El gobierno de Macri abandona causa por delitos de lesa humanidad

Cambiemos continúa con su política de desmantelamiento de los avances que amplios sectores de la sociedad argentina habían logrado en el campo de la condena de los delitos cometidos por la última dictadura cívico-militar.
Ayer, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, desistió de la querella que la secretaría a su cargo llevaba por el caso de Eduardo  Saiegh, que en 1980 fue secuestrado, torturado y despojado de sus bienes por un grupo de tareas de la División Bancos de la Policía Federal del Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina.
Eduardo Saiegh presentó su querella en plena dictadura, hasta que llegaron las leyes de la impunidad de los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.
Luego de que la DAIA consiguiera -bajo jurisdicción universal- un fallo favorable del juez español Baltasar Garzón, y que se derogaran las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los Indultos, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación comenzó a acompañar y promover la lucha de Saiegh, lo que produjo una gran cantidad de pruebas como para condenar a Alejandro Reynal, ex jefe Banco Central de la República Argentina por los delitos denunciados.

Reynal no es el único funcionario de la dictadura involucrado en esta causa judicial: también se podía condenar a varios cargos tanto del Ministerio de Economía -que encabezó José Afredo Martínez de Hoz- como del Banco Central.
Pero ¿imprevistamente? el gobierno nacional desistió de proseguir con la querella.
Hoy miércoles se conocieron declaraciones del presidente Mauricio Macri sobre cómo él y su gobierno interpretan ese período negro de la historia argentina, que la lucha de múltiples instancias sociales ha permitido conceptualizar como es debido: lo que ocurrió es Terrorismo de Estado, no guerra; y los 30 mil desaparecidos no son una cifra, sino la magnitud de semejante accionar genocida, no sólo militar, sino también civil.
Durante una entrevista con el sitio estadounidense BuzzFeed, el jefe de Estado afirmó que la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar argentina "no es un debate en el que voy a entrar" y confesó que no sabe cuántos son, "si son los que están anotados en un muro (en alusión al monumento de la Costanera) o si son mucho más. Es una discusión que no tiene sentido".
Además, dijo que la represión de Estado durante la cual se cometieron crímenes de lesa humanidad se trató de una "guerra sucia", y sostuvo que la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, "está desquiciada; dice barbaridades fuera de lugar hace varios años. Además, está involucrada en hechos de corrupción graves".
Estos nuevos hechos se suman a larga cadena de acontecimientos que dan una pauta de cambios sensibles en políticas que se creían que eran "de Estado", como les gusta repetir a integrantes y propaladores del grupo socio-político-cultural que hoy administra el Estado nacional.
Mientras tanto, la bonaerense Comisión Provincial por la Memoria, esta semana, recordó que "sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos".

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