Denuncian que Jujuy es la capital nacional de la represión y la impunidad

"Nunca pensamos vivir la situación como la que estamos viviendo desde el 10 de diciembre cuando asumen Gerardo Morales y Mauricio Macri", dice Inés Peña, presidenta de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy.
"Uno acá no puede protestar que ya lo denuncian, le hacen juicio. Hicimos una medida con 300 compañeros y se nos acusa de que habíamos roto parte del ingenio, que le habíamos pegado a un gerente. Nos armaron causas", denuncia Silvio Egüez, vocal del Sindicato de Aceiteros en el Ingenio La Esperanza.
"No solamente es lo salarial, es un ataque directo al trabajador, muy claro", asegura la docente de Arte Laura Vaquer, mientras que René Soruco, delegado en el Ingenio Ledesma, recuerda cómo fueron reprimidos por la policía del gobernador Gerardo Morales en julio.
"Tuvimos la presencia de la policía cada vez que hicimos un reclamo. Hacíamos una conferencia de prensa y teníamos un cordón de policías en la puerta de la oficina y se llegó al extremo de no dejar ingresar a los que habíamos sido despedidos y a los productores que iban a apoyarnos", detalla Lucía Castro Olivera, delegada reincorporada de Ate-Secretaría de Agricultura Familiar.

"No se ha visto la violencia con que se han producido los despidos como en este gobierno. Es una intimidación constante contra los obreros y los estudiantes", advierte Sara Velázquez, secretaria de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy.
Luis Paz, abogado de Milagro Sala, considera que con la asunción de Cambiemos "comenzó una etapa bastante oscura para la provincia, fundamentalmente para las organizaciones sociales, populares y obreras. Durante el acampe que comenzó el 14 de diciembre de 2015, el Poder Judicial -modificado previamente por el Poder Ejecutivo- hizo una serie de denuncias por sedición y tumulto contra Milagro y otros dirigentes de la Tupac".
"El gobierno de Morales avanzó sobre Milagro Sala para detenerla, pero detrás de ella era avanzar sobre el derecho de protesta de cualquiera. Todas las causas que le armaron están plagadas de irregularidades. Ahora la detienen a Sala, pero ¿qué pasa si detienen a otros dirigentes?", analizan Alejandro Vilca y Natalia Morales, dirigentes del PTS-FIT.
Testimonios de trabajadores, delegados, abogados y referentes de organismos de derechos humanos y políticos sobre la violenta avanzada del gobierno de Gerardo Morales, secundado por el poder judicial, la policía y el empresariado, contra los trabajadores y sectores populares en Jujuy: despidos persecutorios, amedrentamientos y detenciones a sindicalistas, suspensiones a obreros por luchar, criminalización de la protesta y represión, no sin menores críticas al peronismo, al que acusan de no reaccionar: "Ni hablan de esto".

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