Persecución: lo procesan por enseñar sobre el cannabis

El juez federal Leandro Ríos, de Paraná (Entre Ríos) procesó a un hombre por haber convocado públicamente y dictado talleres en los que impartía instrucciones sobre autocultivo de cannabis, además de hacerlo a través de redes sociales y medios de comunicación.
Se trata de Iván Gregorio Malajovich, de 33 años, comerciante y activista cannábico, quien a fines de julio del año pasado fue detenido tras allanamientos en su local de venta de parafernalia para la producción y consumo de marihuana, y unos días después excarcelado.
Se trata de una investigación sobre las Jornadas de Cultura Cannábica organizadas y convocadas por Malajovich, que culminó con unas requisas "propias de una serie de acción", según denunció el activista.
Ríos consideró que esos talleres configuran el delito de "dación pública de instrucciones acerca de la elaboración de drogas, dada la influencia estimulante –aún potencial– sobre pasivos individuos receptores que dicho accionar supone, el cual excede los límites del derecho a la libre expresión para incardinarse en un comportamiento reñido con la Ley Nº 23.737, dada su específica finalidad de propagar el uso de estupefacientes por parte de terceras personas, brindándoles herramientas concretas en aras a la perpetración de tal cometido".

La polémica resolución del juez va en contra de estas actividades que desarrollan muchas personas en todo el país, y que incluso se refleja en la revista THC, una edición gráfica que se vende en kioscos hace varios años, cuyo contenido es similar a lo que ha manifestado Malajovich en los talleres.
Desde la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannábicos, consideraron que "es vergonzante cómo intentan destruir a un ciudadano y laburante. Le sacan plata a alguien que cumple con sus impuestos, en vez de embargar a narcos y políticos corruptos. Basta de persecución a Activistas y Cultivador@s".
Malajovich fue embargado por la cifra de 150 mil pesos, a demás de sufrir el decomiso de la mercadería que vendía en su comercio y el retiro de una computadora y un teléfono celular donde tenía toda la información referida a sus proveedores y clientes.
"El juez dice que, si bien los talleres eran en espacios privados, la invitación era por las redes sociales. Me acusan de terrorismo, por así decirlo: alentar a otros a cultivar, cuando en realidad ellos ya tomaron esa decisión antes de ir a las charlas", explicó, en diálogo con FM Gospel (Río Cuarto, Córdoba).
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