado de los desechos.
"La situación económica y social es difícil, pero no es una generalidad de que los chicos corran atrás de los camiones. Allí hay una situación puntual, donde está involucrado un particular a quien estamos investigando porque puede recibir una sanción", manifiesta el secretario de Gobierno, Mauricio Dova.
El barrio Las Delicias está rodeado por el río Cuarto (uno de los lugares donde se tira la basura) y el lujoso country Riverside, donde vive el ex gobernador José Manuel de la Sota.
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martes, 9 de enero de 2018

El marido de María Julia Oliván es contratista del Estado

Ariel Straccia, el esposo de la periodista oficialista María Julia Oliván, proveerá de hormigón a la obra que se realizará en el aeropuerto de El Palomar (Buenos Aires) para que allí comience a operar Flybondi, una low cost relacionada con Mario Quintana, el coordinador del gabinete económico del presidente Mauricio Macri.
La obra además ha levantado quejas de los vecinos, que interpusieron amparos judiciales por el impacto ambiental de la misma -que perjudicaría principalmente a los pastizales húmedos pampeanos esenciales para la regulación de las lluvias-, contaminación sonora y destrucción de un sitio de la Memoria, ya que en el lugar funcionó un centro de detención clandestino durante la última dictadura cívico-militar.
Según informó el portal El Disenso, inicialmente Flybondi había realizado una propuesta de inversión de 30 millones de dólares para reacondicionar el aeropuerto, a cambio de una concesión por 15 años para una terminal propia, pero el 19 de septiembre de 2017, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, anunció públicamente que las remodelaciones por 1.600 millones de pesos correrían por cuenta del Estado, y que quien las abonará será el Sistema Nacional de Aeropuertos, un fideicomiso alimentado por las tasas aeroportuarias que cobra el concesionario.
En noviembre, Aeropuertos Argentina 2000, del Grupo Eurnekian, consiguió la renovación de sus contratos hasta 2028. Días después, Dietrich presentó de forma oficial el proyecto de la puesta en valor de El Palomar, asegurando esta vez que el Grupo Eurnekian será quien finalmente abone las millonarias obras, a realizarse en 3 etapas: la terminal temporaria, la zona de hangares y luego la nueva terminal frente a la pista existente, que supuestamente se dejará para la Fuerza Aérea.
Quien proveerá de hormigón al emprendimiento será el marido de Oliván, Ariel Nicolás Straccia, un empresario de 40 años, que antes de ser socio del Grupo Viales, en 2002 fue presidente de SBE Group, empresa que apareció en los Panamá Papers con una cuenta ahora inactiva.
El Grupo Viales ya recibió varias obras estatales, según publicó el sitio Noticias NU: remodelación del aeropuerto de Córdoba, de la Panamericana-Tigre, el Metrobus porteño, señalización de la Ciudad de Buenos Aires, obras en Tigre y San Fernando, entre otras.
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domingo, 7 de enero de 2018

Argentina macrista: la increíble historia de un pibe detenido por Bonadio

Cuenta Pablo Rossano que por primera vez se vio forzado a mentirle a su hijo Esteban, el chico de 19 años al que el juez Claudio Bonadio mantiene encerrado desde el 14 de diciembre. Que habló por teléfono ayer y le dijo que no sabía nada de la orden de excarcelación porque el abogado no se había comunicado.
El martes próximo verá a su hijo cara a cara y le dirá la verdad: la Cámara confirmó la prisión preventiva.
Esteban Rossano tiene 19 años y estaba haciendo los trámites para ingresar como voluntario al Ejército. Ese jueves 14, mientras Patricia Bullrich brindaba en un cóctel de periodistas y la Gendarmería reprimía en las calles, el pibe se bajó del subte con un amigo en la estación Sáenz Peña y asistió a una mujer que no podía respirar por los gases. A los minutos, la Policía lo detuvo.
Bonadio lo dejó en la cárcel porque adujo que le encontraron piedras y volantes de partidos de izquierda en la mochila. En la Argentina de hoy, es motivo para quedar detenido por un delito federal.
Esteban asegura que le plantaron las pruebas validadas por Bonadio y sus superiores.
Cuando allanaron su casa, la Policía no provocó desmanes. El jefe del operativo le dijo a Pablo que buscaba evidencias de "terrorismo". Le habló como quien aparenta cumplir una orden disparatada de un juez federal.
En un lapso de año y medio, murieron la madre y la abuela de Esteban.
Pablo Rossano trabaja hace veinte años como vendedor ambulante en Morón. En invierno, garrapiñadas; en verano, helados.
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viernes, 29 de diciembre de 2017

Escalofriante: un genocida confesó qué hicieron con los desaparecidos

Héctor Pedro Vergez fue capitán del Ejército, jefe del Batallón de Inteligencia 601 y del campo de concentración La Perla (Córdoba). En 2016, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba (TOF1) lo condenó a prisión perpetua por los crímenes de La Perla, al final de un juicio que se extendió desde diciembre de 2012.
Estuvo alojado en la cárcel de máxima seguridad de Bouwer, también en Córdoba, en el pabellón "de los comunes", luego de haber sido sacado del Módulo MD2, el ala de lesa humanidad, a pedido de sus camaradas, que lo acusaban de ser un “asqueroso, camorrero, que se tiraba pedos en la traffic” que los llevaba a las audiencias del juicio.
Vergez es un desclasado entre los militares de la dictadura, un oficial con origen proletario. El hombre que fue “Vargas” o “Gastón” cuando era cuadro de Inteligencia; y “El Porteño”, para los sobrevivientes de La Perla que lo escuchaban hablar en las sesiones de tortura, tiene ahora otro apodo en el ambiente carcelario: “Gillete”, por que lastima por todos lados.
En octubre 1975, cuando Montoneros atacó el Regimiento de Infantería del Monte, en Formosa, Luciano Benjamín Menéndez, que acababa de asumir al frente del Tercer Cuerpo de Ejército, envió a Vergez y a Raúl Pedro Telleldín, jefe de la regional Villa María (Córdoba), a la provincia norteña.
En una entrevista realizada tiempo atrás -que iba a formar parte de un libro- y que fue develada por el portal EnRedacción, Vergez narró: "A la vuelta, tuve una charla con Menéndez. Le dije que nos teníamos que preparar para la guerrilla, los policías del D2 eran unos pelotudos que no sabían torturar. Los policías sólo preguntan: “Dónde están las armas, dónde está la plata”. Así no logran nada. Entonces le dije: “Mi general, ¿por qué no me da Campo de la Ribera para llevar a los que seguro son guerrilleros? No tenemos que dejar ninguno vivo porque si no después vamos a terminar todos presos”".
Hasta entonces, Campo de la Ribera, ubicado en la zona sudeste de la capital cordobesa, había sido una cárcel militar. Pero a partir de diciembre de 1975, se convirtió en el primer campo de concentración de la ciudad.
"Menéndez preguntó: “¿Y qué más necesitamos?”; “Autos”, le dije. “Y de dónde los sacamos”, “Tenemos que robarlos, mi general, porque si usted se los pide a la Renault no se los va a dar”, le aclaré. “¿Y cómo los piensa robar?”; “Y… de caño, mi general ¡Cómo va a ser!”, le dije. Habremos robado 300 autos, hasta los generales me pedían para regalarles a sus mujeres", relató.
¿Con quién salía a robar?
—Con la gente del D2 y del destacamento. Siempre nos fijamos que tuvieran un buen seguro. Si no tenían buen seguro, los devolvíamos.
¿Y La Perla?
La Perla fue creada porque Campo de la Ribera nos quedaba chico. Además, Menéndez quería un lugar en el que no hubiera policías. En La Perla nunca entraron.
Vergez estuvo al frente de La Perla, el mayor campo de concentración del interior de país, hasta mediados del 1976. Piero Di Monti, uno de los sobrevivientes que más tiempo pasó en ese lugar, declaró: “Cuando yo llegué, el jefe superior era Vergez, que era una figura de gran relieve, respetada por todos. Era el jefe, el líder, el constructor del Comando Libertadores de América, que llega a La Perla tratando de crear, ya en forma oficial, los grupos operativos del Ejército”. En julio fue ascendido y pasó al frente del Batallón 601 de Inteligencia, en Buenos Aires. El cambio de mando dejó al frente de La Perla a su rival histórico, Ernesto “Nabo” Barreiro, con quien hasta hoy mantiene acusaciones cruzadas y “se tiran con muertos” durante las audiencias.
¿Quién torturaba, si usted dice que no torturaba?
—Ernesto Barreiro, seguro. Después no sé. Yo no lo podía sancionar, nada. Cada uno hacía lo que quería. No era como cuentan los testigos en el juicio, pero no éramos carmelitas descalzas.
El 10 de diciembre de 2014, durante la audiencia 196 del juicio por La Perla, Barreiro pidió a los jueces del TOF1 que desalojaran la sala: quería dar nombres y ubicación de los restos de 19 desaparecidos de La Perla, que estaban en la lista de víctimas de la causa que lleva su nombre. Los cuerpos, dijo, estaban enterrados en los hornos de La Ochoa, la estancia de descanso de Menéndez en el predio de La Perla. Eran, según los querellantes, “muertos de Vergez”. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya trabajaba en el lugar el 21 de diciembre de ese año e identificó los restos de cuatro estudiantes de Medicina.
—No hay ningún testigo que pueda incriminarme, Barreiro no tiene pruebas. Esos chicos estaban haciendo una vigilancia para secuestrarme. Me controlaban con las Tonomac, tomaban la radio policial y la radio mía, eso lo hacía Sara Solarz de Osatinsky. Y bueno, les gané de mano (hace seña pulgar para abajo).
¿Que hacían con los cuerpos de La Perla?
—Cuando se abrió La Perla, yo le pedí a Menéndez que los que ejecutaron a los guerrilleros fueran los jefes y oficiales de la Guarnición Córdoba, muchos ni llegaron a juicio. Aceptó y dijo que él se pondría primero. Después fueron conformando equipos con distintos jefes.
¿Cómo era el procedimiento?
Había que hacer un pozo, llevar piedras…
Siempre se dijo que Menéndez participó del fusilamiento del sindicalista Tomás Di Toffino.
—No lo sé, porque eso fue después de que yo me fui. Habría que preguntarle a la hija, Silvia. Ella quiere saber dónde está el cuerpo de su padre y yo lo entiendo, yo sé dónde está… yo sé dónde están los desaparecidos, ya lo dije…
¿Dónde están?
—Eh… Cuando vinieron a destruir todas las pruebas, se los desenterró, vinieron oficiales y suboficiales de distintos lugares del país, que ni Menéndez sabe los nombres, no los sabe nadie. Desenterraron los cuerpos, alquilaron una máquina para moler piedras y los pasaron por ahí. Los dejaron chiquititos así como una moneda, es lo que me han contado a mí, me lo contó uno de los imputados, y la mitad los pusieron en la capa más profunda del terraplén donde empieza la ruta que va a La Rioja. Apenas pasa Villa de Soto y empieza La Rioja, en los primeros cien metros a la derecha.
¿Cómo estaban enterrados?
—En pozos escalonados.
A principios de este año, Vergez dejó Bouwer -su prontuario 59782 lo considera un reo problemático- y fue trasladado al Pabellón B de la Unidad 34 de Campo de Mayo, desde donde sigue por videoconferencia las audiencias del juicio “Vergez-González Navarro”, que lleva adelante el TOF1 de Córdoba y que tendrá sentencia en 2018. De ser hallado culpable, será su tercera condena. En 2012, el Tribunal Oral Federal 5 lo condenó a 23 años por tres desapariciones y cuatro casos de tortura ocurridos en 1977 en Buenos Aires, cuando integró el Batallón 601.
Ahora es juzgado por crímenes cometidos en Córdoba entre 1975 y 1976 por el Comando Libertadores de América (CLA), un grupo clandestino que él lideró, conformado por policías y militares dirigido desde el Batallón 141 de Inteligencia. Vergez es el ideólogo de la represión en Córdoba: comenzó incluso antes que Luciano Benjamín Menéndez se haga cargo del Tercer Cuerpo de Ejército. De su legajo personal surge que llegó destinado a ese destacamento Teniente Primero y luego como Capitán desde el 7 de diciembre de 1974 hasta el 29 de julio de 1976. Algunos de esos crímenes los cuenta en su libro titulado “Yo fui Vargas: el antiterrorismo por dentro”, publicado a fines de los ochenta.
Por Waldo Cebrero
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sábado, 16 de diciembre de 2017

¿El diputrucho es Massot?

Nicolás Massot fue uno de los principales operadores macristas en la fallida sesión del jueves en el Congreso Nacional, que incluyó una inusitada represión contra manifestantes, agresiones a diputados opositores y maniobras del macrismo con diputruchos para lograr el quórum necesario para poder aprobar el recorte a los jubilados.
Sin embargo, la presencia de Massot en el recinto es la que se podría poner en entredicho: no habría cumplido con el tiempo mínimo de residencia en Córdoba para poder ser electo diputado nacional.
Massot es un economista formado en la Universidad Di Tella, casa de estudios que se ha convertido en una incubadora de dirigentes del PRO. Tiene apenas 32 años y hace un quinquenio inició su carrera como funcionario en el gobierno de la capital argentina: fue Director de la Reforma Política primero y luego tuvo a su cargo la Dirección de Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ejerciendo ambas funciones, comenzó a hacer pie en Córdoba, primero promocionando la Boleta Única Electrónica en Río Cuarto y luego inaugurando la Casa de Buenos Aires en la docta. En 2013 fue enviado por el entonces ministro de gobierno porteño, Emilio Monzó, como operador político para trabajar en la campaña para diputado de Héctor “La Coneja” Baldassi.
Tras su renuncia al último puesto en la intendencia porteña -producida el 7 de abril de 2014- y habiendo iniciado una relación de pareja con la hija del ex intendente cordobés Germán Kammerath -condenado por corrupción-, Massot se radicó efectivamente en Córdoba para trabajar en el armado del Frente Juntos por Córdoba (UCR – PRO – Frente Cívico), versión vernácula de Cambiemos.
Simultáneamente a la campaña de gobernador de Oscar Aguad, se produce el cierre de listas de candidatos a diputados y senadores nacionales por Córdoba el 20 de junio de 2015 y Massot aparece en el quinto lugar de la boleta de Cambiemos. En ese momento había fijado domicilio en un coqueto edificio de Nueva Córdoba a poco más de 200 metros del Parque de las Tejas.
La Constitución Nacional establece como requisito para ser electo diputado nacional ser nativo de la provincia que representa o tener un mínimo de dos años de residencia en la misma. Habiendo dejado su puesto en el gobierno porteño en abril de 2014; en junio de 2015 cuando se presentaron las listas de candidatos a diputados, Massot tenía un año y dos meses de residencia efectiva en la provincia de Córdoba. Es decir, le faltaban diez meses de residencia real para ser candidato cordobés, según develó una investigación de Striptease del Poder.
El diputado Massot es hijo de Alejandro Massot y sobrino de Vicente, ambos ex dueños del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Su tío Vicente fue el primer periodista en la historia argentina en ser imputado como responsable de delitos de lesa humanidad y en 2015 fue enjuiciado por esos crímenes, pero no recibió condena. A su vez, fue beneficiado con una falta de mérito firmada por el juez federal subrogante de Bahía Blanca Claudio Pontet en una causa por complicidad empresarial con delitos cometidos por la última dictadura cívico militar.
El fallo del juez interino fue apelado con severas críticas por los fiscales de la Unidad que interviene en procesos por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia. Los funcionarios judiciales acusan al tío del diputado Massot de haber efectuado “aportes esenciales” para “el ocultamiento deliberado de la verdad”. Nebbia y Palazzani señalan que el diario de los Massot, durante el terrorismo de Estado, presentó como “enfrentamientos” las ejecuciones de opositores a la dictadura, entre otras operaciones de desinformación.
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miércoles, 13 de diciembre de 2017

Patricia Bullrich y Laura Alonso habían decidido que Nisman no expusiera ante el Congreso

El fiscal de la causa por el atentado a la AMIA, Alberto Nisman, no iba a ser convocado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para que brindara información sobre la imputación que había realizado días antes contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman por el supuesto delito de "encubrimiento" de los supuesto responsables de la voladura perpetrada en 1994.
Según consta en la causa judicial que investiga la muerte de Nisman, ocurrida el domingo 18 de enero de 2015, la entonces diputada nacional Laura Alonso se reunió -ese mismo día- con la presidenta de esa comisión de Diputados, Patricia Bullrich, y con otros ahora funcionarios de Cambiemos y acordaron que Nisman no realizara su exposición.
La decisión fue tomada a las 18, sólo unas pocas horas antes de que el cuerpo de Nisman fuera encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero (Buenos Aires).
Según declaró Alonso ante la Justicia: "A pedido mío, nos reunimos los diputados Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Cornelia Schmidt-Liermann y se sumó por altavoz telefónico en un par de ocasiones el diputado Mario Negri. Que en esa reunión se evaluó el clima de violencia verbal que se había generado en esos días por parte de voceros del oficialismo y decidimos que dado que la reserva no estaba garantizada para la reunión del día siguiente en la comisión de Legislación Penal el Fiscal no se presentaría ante la comisión, sino que permanecería en alguna sala u oficina y no se lo invitaría a exponer dado que las condiciones solicitadas por el fiscal no estaban dadas".
Esta versión de Alonso fue ratificada por uno de los participantes de esa reunión, el ahora presidente provisional del Senado, Federico Pinedo: "Decidida la forma en que iba a llevar a cabo la reunión fue que Nisman decidiera si quería o no declarar. Si decidía no declarar, lo hacían salir del mismo modo en que iba a ingresar al Congreso. (...) Nisman había dicho que tenía cosas para decir que no podían hacerse públicas".
Alonso y Bullrich también figuran en la causa debido a que entre el viernes 16 y el sábado 17 llamaron a Nisman varias veces supuestamente para convencerlo de asistir a dicha reunión en Diputados.
Sin embargo, Alonso dio otra versión de los hechos en la investigación judicial que todavía no puede establecer el motivo por el cual Nisman perdió la vida.
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El audio en que Nisman destroza los argumentos de su propia denuncia contra Cristina

jueves, 7 de diciembre de 2017

Argentina: no sólo persiguen a políticos opositores, también a científicos

Un reconocido científico argentino ha sido procesado acusado de haber abusado de su autoridad y violado su deber como funcionario público a la hora de inventariar los glaciares patagónicos cuando era director del Instituto Argentino de Nieve, Hielo e Investigación Ambiental (IANIGLA) en Mendoza, y así permitir la contaminación de los mismos por parte de las empresas mineras.
Lo que se escondería detrás de esta maniobra sería avanzar contra la Ley de Glaciares que protege el acceso al agua de millones de argentinos.
El caso ya llegó a medios científicos de renombre, como las revistas especializadas Nature y Science, que esta semana publican que Villalba apeló la acusación del juez Sebastián Casanello el 4 de diciembre, "pero si pierde, el caso irá a juicio. Mientras tanto, el tribunal ordenó a Villalba que permanezca en el país y autorizó la incautación de sus activos por hasta 5 millones de pesos".
El investigador superior del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) ha recibido el apoyo de gran parte de la comunidad científica argentina, que ha salido a denunciar la intención del gobierno de Mauricio Macri de querer seguir beneficiando a las mineras (a las que les sacó las retenciones apenas asumió como presidente) a partir de modificar, desde febrero, la Ley de Glaciares.
"En el inventario uno tiene que definir un piso base de qué va a inventariar. Los glaciares son cuerpos grandes, miles de hectáreas y se decide a empezar a inventariar desde una hectárea. Suiza lo hace desde diez hectáreas, Canadá desde cinco, Francia también cinco, Chile optó por una hectárea. Por limitaciones técnicas no se puede inventariar menos de una hectárea porque vos por imágenes satelitales no podés detectar glaciares de menos de una hectárea. Y ahí viene el cuestionamiento: "Si el IANIGLA hubiera inventariado todos los glaciares, entonces la Barrick Gold no se podría haber instalado". Entonces como el IANIGLA no hizo bien las cosas, actuó en connivencia con la Barrick y entonces el culpable de los derrames es el IANIGLA", se defendió Villalba.
Pero también apuntó a la cuestión de fondo: "Me parece sumamente preocupante que se cuestione la calidad de las investigaciones en Argentina, es decir, estamos cuestionando la calidad de los resultados que producen los investigadores y por tanto la labor científica. Cuando los científicos de otros países se enteraron del inventario de glaciares, realizado con estándares internacionales, hemos recibido un importante respaldo por la tarea pionera que se está haciendo en Sudamérica. Por otro lado, hemos recibido comentarios de que posiblemente en febrero del año que viene se comience con un nuevo proyecto de Ley. Entonces uno ve todas estas coincidencias: se cuestiona el inventario, se cuestiona la ley. Y es importante decir que el inventario se renueva permanentemente, se actualiza todo el tiempo, hay un monitoreo permanente. Cada cinco años se realizan modificaciones para ver los cambios en el tiempo".
Y advirtió: "Los recursos naturales en Argentina están protegidos por ley. Pero así como los bosques tienen una Ley de Presupuestos Mínimos, es necesario que los glaciares tengan la suya. El desarrollo y la supervivencia de millones de personas dependen de la regulación de la nieve y del hielo, de los caudales que de los cuerpos de hielo derivan. Si analizamos la provincia de Mendoza, los glaciares representan menos del 1% de la superficie provincial y que puede proveernos el 40% del agua, de nuestros ríos en un momento de sequía, no quedan dudas de que estamos frente a un recurso estratégico. Se de muchos lugares en el mundo en donde los glaciares están siendo destruidos. La provincia de Mendoza, después de Santa Cruz, es la provincia que más glaciares tiene y eso ocupa menos del 1% de la superficie provincial, o sea, que tenemos más del 99% de nuestra superficie para que hagamos otras actividades. No es que la Ley de Glaciares esté impidiendo el desarrollo económico de la provincia sino que la Ley está diciendo "esto es importante, esto es clave, de esto depende la vida de cientos de personas". Es muy importante que esa Ley se siga manteniendo. Yo creo que no debe cambiar este espíritu estratégico de que es un bien público".
Más:
Hasta en Chile se hacen eco

lunes, 4 de diciembre de 2017

La muerte en Cambiemos

"Parecen hechos disociados, pero la desaparición del submarino ARA San Juan, el asesinato de Rafael Nahuel y la muerte de Santiago Maldonado comparten un sino fatal: un Estado cooptado por una casta cuyo interés vital es generar un modelo para hacer negocios cueste lo que cueste.
Mucho se ha escrito y hablado acerca del Gobierno de los CEOs, pero pocas veces esa caracterización tuvo tanta incidencia en la escena política como desde que Cambiemos logró instalar que en las últimas elecciones legislativas obtuvo un triunfo tan contundente que le permite y legitima ir por todo, en una ofensiva brutal por lograr la restauración de privilegios y negocios que de algún modo habían sido morigerados desde 2003 a 2015.
En tantísimas oportunidades, también, se ha indicado que un modelo como el que encarna la alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical no cierra sin represión a la protesta social. Los hechos de la última semana, sumados a los acontecidos desde la asunción de Mauricio Macri y su cohorte de ejecutivos, obligan a un diagnóstico que estremece: por primera vez, cobijada bajo millones de votos, una pandilla de rapiñeros de alta gama gobierna a la Argentina.
Esos bandoleros asumieron que la legalidad bien puede ponerse en valor “con el Winchester en la mano”, y que la defensa de los intereses económicos de latifundistas extranjeros, petroleras, agroexportadores, financistas, banqueros, mega empresarios y grupos mediáticos oligopólicos está por encima del valor que tiene la vida.
Hace algunos años, el empresario inmobiliario Nicolás Van Ditmar, rodeado de empleados de la firma Hidden Lake, perteneciente al magnate inglés Joe Lewis, amenazó: “Vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
En los últimos días, en voz alta, el obispo de Bariloche Juan José Chaparro advirtió a “las autoridades” del Estado que deben abrir “canales de diálogo” con las comunidades mapuches, en el marco del asesinato del joven Rafael Nahuel, de apenas 22 años, para que hechos como ése “no se repitan y no comencemos a sumar muertos”.
Pese al proverbial conservadurismo de la jerarquía eclesiástica argentina, las definiciones del obispo de Bariloche en estos tiempos se apoyan nada menos que en las expresiones apostólicas del papa Francisco, quien ya en la encíclica Laudato Si señala que “la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada”.
Para quienes se sientan sorprendidos por el nivel de violencia política que exuda el régimen macrista, sería bueno que reparen en este momento histórico, porque la oligarquía siempre instaló que la violencia armada la origina el Pueblo. Así sucedió en los años 70, así comienza a ser relatada por los nuevos ideólogos del enemigo interno.
Una colega rosarina, Ilka Luetich Podestá, a propósito del homicidio de Rafael Nahuel, publicó en la red social Facebook una reflexión inquietante: “A todo esto, ¿Benetton y Lewis no saben/no contestan?”. El posteo de la periodista subraya que  “es una reflexión acerca de hechos que ocurren en la zona donde tienen las tierras Benetton y Lewis; hechos que obviamente no pasan desapercibidos aunque los dueños no se encuentren en el país. Benetton pone el foco de sus campañas publicitarias en aquellos que son discriminados, las minorías vulnerables, los refugiados, el sida, etc. Lewis ha desarrollado eventos benéficos en sus tierras para niños vecinos, incluidos mapuches. Entonces su silencio se torna ominoso y cargado de sentido ante hechos que deberían conmoverlos. En el predio Lewis está el Lago Escondido, que era público hasta que aquel adquirió las tierras, cuyo proceso de adquisición merece un capítulo aparte. El presidente Macri es amigo personal de Lewis y ha parado en su propiedad. Supongo que se ha bañado en el lago, cuyo acceso a la población general es prohibido, si es necesario, «con el Winchester en la cintura»”. Luetich Podestá también recordó a los matones que prometen regar con sangre ajena la Patagonia (...).
Hace poco más de un año, el ex ministro de Educación Esteban Bullrich, en el marco de la inauguración de un Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro dijo la trístemente célebre frase “esta es la nueva Campaña del Desierto, pero sin espadas, con educación”.
La expresión desconcertó a algunos, irritó a muchos más, pero también generó reflexiones de quienes no tomaron esos dichos como un discurso casual o infortunado.
La periodista Nora Veiras, en un artículo publicado en Página 12, recordó que apenas un mes antes de pronunciar la frase, “Bullrich había dicho que Soy Roca, la biografía de Félix Luna sobre el ideólogo y ejecutor del exterminio de los pueblos originarios es uno de sus libros de cabecera. Quizás esa inspiración sumada al escenario, Choele Choel, la ciudad fundada en 1879 durante la llamada Segunda Campaña al Desierto, inspiró el breve discurso del ministro ante la invitación del gobernador Alberto Weretilneck”.
Aquel dijo otras dos cositas, el ahora senador nacional por la provincia de Buenos Aires: “Sin profesionales que multipliquen lo que hacemos, no sirve de nada porque no estaríamos poblando este desierto”. Y acto seguido aclaró: “Ustedes hacen que no sea un desierto”.
Veiras dialogó con el historiador Sergio Wischñevsky, quien señaló algo más que interesante: “Apelan al «desierto» porque consideraban que toda la gente que vivía ahí no era gente. Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano analizaron, en un ya clásico ensayo, que la idea del desierto surge de Europa, donde ellos se consideraban la civilización y veían al mundo árabe como el desierto. Esa concepción se traslada a Buenos Aires como la civilización que avanza sobre la barbarie. Es increíble que nuevamente apelen a esa idea de avanzar sobre el atraso”.
Wischñevsky, además, remarcó que “lo más triste es que esa campaña fue un genocidio. Miles de indios fueron exterminados o enviados a la Isla Martín García, fueron torturados en lo que puede analizarse como uno de los primeros campos de concentración”.
El historiador, que hace más de un año no sabía que las fuerzas de seguridad federales iban a apresar a pequeños mapuches de entre un año y siete e iban a amarrar sus manitos con precintos de plástico, sí recordó que “Marcelo Valko, en su libro Pedagogía de la Desmemoria, cuenta que (durante la Campaña del Desierto) hubo una epidemia de viruela que mató en masa a los indios, hicieron hornos crematorios y a los muertos para que no contagien los iban tirando a los hornos. A los chicos que quedaban huérfanos los ofrecían en avisos en los diarios, que decían «pequeño indiecito se vende para servicio doméstico y otros quehaceres»”.
Pero lo que le da perfecto anclaje a aquella matanza de indios con el accionar actual de los CEOs asociados con el radicalismo es algo que Wischñevsky recuerda con precisión: “Ese avance criminal permitió que se apropiaran de once millones de hectáreas y se repartieran entre unas 290 familias, entre ellas los Martínez de Hoz fueron beneficiadas con 2,5 millones de hectáreas”. Nora Veiras destacaba en su nota que “la familia Bullrich, con dos ministros en el gabinete de Cambiemos, fue otra de las beneficiarias de los grandes latifundios bonaerenses surgidos de la Campaña al Desierto. Una marca en el ADN”.
Y hablando de ADN, la Agencia Digital de Noticias de Río Negro (ADN), publicó el año pasado, a propósito de la brutal expresión de Bullrich, un artículo firmado por el docente Martín Díaz titulado “Bullrich lleva en su ADN la conquista del desierto”.
En ese texto, se recuerda un dato elocuente: “No debemos olvidar que el ministro de Educación es chozno de Adolfo Bullrich, quien nació en 1833, estudió en Alemania, se alistó en la Guardia Nacional y el 3 de abril de 1867, fundó Adolfo Bullrich y Cía, una casa de remates. En el solar que hoy ocupa el Patio Bullrich, entraban grandes tropas de vacunos y se vendían vastas tierras ganadas al indio durante la Campaña al Desierto. Julio Argentino Roca (su amigo) lo designaría intendente de la Ciudad de Buenos Aires en su segunda presidencia. Su amistad con Roca y su Campaña nos hacen comprender por qué los Bullrich se encuentran entre los grupos agropecuarios con más de veinte mil hectáreas en la provincia de Buenos Aires y por qué Esteban Bullrich no vacila en reivindicar la Conquista del Desierto y en proyectar sobre el presente su arrasador sentido de la civilización”. Y por cierto plantea una nueva demostración de por qué en este gobierno la muerte es protagonista".
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martes, 28 de noviembre de 2017

Productores de Mirtha Legrand, Lanata y Longobardi son funcionarios de Cambiemos

Va corriendo el tiempo de Cambiemos al frente del gobierno nacional y cada vez se torna más indisimulable la connivencia entre los grandes medios de alcance nacional y la administración macrista.
En los últimos días, se revelaron más relaciones subrepticias entre algunas grandes estrellas periodísticas (del Grupo Clarín) y el gobierno de Mauricio Macri.
Primero fue el caso de la productora ejecutiva del programa Periodismo Para Todos que conduce Jorge Lanata, Tamara Florín, que es actual directora de Prensa y comunicación del Ministerio de Cultura.
Antes, había sido funcionaria del Fondo Nacional de las Artes, y en el gobierno porteño, trabajó en el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, según su propio perfil profesional en la red LinkedIn.
Ayer, se conoció el caso del productor ejecutivo del principal periodista de radio Mitre (Grupo Clarín), Marcelo Longobardi.
Hernán "Bubu" Anbinder es actual director nacional de Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Anbinder asumió en diciembre de 2015, ni bien iniciado el gobierno de Macri. Además, es el director de marcelolongobardi.radiomitre.com.ar, un sitio que funciona dentro de la plataforma web de radio Mitre.
Por esta web, sólo en los primeros 6 meses del 2017, Marcelo Longobardi recibió 211.750 pesos de pauta publicitaria del gobierno de Macri, casi en su totalidad a través de su productora, LRH Producciones SA.
En diciembre del año pasado, se supo que Silvia Peschiera, productora periodística de Mirtha Legrand, es también funcionaria de Cambiemos.
Peschiera es subgerenta de Prensa de Trenes Argentinos, la operadora ferroviaria estatal que depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Antes, en noviembre de ese mismo año, el productor de Alejandro Fantino, Juan Cruz Ávila, fue nombrado por Macri y durante 6 meses al frente de Hospitales Universitarios, área que depende del Ministerio de Educación.
En 2105, días antes que Mauricio Macri asumiera la presidencia, había trascendido la decisión de poner a Ávila al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias, también en el ámbito del Ministerio de Educación. Rectores, docentes y estudiantes criticaron la falta de idoneidad del productor de Fantino para el cargo, y el gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás con el nombramiento.
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