jueves, 4 de agosto de 2016

#TodosConHebe Por qué el intento de detención de Hebe es un hecho político

Hoy, un juez argentino intentó detener a la referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y sólo una reacción de militantes y dirigentes políticos pudo evitar que la Argentina y el mundo tuvieran que ver en prisión a un símbolo de la lucha contra los regímenes totalitarios.
Sin embargo, la orden de captura sigue vigente a esta hora y la detención de Hebe podría ocurrir a altas horas de la noche, cuando la guardia de las organizaciones sociales haya bajado y el país esté durmiendo.
El argumento que indica que el ataque contra la referente social de reconocimiento internacional es sólo un proceder judicial y que Bonafini lo sufre debido a que se negó dos veces a declarar se cae si se mira el contexto político-judicial en el que se está perpetrando.
El lunes, una asociación de abogados defensores de los genocidas de la última dictadura cívico-militar se quejó porque los represores sigan en prisión. El martes, el diario colaboracionista La Nación publicó una editorial más de ataque contra la política de derechos humanos; y ese mismo día, el mediático abogado Daniel Sabsay salió a los medios a denunciar supuestas violaciones de los derechos de los violadores seriales de los derechos humanos.
Además, la intentona de la justicia oficialista contra Hebe se produjo un jueves, el día histórico de las rondas de las Madres, y justo cuando visitaba nuestro país el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, luego de que el país tuviera que pasar el pasado 24 de marzo mientras Macri lo conmemoraba acompañado por Barack Obama.
Si Bonafini finalmente terminara presa, se daría la paradoja de que en democracia estaría presa quien luchó contra la Dictadura, mientras que más de 50 genocidas de ese régimen ya disfrutan de la prisión domiciliaria por decisión del actual gobierno nacional, aduciendo razones de edad avanzada.
Lo escribíamos el martes: "A estos embates de estas horas, hay que sumar las otras editoriales pro-amnistía de La Nación, los dichos de Darío Lopérfido sobre los 30.000 desaparecidos, las entrevistas del ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con familiares de los genocidas, la presencia de represores y Aldo Rico en el desfile del Bicentenario de la Independencia.
También habría que agregar a esta larga lista de hechos, posicionamientos y señales la reivindicación oficial del prólogo original que Ernesto Sábato escribió para el Nunca Más, fundacional de la “teoría de los dos demonios”; la modificación de la Plaza de la Memoria, en Tecnópolis, donde el gobierno macrista borró toda referencia a la lucha de los organismos de derechos humanos y reemplazó la cifra de los 30.000 desaparecidos por la enarbolada por el renunciado Lopérfido.
En medio de este cambio de postura que intenta perpetrar Cambiemos desde la administración del Estado, uno de sus funcionarios más polémicos -el subsecretario de Juventud, Pedro Robledo- terminó invitando a la Casa de Gobierno a neonazis del partido Bandera Vecinal, integrado por personajes con fuertes vínculos con el aparato represivo de los años 70.
"En la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas", se quejó la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
Dicho enjambre pro-dictadura tiene nombres conocidos en su interior, entre ellos Juan Ramón Aguirre Lanari, Julio E. Altamira Gigena, Jaime Anaya, Gregorio Badeni, Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Iván José María Cullen, Siro M. A. De Martini, Daniel Funes de Rioja, Guillermo Ledesma, Roberto Luqui, Daniel Sabsay, Alfonso Santiago y Jorge Vanossi.
Justamente, Sabsay afirmó hoy en Radio Télam que "muchos no han sido sometidos a un debido proceso, que eran muy jóvenes en aquel momento y en los juicios aparecen groseras violaciones -como la cosa juzgada- y no darle ciertos beneficios. Son ciudadanos de segunda categoría, que no se comparece con el concepto de democracia".
Para fortalecer la avanzada de estos abogados pro-Dictadura, La Nación hoy dedicó su editorial -nuevamente- a tratar de desarmar la política de los juicios de lesa humanidad: "Resultan claros los argumentos jurídicos expuestos con profesionalidad en el manifiesto. Pero se podrían agregar otros relacionados con la clara discriminación y el tratamiento asimétrico aplicado a ambas partes de la guerra interna sufrida por nuestro país en los setenta. La interpretación parcial de los hechos ha alcanzado gran parte de los medios y también los textos escolares y las universidades estatales. Sometidos a estos relatos, presiones e inhibiciones, en algunos casos por la propia adhesión a la denominada "justicia legítima", se han desempeñado los jueces a quienes ahora se les reclama nada menos que hacer justicia"".
La intentona de hoy contra Hebe de Bonafini no sólo puede ser interpretada como un paso más en la coordinación de esta avanzada en contra de las políticas de derechos humanos sino también una especie de globo de ensayo para tomar el pulso de qué reacción social podría ocurrir si el Poder Judicial se animara a querer detener a Cristina Fernández de Kirchner.

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