viernes, 29 de diciembre de 2017

Escalofriante: un genocida confesó qué hicieron con los desaparecidos

Héctor Pedro Vergez fue capitán del Ejército, jefe del Batallón de Inteligencia 601 y del campo de concentración La Perla (Córdoba). En 2016, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba (TOF1) lo condenó a prisión perpetua por los crímenes de La Perla, al final de un juicio que se extendió desde diciembre de 2012.
Estuvo alojado en la cárcel de máxima seguridad de Bouwer, también en Córdoba, en el pabellón "de los comunes", luego de haber sido sacado del Módulo MD2, el ala de lesa humanidad, a pedido de sus camaradas, que lo acusaban de ser un “asqueroso, camorrero, que se tiraba pedos en la traffic” que los llevaba a las audiencias del juicio.
Vergez es un desclasado entre los militares de la dictadura, un oficial con origen proletario. El hombre que fue “Vargas” o “Gastón” cuando era cuadro de Inteligencia; y “El Porteño”, para los sobrevivientes de La Perla que lo escuchaban hablar en las sesiones de tortura, tiene ahora otro apodo en el ambiente carcelario: “Gillete”, por que lastima por todos lados.
En octubre 1975, cuando Montoneros atacó el Regimiento de Infantería del Monte, en Formosa, Luciano Benjamín Menéndez, que acababa de asumir al frente del Tercer Cuerpo de Ejército, envió a Vergez y a Raúl Pedro Telleldín, jefe de la regional Villa María (Córdoba), a la provincia norteña.
En una entrevista realizada tiempo atrás -que iba a formar parte de un libro- y que fue develada por el portal EnRedacción, Vergez narró: "A la vuelta, tuve una charla con Menéndez. Le dije que nos teníamos que preparar para la guerrilla, los policías del D2 eran unos pelotudos que no sabían torturar. Los policías sólo preguntan: “Dónde están las armas, dónde está la plata”. Así no logran nada. Entonces le dije: “Mi general, ¿por qué no me da Campo de la Ribera para llevar a los que seguro son guerrilleros? No tenemos que dejar ninguno vivo porque si no después vamos a terminar todos presos”".
Hasta entonces, Campo de la Ribera, ubicado en la zona sudeste de la capital cordobesa, había sido una cárcel militar. Pero a partir de diciembre de 1975, se convirtió en el primer campo de concentración de la ciudad.
"Menéndez preguntó: “¿Y qué más necesitamos?”; “Autos”, le dije. “Y de dónde los sacamos”, “Tenemos que robarlos, mi general, porque si usted se los pide a la Renault no se los va a dar”, le aclaré. “¿Y cómo los piensa robar?”; “Y… de caño, mi general ¡Cómo va a ser!”, le dije. Habremos robado 300 autos, hasta los generales me pedían para regalarles a sus mujeres", relató.
¿Con quién salía a robar?
—Con la gente del D2 y del destacamento. Siempre nos fijamos que tuvieran un buen seguro. Si no tenían buen seguro, los devolvíamos.
¿Y La Perla?
La Perla fue creada porque Campo de la Ribera nos quedaba chico. Además, Menéndez quería un lugar en el que no hubiera policías. En La Perla nunca entraron.
Vergez estuvo al frente de La Perla, el mayor campo de concentración del interior de país, hasta mediados del 1976. Piero Di Monti, uno de los sobrevivientes que más tiempo pasó en ese lugar, declaró: “Cuando yo llegué, el jefe superior era Vergez, que era una figura de gran relieve, respetada por todos. Era el jefe, el líder, el constructor del Comando Libertadores de América, que llega a La Perla tratando de crear, ya en forma oficial, los grupos operativos del Ejército”. En julio fue ascendido y pasó al frente del Batallón 601 de Inteligencia, en Buenos Aires. El cambio de mando dejó al frente de La Perla a su rival histórico, Ernesto “Nabo” Barreiro, con quien hasta hoy mantiene acusaciones cruzadas y “se tiran con muertos” durante las audiencias.
¿Quién torturaba, si usted dice que no torturaba?
—Ernesto Barreiro, seguro. Después no sé. Yo no lo podía sancionar, nada. Cada uno hacía lo que quería. No era como cuentan los testigos en el juicio, pero no éramos carmelitas descalzas.
El 10 de diciembre de 2014, durante la audiencia 196 del juicio por La Perla, Barreiro pidió a los jueces del TOF1 que desalojaran la sala: quería dar nombres y ubicación de los restos de 19 desaparecidos de La Perla, que estaban en la lista de víctimas de la causa que lleva su nombre. Los cuerpos, dijo, estaban enterrados en los hornos de La Ochoa, la estancia de descanso de Menéndez en el predio de La Perla. Eran, según los querellantes, “muertos de Vergez”. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya trabajaba en el lugar el 21 de diciembre de ese año e identificó los restos de cuatro estudiantes de Medicina.
—No hay ningún testigo que pueda incriminarme, Barreiro no tiene pruebas. Esos chicos estaban haciendo una vigilancia para secuestrarme. Me controlaban con las Tonomac, tomaban la radio policial y la radio mía, eso lo hacía Sara Solarz de Osatinsky. Y bueno, les gané de mano (hace seña pulgar para abajo).
¿Que hacían con los cuerpos de La Perla?
—Cuando se abrió La Perla, yo le pedí a Menéndez que los que ejecutaron a los guerrilleros fueran los jefes y oficiales de la Guarnición Córdoba, muchos ni llegaron a juicio. Aceptó y dijo que él se pondría primero. Después fueron conformando equipos con distintos jefes.
¿Cómo era el procedimiento?
Había que hacer un pozo, llevar piedras…
Siempre se dijo que Menéndez participó del fusilamiento del sindicalista Tomás Di Toffino.
—No lo sé, porque eso fue después de que yo me fui. Habría que preguntarle a la hija, Silvia. Ella quiere saber dónde está el cuerpo de su padre y yo lo entiendo, yo sé dónde está… yo sé dónde están los desaparecidos, ya lo dije…
¿Dónde están?
—Eh… Cuando vinieron a destruir todas las pruebas, se los desenterró, vinieron oficiales y suboficiales de distintos lugares del país, que ni Menéndez sabe los nombres, no los sabe nadie. Desenterraron los cuerpos, alquilaron una máquina para moler piedras y los pasaron por ahí. Los dejaron chiquititos así como una moneda, es lo que me han contado a mí, me lo contó uno de los imputados, y la mitad los pusieron en la capa más profunda del terraplén donde empieza la ruta que va a La Rioja. Apenas pasa Villa de Soto y empieza La Rioja, en los primeros cien metros a la derecha.
¿Cómo estaban enterrados?
—En pozos escalonados.
A principios de este año, Vergez dejó Bouwer -su prontuario 59782 lo considera un reo problemático- y fue trasladado al Pabellón B de la Unidad 34 de Campo de Mayo, desde donde sigue por videoconferencia las audiencias del juicio “Vergez-González Navarro”, que lleva adelante el TOF1 de Córdoba y que tendrá sentencia en 2018. De ser hallado culpable, será su tercera condena. En 2012, el Tribunal Oral Federal 5 lo condenó a 23 años por tres desapariciones y cuatro casos de tortura ocurridos en 1977 en Buenos Aires, cuando integró el Batallón 601.
Ahora es juzgado por crímenes cometidos en Córdoba entre 1975 y 1976 por el Comando Libertadores de América (CLA), un grupo clandestino que él lideró, conformado por policías y militares dirigido desde el Batallón 141 de Inteligencia. Vergez es el ideólogo de la represión en Córdoba: comenzó incluso antes que Luciano Benjamín Menéndez se haga cargo del Tercer Cuerpo de Ejército. De su legajo personal surge que llegó destinado a ese destacamento Teniente Primero y luego como Capitán desde el 7 de diciembre de 1974 hasta el 29 de julio de 1976. Algunos de esos crímenes los cuenta en su libro titulado “Yo fui Vargas: el antiterrorismo por dentro”, publicado a fines de los ochenta.
Por Waldo Cebrero
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sábado, 16 de diciembre de 2017

¿El diputrucho es Massot?

Nicolás Massot fue uno de los principales operadores macristas en la fallida sesión del jueves en el Congreso Nacional, que incluyó una inusitada represión contra manifestantes, agresiones a diputados opositores y maniobras del macrismo con diputruchos para lograr el quórum necesario para poder aprobar el recorte a los jubilados.
Sin embargo, la presencia de Massot en el recinto es la que se podría poner en entredicho: no habría cumplido con el tiempo mínimo de residencia en Córdoba para poder ser electo diputado nacional.
Massot es un economista formado en la Universidad Di Tella, casa de estudios que se ha convertido en una incubadora de dirigentes del PRO. Tiene apenas 32 años y hace un quinquenio inició su carrera como funcionario en el gobierno de la capital argentina: fue Director de la Reforma Política primero y luego tuvo a su cargo la Dirección de Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ejerciendo ambas funciones, comenzó a hacer pie en Córdoba, primero promocionando la Boleta Única Electrónica en Río Cuarto y luego inaugurando la Casa de Buenos Aires en la docta. En 2013 fue enviado por el entonces ministro de gobierno porteño, Emilio Monzó, como operador político para trabajar en la campaña para diputado de Héctor “La Coneja” Baldassi.
Tras su renuncia al último puesto en la intendencia porteña -producida el 7 de abril de 2014- y habiendo iniciado una relación de pareja con la hija del ex intendente cordobés Germán Kammerath -condenado por corrupción-, Massot se radicó efectivamente en Córdoba para trabajar en el armado del Frente Juntos por Córdoba (UCR – PRO – Frente Cívico), versión vernácula de Cambiemos.
Simultáneamente a la campaña de gobernador de Oscar Aguad, se produce el cierre de listas de candidatos a diputados y senadores nacionales por Córdoba el 20 de junio de 2015 y Massot aparece en el quinto lugar de la boleta de Cambiemos. En ese momento había fijado domicilio en un coqueto edificio de Nueva Córdoba a poco más de 200 metros del Parque de las Tejas.
La Constitución Nacional establece como requisito para ser electo diputado nacional ser nativo de la provincia que representa o tener un mínimo de dos años de residencia en la misma. Habiendo dejado su puesto en el gobierno porteño en abril de 2014; en junio de 2015 cuando se presentaron las listas de candidatos a diputados, Massot tenía un año y dos meses de residencia efectiva en la provincia de Córdoba. Es decir, le faltaban diez meses de residencia real para ser candidato cordobés, según develó una investigación de Striptease del Poder.
El diputado Massot es hijo de Alejandro Massot y sobrino de Vicente, ambos ex dueños del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Su tío Vicente fue el primer periodista en la historia argentina en ser imputado como responsable de delitos de lesa humanidad y en 2015 fue enjuiciado por esos crímenes, pero no recibió condena. A su vez, fue beneficiado con una falta de mérito firmada por el juez federal subrogante de Bahía Blanca Claudio Pontet en una causa por complicidad empresarial con delitos cometidos por la última dictadura cívico militar.
El fallo del juez interino fue apelado con severas críticas por los fiscales de la Unidad que interviene en procesos por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia. Los funcionarios judiciales acusan al tío del diputado Massot de haber efectuado “aportes esenciales” para “el ocultamiento deliberado de la verdad”. Nebbia y Palazzani señalan que el diario de los Massot, durante el terrorismo de Estado, presentó como “enfrentamientos” las ejecuciones de opositores a la dictadura, entre otras operaciones de desinformación.
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Los Massot, una familia "sin culpa"

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Patricia Bullrich y Laura Alonso habían decidido que Nisman no expusiera ante el Congreso

El fiscal de la causa por el atentado a la AMIA, Alberto Nisman, no iba a ser convocado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para que brindara información sobre la imputación que había realizado días antes contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman por el supuesto delito de "encubrimiento" de los supuesto responsables de la voladura perpetrada en 1994.
Según consta en la causa judicial que investiga la muerte de Nisman, ocurrida el domingo 18 de enero de 2015, la entonces diputada nacional Laura Alonso se reunió -ese mismo día- con la presidenta de esa comisión de Diputados, Patricia Bullrich, y con otros ahora funcionarios de Cambiemos y acordaron que Nisman no realizara su exposición.
La decisión fue tomada a las 18, sólo unas pocas horas antes de que el cuerpo de Nisman fuera encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero (Buenos Aires).
Según declaró Alonso ante la Justicia: "A pedido mío, nos reunimos los diputados Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Cornelia Schmidt-Liermann y se sumó por altavoz telefónico en un par de ocasiones el diputado Mario Negri. Que en esa reunión se evaluó el clima de violencia verbal que se había generado en esos días por parte de voceros del oficialismo y decidimos que dado que la reserva no estaba garantizada para la reunión del día siguiente en la comisión de Legislación Penal el Fiscal no se presentaría ante la comisión, sino que permanecería en alguna sala u oficina y no se lo invitaría a exponer dado que las condiciones solicitadas por el fiscal no estaban dadas".
Esta versión de Alonso fue ratificada por uno de los participantes de esa reunión, el ahora presidente provisional del Senado, Federico Pinedo: "Decidida la forma en que iba a llevar a cabo la reunión fue que Nisman decidiera si quería o no declarar. Si decidía no declarar, lo hacían salir del mismo modo en que iba a ingresar al Congreso. (...) Nisman había dicho que tenía cosas para decir que no podían hacerse públicas".
Alonso y Bullrich también figuran en la causa debido a que entre el viernes 16 y el sábado 17 llamaron a Nisman varias veces supuestamente para convencerlo de asistir a dicha reunión en Diputados.
Sin embargo, Alonso dio otra versión de los hechos en la investigación judicial que todavía no puede establecer el motivo por el cual Nisman perdió la vida.
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El audio en que Nisman destroza los argumentos de su propia denuncia contra Cristina

jueves, 7 de diciembre de 2017

Argentina: no sólo persiguen a políticos opositores, también a científicos

Un reconocido científico argentino ha sido procesado acusado de haber abusado de su autoridad y violado su deber como funcionario público a la hora de inventariar los glaciares patagónicos cuando era director del Instituto Argentino de Nieve, Hielo e Investigación Ambiental (IANIGLA) en Mendoza, y así permitir la contaminación de los mismos por parte de las empresas mineras.
Lo que se escondería detrás de esta maniobra sería avanzar contra la Ley de Glaciares que protege el acceso al agua de millones de argentinos.
El caso ya llegó a medios científicos de renombre, como las revistas especializadas Nature y Science, que esta semana publican que Villalba apeló la acusación del juez Sebastián Casanello el 4 de diciembre, "pero si pierde, el caso irá a juicio. Mientras tanto, el tribunal ordenó a Villalba que permanezca en el país y autorizó la incautación de sus activos por hasta 5 millones de pesos".
El investigador superior del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) ha recibido el apoyo de gran parte de la comunidad científica argentina, que ha salido a denunciar la intención del gobierno de Mauricio Macri de querer seguir beneficiando a las mineras (a las que les sacó las retenciones apenas asumió como presidente) a partir de modificar, desde febrero, la Ley de Glaciares.
"En el inventario uno tiene que definir un piso base de qué va a inventariar. Los glaciares son cuerpos grandes, miles de hectáreas y se decide a empezar a inventariar desde una hectárea. Suiza lo hace desde diez hectáreas, Canadá desde cinco, Francia también cinco, Chile optó por una hectárea. Por limitaciones técnicas no se puede inventariar menos de una hectárea porque vos por imágenes satelitales no podés detectar glaciares de menos de una hectárea. Y ahí viene el cuestionamiento: "Si el IANIGLA hubiera inventariado todos los glaciares, entonces la Barrick Gold no se podría haber instalado". Entonces como el IANIGLA no hizo bien las cosas, actuó en connivencia con la Barrick y entonces el culpable de los derrames es el IANIGLA", se defendió Villalba.
Pero también apuntó a la cuestión de fondo: "Me parece sumamente preocupante que se cuestione la calidad de las investigaciones en Argentina, es decir, estamos cuestionando la calidad de los resultados que producen los investigadores y por tanto la labor científica. Cuando los científicos de otros países se enteraron del inventario de glaciares, realizado con estándares internacionales, hemos recibido un importante respaldo por la tarea pionera que se está haciendo en Sudamérica. Por otro lado, hemos recibido comentarios de que posiblemente en febrero del año que viene se comience con un nuevo proyecto de Ley. Entonces uno ve todas estas coincidencias: se cuestiona el inventario, se cuestiona la ley. Y es importante decir que el inventario se renueva permanentemente, se actualiza todo el tiempo, hay un monitoreo permanente. Cada cinco años se realizan modificaciones para ver los cambios en el tiempo".
Y advirtió: "Los recursos naturales en Argentina están protegidos por ley. Pero así como los bosques tienen una Ley de Presupuestos Mínimos, es necesario que los glaciares tengan la suya. El desarrollo y la supervivencia de millones de personas dependen de la regulación de la nieve y del hielo, de los caudales que de los cuerpos de hielo derivan. Si analizamos la provincia de Mendoza, los glaciares representan menos del 1% de la superficie provincial y que puede proveernos el 40% del agua, de nuestros ríos en un momento de sequía, no quedan dudas de que estamos frente a un recurso estratégico. Se de muchos lugares en el mundo en donde los glaciares están siendo destruidos. La provincia de Mendoza, después de Santa Cruz, es la provincia que más glaciares tiene y eso ocupa menos del 1% de la superficie provincial, o sea, que tenemos más del 99% de nuestra superficie para que hagamos otras actividades. No es que la Ley de Glaciares esté impidiendo el desarrollo económico de la provincia sino que la Ley está diciendo "esto es importante, esto es clave, de esto depende la vida de cientos de personas". Es muy importante que esa Ley se siga manteniendo. Yo creo que no debe cambiar este espíritu estratégico de que es un bien público".
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Hasta en Chile se hacen eco

lunes, 4 de diciembre de 2017

La muerte en Cambiemos

"Parecen hechos disociados, pero la desaparición del submarino ARA San Juan, el asesinato de Rafael Nahuel y la muerte de Santiago Maldonado comparten un sino fatal: un Estado cooptado por una casta cuyo interés vital es generar un modelo para hacer negocios cueste lo que cueste.
Mucho se ha escrito y hablado acerca del Gobierno de los CEOs, pero pocas veces esa caracterización tuvo tanta incidencia en la escena política como desde que Cambiemos logró instalar que en las últimas elecciones legislativas obtuvo un triunfo tan contundente que le permite y legitima ir por todo, en una ofensiva brutal por lograr la restauración de privilegios y negocios que de algún modo habían sido morigerados desde 2003 a 2015.
En tantísimas oportunidades, también, se ha indicado que un modelo como el que encarna la alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical no cierra sin represión a la protesta social. Los hechos de la última semana, sumados a los acontecidos desde la asunción de Mauricio Macri y su cohorte de ejecutivos, obligan a un diagnóstico que estremece: por primera vez, cobijada bajo millones de votos, una pandilla de rapiñeros de alta gama gobierna a la Argentina.
Esos bandoleros asumieron que la legalidad bien puede ponerse en valor “con el Winchester en la mano”, y que la defensa de los intereses económicos de latifundistas extranjeros, petroleras, agroexportadores, financistas, banqueros, mega empresarios y grupos mediáticos oligopólicos está por encima del valor que tiene la vida.
Hace algunos años, el empresario inmobiliario Nicolás Van Ditmar, rodeado de empleados de la firma Hidden Lake, perteneciente al magnate inglés Joe Lewis, amenazó: “Vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
En los últimos días, en voz alta, el obispo de Bariloche Juan José Chaparro advirtió a “las autoridades” del Estado que deben abrir “canales de diálogo” con las comunidades mapuches, en el marco del asesinato del joven Rafael Nahuel, de apenas 22 años, para que hechos como ése “no se repitan y no comencemos a sumar muertos”.
Pese al proverbial conservadurismo de la jerarquía eclesiástica argentina, las definiciones del obispo de Bariloche en estos tiempos se apoyan nada menos que en las expresiones apostólicas del papa Francisco, quien ya en la encíclica Laudato Si señala que “la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada”.
Para quienes se sientan sorprendidos por el nivel de violencia política que exuda el régimen macrista, sería bueno que reparen en este momento histórico, porque la oligarquía siempre instaló que la violencia armada la origina el Pueblo. Así sucedió en los años 70, así comienza a ser relatada por los nuevos ideólogos del enemigo interno.
Una colega rosarina, Ilka Luetich Podestá, a propósito del homicidio de Rafael Nahuel, publicó en la red social Facebook una reflexión inquietante: “A todo esto, ¿Benetton y Lewis no saben/no contestan?”. El posteo de la periodista subraya que  “es una reflexión acerca de hechos que ocurren en la zona donde tienen las tierras Benetton y Lewis; hechos que obviamente no pasan desapercibidos aunque los dueños no se encuentren en el país. Benetton pone el foco de sus campañas publicitarias en aquellos que son discriminados, las minorías vulnerables, los refugiados, el sida, etc. Lewis ha desarrollado eventos benéficos en sus tierras para niños vecinos, incluidos mapuches. Entonces su silencio se torna ominoso y cargado de sentido ante hechos que deberían conmoverlos. En el predio Lewis está el Lago Escondido, que era público hasta que aquel adquirió las tierras, cuyo proceso de adquisición merece un capítulo aparte. El presidente Macri es amigo personal de Lewis y ha parado en su propiedad. Supongo que se ha bañado en el lago, cuyo acceso a la población general es prohibido, si es necesario, «con el Winchester en la cintura»”. Luetich Podestá también recordó a los matones que prometen regar con sangre ajena la Patagonia (...).
Hace poco más de un año, el ex ministro de Educación Esteban Bullrich, en el marco de la inauguración de un Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro dijo la trístemente célebre frase “esta es la nueva Campaña del Desierto, pero sin espadas, con educación”.
La expresión desconcertó a algunos, irritó a muchos más, pero también generó reflexiones de quienes no tomaron esos dichos como un discurso casual o infortunado.
La periodista Nora Veiras, en un artículo publicado en Página 12, recordó que apenas un mes antes de pronunciar la frase, “Bullrich había dicho que Soy Roca, la biografía de Félix Luna sobre el ideólogo y ejecutor del exterminio de los pueblos originarios es uno de sus libros de cabecera. Quizás esa inspiración sumada al escenario, Choele Choel, la ciudad fundada en 1879 durante la llamada Segunda Campaña al Desierto, inspiró el breve discurso del ministro ante la invitación del gobernador Alberto Weretilneck”.
Aquel dijo otras dos cositas, el ahora senador nacional por la provincia de Buenos Aires: “Sin profesionales que multipliquen lo que hacemos, no sirve de nada porque no estaríamos poblando este desierto”. Y acto seguido aclaró: “Ustedes hacen que no sea un desierto”.
Veiras dialogó con el historiador Sergio Wischñevsky, quien señaló algo más que interesante: “Apelan al «desierto» porque consideraban que toda la gente que vivía ahí no era gente. Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano analizaron, en un ya clásico ensayo, que la idea del desierto surge de Europa, donde ellos se consideraban la civilización y veían al mundo árabe como el desierto. Esa concepción se traslada a Buenos Aires como la civilización que avanza sobre la barbarie. Es increíble que nuevamente apelen a esa idea de avanzar sobre el atraso”.
Wischñevsky, además, remarcó que “lo más triste es que esa campaña fue un genocidio. Miles de indios fueron exterminados o enviados a la Isla Martín García, fueron torturados en lo que puede analizarse como uno de los primeros campos de concentración”.
El historiador, que hace más de un año no sabía que las fuerzas de seguridad federales iban a apresar a pequeños mapuches de entre un año y siete e iban a amarrar sus manitos con precintos de plástico, sí recordó que “Marcelo Valko, en su libro Pedagogía de la Desmemoria, cuenta que (durante la Campaña del Desierto) hubo una epidemia de viruela que mató en masa a los indios, hicieron hornos crematorios y a los muertos para que no contagien los iban tirando a los hornos. A los chicos que quedaban huérfanos los ofrecían en avisos en los diarios, que decían «pequeño indiecito se vende para servicio doméstico y otros quehaceres»”.
Pero lo que le da perfecto anclaje a aquella matanza de indios con el accionar actual de los CEOs asociados con el radicalismo es algo que Wischñevsky recuerda con precisión: “Ese avance criminal permitió que se apropiaran de once millones de hectáreas y se repartieran entre unas 290 familias, entre ellas los Martínez de Hoz fueron beneficiadas con 2,5 millones de hectáreas”. Nora Veiras destacaba en su nota que “la familia Bullrich, con dos ministros en el gabinete de Cambiemos, fue otra de las beneficiarias de los grandes latifundios bonaerenses surgidos de la Campaña al Desierto. Una marca en el ADN”.
Y hablando de ADN, la Agencia Digital de Noticias de Río Negro (ADN), publicó el año pasado, a propósito de la brutal expresión de Bullrich, un artículo firmado por el docente Martín Díaz titulado “Bullrich lleva en su ADN la conquista del desierto”.
En ese texto, se recuerda un dato elocuente: “No debemos olvidar que el ministro de Educación es chozno de Adolfo Bullrich, quien nació en 1833, estudió en Alemania, se alistó en la Guardia Nacional y el 3 de abril de 1867, fundó Adolfo Bullrich y Cía, una casa de remates. En el solar que hoy ocupa el Patio Bullrich, entraban grandes tropas de vacunos y se vendían vastas tierras ganadas al indio durante la Campaña al Desierto. Julio Argentino Roca (su amigo) lo designaría intendente de la Ciudad de Buenos Aires en su segunda presidencia. Su amistad con Roca y su Campaña nos hacen comprender por qué los Bullrich se encuentran entre los grupos agropecuarios con más de veinte mil hectáreas en la provincia de Buenos Aires y por qué Esteban Bullrich no vacila en reivindicar la Conquista del Desierto y en proyectar sobre el presente su arrasador sentido de la civilización”. Y por cierto plantea una nueva demostración de por qué en este gobierno la muerte es protagonista".
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martes, 28 de noviembre de 2017

Productores de Mirtha Legrand, Lanata y Longobardi son funcionarios de Cambiemos

Va corriendo el tiempo de Cambiemos al frente del gobierno nacional y cada vez se torna más indisimulable la connivencia entre los grandes medios de alcance nacional y la administración macrista.
En los últimos días, se revelaron más relaciones subrepticias entre algunas grandes estrellas periodísticas (del Grupo Clarín) y el gobierno de Mauricio Macri.
Primero fue el caso de la productora ejecutiva del programa Periodismo Para Todos que conduce Jorge Lanata, Tamara Florín, que es actual directora de Prensa y comunicación del Ministerio de Cultura.
Antes, había sido funcionaria del Fondo Nacional de las Artes, y en el gobierno porteño, trabajó en el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, según su propio perfil profesional en la red LinkedIn.
Ayer, se conoció el caso del productor ejecutivo del principal periodista de radio Mitre (Grupo Clarín), Marcelo Longobardi.
Hernán "Bubu" Anbinder es actual director nacional de Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Anbinder asumió en diciembre de 2015, ni bien iniciado el gobierno de Macri. Además, es el director de marcelolongobardi.radiomitre.com.ar, un sitio que funciona dentro de la plataforma web de radio Mitre.
Por esta web, sólo en los primeros 6 meses del 2017, Marcelo Longobardi recibió 211.750 pesos de pauta publicitaria del gobierno de Macri, casi en su totalidad a través de su productora, LRH Producciones SA.
En diciembre del año pasado, se supo que Silvia Peschiera, productora periodística de Mirtha Legrand, es también funcionaria de Cambiemos.
Peschiera es subgerenta de Prensa de Trenes Argentinos, la operadora ferroviaria estatal que depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Antes, en noviembre de ese mismo año, el productor de Alejandro Fantino, Juan Cruz Ávila, fue nombrado por Macri y durante 6 meses al frente de Hospitales Universitarios, área que depende del Ministerio de Educación.
En 2105, días antes que Mauricio Macri asumiera la presidencia, había trascendido la decisión de poner a Ávila al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias, también en el ámbito del Ministerio de Educación. Rectores, docentes y estudiantes criticaron la falta de idoneidad del productor de Fantino para el cargo, y el gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás con el nombramiento.
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Cuando el macrismo le dio un contrato de 1,5 millón a Nacho Viale

lunes, 27 de noviembre de 2017

Como en caso Maldonado, hombre de Patricia Bullrich participó de represión contra mapuches

"Gonzalo Cané, el mismo funcionario enviado por Patricia Bullrich a Esquel (Chubut) para intervenir en la causa Santiago Maldonado, participó del violento desalojo de la comunidad Lafken Wuinkul Mapu en Villa Mascardi (Río Negro) llevado a cabo el jueves por Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, del que participaron 300 efectivos para rodear por agua, aire y tierra un asentamiento de siete familias, la mayoría mujeres y niños.
Al término del cinematográfico despliegue y exhibición de fuerza, sólo 9 personas fueron detenidas en la delegación de la Policía Federal en Bariloche. Entre ellos ningún hombre, pero sí una mujer mayor de edad que debió ser trasladada al hospital para corroborar la existencia de lesiones, y cinco chicos, uno de ellos un bebé. Los pequeños llegaron a ser precintados por los efectivos comandados por Cané.
Luego de ese violento desalojo del jueves, las fuerzas federales conducidas por Cané asesinaron, el sábado, a Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, y provocaron heridas de balas de plomo en otros 3 integrantes de la comunidad. Mientras tanto, detuvieron a dos jóvenes, que además de ser testigos de la muerte de Nahuel, denunciaron haber sido torturados.
Ayer, luego de una intensa negociación que duró varias horas entre el juez de la causa, representantes de la comunidad mapuche, organismos de derechos humanos y el obispo de la diócesis de Bariloche con el grupo de jóvenes que se niega a abandonar el predio en el lago Mascardi, se acordó suspender la medida de desalojo y entablar una mesa de diálogo con las autoridades, incluyendo a Parques Naciones, para resolver el tema de fondo acerca de la tenencia de la tierra.
El secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, del Ministerio de Seguridad de la Nación, (tal el cargo de Cané) se volvió conocido por sus intervenciones en la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, introduciendo nuevas hipótesis en el expediente del habeas corpus que fueron rápidamente desmentidas por los hechos.
Pronto su constante presencia junto al entonces juez del caso, Guido Otranto, y su injerencia sobre las medidas de prueba que emanaban del juzgado hicieron sospechar que su verdadera función no era otra que la de reconducir la causa, apuntando hacia la comunidad mapuche, para alejarla de la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Cané siempre reportó directamente a Patricia Bullrich, con las atribuciones suficientes para ejercer una férrea marca sobre el juez federal, travestir el expediente y levantar informes reservados que luego constituyeron la presentación de la ministra ante el Congreso.
Fue Cané quien introdujo la hipótesis del “puestero de Epuyén”, y quien se opuso, según consta en el acta alzada por la Policía Federal de Esquel, a que Gendarmería sea apartada de las inmediaciones de la Pu Lof en resistencia Cushamen. Por el contrario, Cané se convirtió en un férreo defensor del accionar de la fuerza de seguridad en la zona. Las fotografías lo muestran participando del rastrillaje del 16 de agosto, junto al río Chubut, cuando un policía de Río Negro encontró vainas servidas y balas de 9 milímetros que no fueron recogidas ni consignadas por el juez Otranto ni por la fiscal Silvina Ávila.
Antes de dejar Esquel, Cané también supervisó, presentándose con el subterfugio de “auxiliar de la justicia”, el allanamiento del 18 de septiembre a la Pu Lof al cual describió como “el procedimiento, el allanamiento porque no es un procedimiento, más grande de la historia argentina: 380 efectivos, buzos, más de 40 móviles, dos helicópteros, cuatro camiones de comunicaciones de Policía Federal, telefonía satelital, los cuerpos especiales de la PFA, grupo Albatros de Prefectura, etc”.
Cumplida su faena (nunca del todo explicada oficialmente), ya camino al aeropuerto de Esquel, dejó una frase: “Hoy vuelvo por suerte, todo tranquilo, me subo a la camioneta, puede estallar la bomba atómica que no miro para atrás”".
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Más:
Los empresarios de Villa Mascardi celebraron la represión

domingo, 26 de noviembre de 2017

Durísimo testimonio de periodista desde Bariloche luego de la represión

La comunicadora Susana Yappert dio cuenta de lo vivido ayer en Bariloche, luego de que la Prefectura asesinara a un mapuche e hiriera a por lo menos tres más, en un nuevo operativo de represión que los medios oficialistas tratan de tapar presentándolo como un simple "enfrentamiento".
Las fuerzas de seguridad federales detuvieron a dos personas, Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, que además serían testigos del asesinato de Rafael Nahuel, un mapuche de 22 años que murió luego de recibir por la espalda una ráfaga de ametralladora de la Prefectura.
"Recién llego del Hospital de Bariloche. Desde las 5 de la tarde estamos acompañando a mujeres mapuche con sus chicxs y miembros de distintas comunidades que quieren saber quién de los suyos fue asesinado o herido en la represión-cacería en el Lago Mascardi", contó Yappert, anoche, en su cuenta de Facebook.
"Hace 5 horas que nadie les informa nada. Las mujeres corren atrás de las ambulancias que llegan a la guardia para saber si traen a sus heridos. Abogadas defensoras de derechos humanos interpusieron habeas corpus preventivo. La Cámara de Comercio local celebró la represión. Hubo gente celebrando en la ciudad que asesinaron a un indio. Hay gente en la ciudad que "quiere bala".
Vi a mujeres mapuche llorando, angustiadas, sufriendo. Las vi cortando la calle y haciendo fuego en la puerta de Parques Nacionales. Las vi correr de la policía y bajar hacia a Catedral. Vi cómo dos hombres de casi dos metros fueron a pegarle a mujeres mapuche y a sus hijos pequeños que habían interrumpido una misa para denunciar que estaban asesinando a su gente. Vi a dos jóvenes que fueron a impedir que eso ocurriera. Una mujer le pegó a un niño mapuche en la catedral. Lo vi llorar, y a su madre preguntar quién lo había hecho sin que nadie respondiera. Escuché a los fieles decir que si estaban matando mapuche "algo habrán hecho".
Cinco horas esperando que alguna autoridad local, provincial, nacional informara qué estaba pasando en el Lago Mascardi. La ciudad se llenó de policías, la ruta camino a El Bolsón estuvo horas cortada, no dejaron pasar a organismos de DD.HH que iban al lugar donde se estaba produciendo la represión cacería. Hace un rato ordenaron allanamientos en el km 7, donde vive una mujer de la comunidad: sus lamienes pedían urgente abogados y abogadas que las acompañen.
Me vine a casa a escribir estas líneas, algunas personas y organizaciones esperaban en el hospital novedades. La espera y el silencio, una crueldad infinita".
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jueves, 23 de noviembre de 2017

Recortan indemnizaciones: fallo judicial va contra los trabajadores

En medio del intento del gobierno de Mauricio Macri de recortar derechos elementales de los trabajadores argentinos, la justicia laboral bajó la tasa de interés para actualizar las indemnizaciones, justamente uno de los blancos de la denominada reforma laboral macrista.
La tasa estaba ubicada en el 36% y ahora será del 29,35% (tasa activa efectiva anual del Banco Nación), luego de un fallo dictado por la Cámara en lo Laboral por 11 votos a favor y 2 en contra.
La polémica decisión no sólo perjudica a los trabajadores en términos económicos sino también incentiva la especulación financiera de los empleadores ya que ahora esa tasa es más baja que la que pagan las Lebacs (29,35% contra 29,60% de la Lebac más alta). Por lo tanto, un empresario preferirá participar de la bicicleta financiera antes que cerrar un arreglo laboral justo para con su trabajador despedido.
Esta sensible baja en el cálculo de las indemnizaciones se conoce cuando desde diferentes sectores se proponía subir la tasa al 37% a favor de los trabajadores.
Además, la decisión judicial evita el trabajo del Congreso Nacional, ámbito de representación donde deberían discutirse todas aquellas medidas que afecten los derechos de los trabajadores.
Precisamente, el gobierno de Cambiemos envió el proyecto de ley para avanzar contra los derechos laborales y uno de los puntos centrales tiene que ver con la definición de la base sobre la que se calcula la indemnización por despido sin justa causa. La ley de Contrato de Trabajo determina hoy que el empleador debe pagar un monto equivalente a un mes de sueldo por cada año de trabajo o fracción mayor a tres meses, "tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual" del último año.
En eso, el borrador de reforma preparado por el Gobierno no contempla cambios. Pero en el texto sí se agrega un párrafo, para disponer que de la base de cálculo se excluya tanto el monto proporcional del aguinaldo como los pagos por horas extras, comisiones, premios, compensaciones por gastos "y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual".
Otra cuestión de la ley actual que es eje de conflictividad es el tope a las indemnizaciones. El borrador de reforma no prevé modificar lo vigente, que indica que el monto base para el cálculo no debe superar el equivalente a tres veces el promedio de todas las remuneraciones del convenio colectivo que le corresponda al trabajador, una variable cuyo monto debe publicar el Ministerio de Trabajo.
Pero especialistas lamentan que la propuesta no considere causas en las que los jueces fijaron un límite para la aplicación del tope. El criterio indica que no debería reducirse la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en cuestión, a menos del 67% del monto original.
A su vez, una de las novedades del borrador del Gobierno es la posibilidad de que se constituyan fondos de cese laboral sectoriales. El fondo, según la propuesta, sólo podría existir si hay acuerdo entre representantes de empresas y sindicatos, en el marco de un convenio colectivo. En cada caso debería fijarse el aporte mensual que tendría que hacer el empleador. Y el monto a pagar por despidos sería el mismo que dispone la ley en forma generalizada.
En materia de indemnizaciones, la propuesta oficial también prevé cambios al sistema de sanciones por trabajo en negro. Por un lado, se eliminaría la duplicación del pago por antigüedad cuando se trata de una relación no blanqueada. Por otra parte, se alivian las sanciones dispuestas, equivalentes al 25% de las remuneraciones, cuando el registro no se haya hecho en la forma debida (esos pagos a favor del trabajador pueden ser pedidos en cualquier momento de la relación, pero en la práctica, los reclamos suceden tras un despido). El proyecto prevé cambiar la penalidad y disponer el pago de un 25% del salario mínimo, vital y móvil, no ya a favor de la persona, sino de la seguridad social.
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sábado, 18 de noviembre de 2017

Córdoba: la embajada de Estados Unidos y una fundación PRO adoctrinan sobre seguridad

La embajada de Estados Unidos y la Fundación Contemporánea, vinculada al PRO a través de su ex presidente Gonzalo Santamarina, adoctrinaron a jóvenes dirigentes sociales y políticos sobre "seguridad ciudadana" en un encuentro que se realizó en Río Cuarto este jueves y viernes.
Las jornadas fueron auspiciadas por el gobierno de Córdoba, criticado estos años por promover un polémico Código de Faltas, que tenía la figura del "merodeo", con una policía provincial acusada de varios casos de gatillo fácil y de vínculos estrechos con el narcotráfico, y una justicia provincial indiferente a muchos de esos casos.
En el pasado reciente, el gobierno cordobesista intentó instrumentar políticas de seguridad asesorado por la embajada norteamericana, que terminaron con el levantamiento policial de 2013, que degeneró en masivos saqueos y linchamientos, y produjo la inmediata renuncia de la entonces ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva (actual funcionaria de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad).
De la apertura del encuentro participaron el presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez (a la derecha, en la foto de abajo); el director del Observatorio de Estudios de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Provincia, Roberto González; el coordinador del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, Claudio Stampajlia; y el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas (en el centro, en la foto de abajo), entre otros funcionarios.
Estos seminarios de doctrina norteamericana sobre seguridad son auspiciados por el ministerio de Patricia Bullrich, que se ha reunido ya varias veces en Estados Unidos con funcionarios clave del FBI, la DEA, el Departamento de Estado y Seguridad Interior, órganos con los cuales ha suscripto diversos convenios de "colaboración e intercambio de información criminal".
Además, el gobierno de Cambiemos compra equipamiento militar al gobierno estadounidense, como así también firma pactos político-militares no refrendados por el Congreso argentino, que incluyen el entrenamiento de tropas argentinas en el extranjero (El Salvador, por ejemplo) y el ingreso de tropas norteamericanas a suelo nacional.
Por su parte, la Fundación Contemporánea, una de las organizadoras del evento en Río Cuarto, fue creada en Mendoza, por el entonces gobernador Celso Jaque, que financió económicamente a este think tank de raigambre "humanista cristiano", de donde salió el actual diputado nacional, Diego Bossio.
Su ex presidente Gonzalo Santamarina fue candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, y es funcionario de Jorge Triaca (h) en el ministerio de Trabajo. El actual presidente de la fundación es Juan Miguel Bestani.
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martes, 14 de noviembre de 2017

Cuando el Estado se hizo cargo de los sueldos de radio Mitre

En su lucha por radicalizar a sus moderados del Corea del Centro, el periodismo macrista no sólo salió a cubrir a los Leuco -que tuvieron que admitir, con el paso de las horas, que Alfredo no había recibido ningún insulto antisemita en la gala de los Martín Fierro a las radios porteñas- sino también a rechazar cualquier intento de solidaridad con los trabajadores que están siendo despedidos en varios medios de comunicación, que ya suman más de 2 mil.
La propuesta de que el Estado argentino intervenga con instrumentos que preserven los puestos de trabajo fue rechazada de cuajo por las principales figuras de un periodismo oficialista cada vez más traumatizado por las hilachas que aún sus audiencias cautivas pueden observar a la hora de rescatar aquel viejo discurso de la objetividad y la independencia, caballito de batalla durante el gobierno K, desierto de críticas e investigaciones comprometedoras durante Cambiemos.
Sin embargo, justamente radio Mitre, la emisora estrella del Grupo Clarín, fue ayudada por el kirchnerismo con el pago de sueldos en 2009.
En noviembre de ese año, el periodista Pablo Sirvén contaba en La Nación: "Las que ya están percibiendo una poderosa inyección de dinero público son, asombrosamente, las emisoras porteñas más importantes de la Capital: Radio 10 y Radio Mitre. La primera se ufana de ser la emisora más oída del país; la otra forma parte del Grupo Clarín, que el Gobierno hostiga casi a diario. Hay una tercera, Radio Belgrano, del ex banquero Raúl Moneta, que también se acogió al beneficio. A Radio Rivadavia no se lo dieron, pero en cambio hay otros veinte pedidos otorgados a radios del interior.
El beneficio se llama Programa de Recuperación Productiva (Repro) y lo otorga el Ministerio de Trabajo de la Nación a aquellas empresas que se consideren en "situación de crisis". "Este programa -aclara el instructivo que deben llenar las compañías que aspiran a recibirlo- brinda a los trabajadores de las empresas adheridas una suma fija mensual no remunerativa de hasta 600 pesos y por el plazo de 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante el pago directo por Anses." Claro que para acceder a él "las empresas deben acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal".
Hasta agosto último, los subsidios transferidos al sector privado por parte del Estado se elevaban nada menos que a 32.643 millones de pesos. El Repro en particular reparte entre 1493 empresas (casi todas pymes) 197.382.250 pesos".
En el diario Perfil explicaban: "La administración de Cristina Kirchner decidió ofrecer a las empresas radiales un auxilio económico frente a la posibilidad de que se produjera un incremento de despidos de personal. El temor principal del Gobierno era que esos recortes pudieran ser atribuidos a la aplicación de la nueva Ley de Medios y a la reestructuración del mapa del sector.
La señal de alerta se encendió ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de recomposición salarial entre las empresas y los cuatro gremios que aglutinan a los trabajadores de las radios. Fue entonces cuando la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, se comunicó con la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y les ofreció incluir a las radiofónicas en el programa de Recuperación Productiva (Repro), que auxilia a sectores económicos con graves problemas económicos. Le ofreció hacerse cargo de $ 600 del salario de los trabajadores de las empresas que lo solicitaran, durante un período de tres meses, extensible a seis. Según informó Héctor Parreira, director ejecutivo de ARPA, hasta el momento hay 24 radios que adhirieron al plan, con la justificación de que no pueden garantizar la estabilidad laboral de sus empleados".
Alberto Veiga, secretario de ARPA, admitió en diálogo con el diario de Jorge Lanata, Crítica de la Argentina, que "el Repro surgió como una solución frente a un reclamo excesivo de la parte sindical" y alegó que "más allá de dos o tres radios líderes, el resto, tanto las del interior como muchas de Capital, están seriamente comprometidas" por situaciones de crisis. "Es una actividad sumamente deficitaria en la que 70% del costo corresponde a sueldos", agregó el directivo en ese noviembre de 2009.
El domingo en Canal 13, y ayer en radio Mitre, Lanata rechazó la posibilidad que el gobierno de Mauricio Macri saliera al rescate de las empresas de comunicación que están en crisis, afirmando que el Estado argentino no puede solucionar los mal manejos que hicieron los empresarios, y centró -sin sorprender- sus ataques en Cristóbal López -de quien el gobierno y sus medios esperan que sea encarcelado en estos días-, Electroingeniería y Sergio Szpolski.
Sin embargo, con este último, Lanata hizo buenos negocios. Lo recordó el sábado el periodista Javier Calvo, en Perfil: "Tampoco Lanata parece memorioso con otro de sus productos que fueron comprados con dinero paraestatal, como lo que critica de Tinelli y Cristóbal. El periodista más popular del país le vendió su revista Veintitrés a Sergio Szpolski, quien además luego le adquirió por muy buena plata los derechos para publicar capítulos de sus libros en la misma publicación. Distinto a lo que pasa con Cristóbal y Garfunkel (ex socio en el tan pomposo como hueco Grupo Veintitrés), Szpolski no sólo goza de la omisión conveniente de Lanata, sino también de fiscales y jueces que deberían investigarlo. Igual, no todos se olvidan".
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lunes, 13 de noviembre de 2017

Dirigente de Cambiemos era "buchón" de la Dictadura

Un reconocido referente político y sindical que militó gran parte de su vida en el PJ pero que en la última elección apoyó la boleta de Cambiemos en La Pampa fue citado por la Justicia acusado de "marcar" a personas durante la última dictadura cívico-militar en esa provincia.
Carlos Aragonés deberá declarar mañana en una nueva audiencia del juicio de la causa denominada Subzona 14 II, en la que se investigan delitos de lesa humanidad. El ex sindicalista fue acusado directamente en tribunales por testigos y víctimas de la dictadura como delator de los militares, antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Viejo militante del PJ pampeano, llegó a recibir el mote de "El Padrino", por haber respaldado la candidatura de Rubén Marín, que luego sería electo gobernador en 1983, en el regreso de la democracia. Antes, Aragonés había sido interventor del PJ durante toda la dictadura (1975-1985).
En las últimas elecciones, Aragonés respaldó la lista de Cambiemos, encabezada por el macrista Martín Maquieyra, que ganó las Paso en agosto pero perdió las generales de octubre ante el PJ por apenas 76 votos -según determinó el recuento definitivo-.
El papel de Aragonés -ex secretario general de la CGT pampeana- en la campaña de Cambiemos fue obra del ex intendente porteño Carlos Grosso, que también convocó a Omar Cayre, abogado del jefe policial de la dictadura, Luis Enrique Baraldini, también acusado en la causa de la Subzona 14 II, y con prisión domiciliaria.
La historia política de Carlos Aragonés en La Pampa se remonta a los años 70. Como diputado nacional sobresalió por sus prácticas macartistas contra los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional, donde cursaba ingeniería Raquel Barabaschi, una ex detenida que lo define como un "personaje nefasto que en la UTN nos denunció como zurdos, trapos rojos y pertenecientes a la Cuarta Internacional".
"Cuando él era diputado nacional en el 73, nos denunció en la UTN como zurdos, marxistas y subversivos. La historia es así: había venido a hacerse cargo de la Facultad el decano Carlos Agaya y el secretario académico Agustín Lamas, gente muy progre, muy trabajadora. Querían construir. Entre el alumnado había estudiantes radicales, peronistas, socialistas, de izquierda, pero trabajábamos todos juntos, la mayoría. Aragonés era de las 62 Organizaciones y pretendía cooptar todo este movimiento nuestro. Como no le dimos pelota él nos combatió desde afuera y propició una intervención desde Bahía Blanca porque la Facultad dependía de allá. Vino con una patota y nos desalojaron el 21 de enero de 1975. Terminamos presos en Santa Rosa", recordó Barabaschi, uno de los 12 testigos que declaró en contra de Aragonés en el juicio.
El testimonio más revelador sobre la conducta del amigo del coronel Ramón Camps -según fotos y testimonios de la época- lo dio su propio guardiacárcel, Oscar José Aimar. En el pedido de declaración indagatoria para Aragonés que formuló Barabaschi en la causa 246/06 donde lo denunció, se señala que aquel mencionó: "Los comentarios eran que se tenían que cuidar de Aragonés" y que "no sacaba la cabeza por las ventanillas de las celdas. Ni al recreo salía".
Los testigos José Carlos Brinatti, Rosalinda Noemí Gancedo, Hugo Avelino Ferrari, José Martiniano Mendizábal, Francisco José Tineo, Patricio Becares, Mauricio Martín y Santiago Covella, el ex ministro de Obras Públicas pampeano que fue torturado por la patota de la Subzona 14, agregaron más detalles sobre el papel que jugó Aragonés.
Gancedo fue detenida ilegalmente en General Pico en dos oportunidades, y en una de esas ocasiones fue torturada en la Seccional Primera de Santa Rosa, donde funcionaba un centro clandestino de detención.
En su testimonio, recordó que fue detenida por cuestiones políticas y que la Universidad Tecnológica Nacional realizaba "un trabajo social profundo" lo que generaba "rispideces con la CGT, principalmente con Aragonés", quien en ese momento pidió la intervención de la UTN.
Dijo que en enero de 1975 caminaba por la calle y fue interceptada por dos patrulleros. "En uno de ellos, estaba Aragonés y dijo: "Es alumna de la facultad. Deténganla"", recordó. "Nosotros quedamos marcados por Aragonés, fue uno de los civiles que nos marcó", agregó.
La causa de la Subzona 14 II investiga delitos de lesa humanidad contra 236 víctimas. 18 ex militares y policías están siendo juzgados por esos hechos.
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jueves, 9 de noviembre de 2017

Detrás del escándalo: Carrió quiere darle a los pobres alimentos a punto de vencer

Lo que sí informaron los medios: un nuevo escándalo desatado por un exabrupto de Elisa Carrió terminó súbitamente con la sesión de ayer de la Cámara de Diputados de la Nación. Carrió insultó a Margarita Stolbizer y otros legisladores opositores que se negaron a votar un nuevo régimen de donación de alimentos.
Lo que no informaron los medios: dicho proyecto de ley imita una iniciativa del gobierno de San Pablo (Brasil) que habilitaría la entrega de comida a personas de bajos recursos a partir de los alimentos que tiran las grandes cadenas.
Pero eso no es todo: Carrió quiere reincorporar un artículo que fue sacado años atrás que les daría impunidad a los empresarios que "donen" estos alimentos si muere un chico luego de consumirlos en mal estado.
Antes de decirles estúpidos -que para Carrió no es un insulto, según aclaró en su cuenta oficial de Twitter-, la aliada de Mauricio Macri había gritado: "¡Estoy harta del progresismo estúpido!". Ya veía que su proyecto no iba a pasar la votación. Por intervención del kirchnerismo y el massismo, volvió a la comisión correspondiente para corregirlo.
La ley 25.989 establece que "toda persona de existencia física o ideal podrá donar productos alimenticios en buen estado a instituciones públicas o privadas de bien público, legalmente constituidas en el país o a grupos humanos o personas individuales, para ser equitativamente distribuidos entre familias o sectores poblacionales necesitados".
El párrafo que se quería volver a incluir es en el artículo 9, para que una vez producida la entrega de los alimentos, "el donante que actuare de buena fe quedará liberado de toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por el vicio o riesgo de la cosa".
En rechazo de la iniciativa, Federico Masso (Libres del Sur) ironizó: "Hay que agradecerle a las grandes cadenas de supermercados que se van a poner la mano en el corazón y van a donar toneladas de alimentos, en un país que tiene para abastecer de alimentos a 400 millones de personas. Eso se llama hipocresía".
"Lo que se quiere facilitar atrás de esta ley es que estas grandes cadenas no tengan que gastar ni siquiera en flete", sostuvo Masso, y añadió: “Muchas veces hemos golpeado las puertas de estas empresas y lo único que nos han donado son hidratos de carbono”.
Carrió, quien había interrumpido el discurso del diputado con gritos fuera de micrófono, pidió la palabra y lanzó: "Si alguien al que le sobra le da a otro para que coma en condiciones de salubridad, ¿no puede donar? Yo creo que estamos todos locos, ¡hay un progresismo estúpido que cree que es preferible que vayan a buscar a bolsas de basura en vez de tener los alimentos de marca en su casa!".
"¡Estoy harta del progresismo estúpido! ¿Qué quieren, que se mueran de hambre? ¡Déjenme de jorobar!", bramó, mirando a Margarita Stolbizer, que minutos antes había descalificado la iniciativa de Carrió por "inconstitucional y anti ética". "Quieren sacar un certificado de buen samaritano cuando regalo lo que me sobra", había acusado la líder del GEN.
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lunes, 6 de noviembre de 2017

#Superclasico La estafa del nuevo fútbol codificado a los hinchas y socios

Las dolorosas imágenes de hinchas de River y Boca con la ñata contra el vidrio recorrieron las redes sociales durante estas horas, aunque el nuevo negociado alrededor de la televisión del fútbol de primera división ya había comenzado el fin de semana pasado y abarca a 10 de los 14 partidos que se disputan por fecha.
Lo llamativo fue que en algunos puntos del país, los sistemas de cable terminaron liberando la señal de TNT Sports, a través de la que se transmitió el clásico de los clásicos del fútbol argentino, quizás debido a presiones de los sponsors ante la escasa cantidad de abonados que había contratado el pack HD (650 mil antes de este fin de semana; 1.100.000 en éste, según La Nación. Un número muy bajo, teniendo en cuenta que la Argentina tiene 10 millones de hogares, el 90 por ciento de ellos con conexión al cable).
Pero la nueva prohibición de ver libremente el fútbol profesional disparó otras consideraciones:
1- Cuando el fútbol de primera era pago (años 90 y comienzos de los 2000), se podía elegir ir a la cancha, o pagar y mirarlo sentado en el sillón de la casa, pero ahora no se puede ir de visitante, por lo que en esa condición, hay que pagar sí o sí para ver al equipo favorito.
2- Los socios de los club aportan y forman parte de su institución. ¿Por qué empresas como Fox, Turner o TyC Sports (las que se quedaron con el negociado de la televisación) pueden lucrar con los clubes y encima cobrarles a esos socios por ver a su propio equipo? ¿No deberían bonificarles el pack HD? ¿No podrían ser partícipes de las ganancias de esas empresas que lucran con su club?
Estas últimas preguntas ponen en el centro el rol de la desprestigiada AFA (Asociación del Fútbol Argentino), que en teoría debería repartir de forma igualitaria lo que le pagan esas empresas, pero no lo hace así, sino por variables cercanas al concepto del rating. Hay clubes ("los grandes") que cobran más que otros ("los chicos"), y la primera división recibe más plata que el Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.
Mientras tanto, las señales de cable seguirán enfocando las tribunas. Habrá bares que bajarán las persianas para que los que no pueden pagarse una consumición no puedan ver el tele desde afuera del negocio. Los medios que responden a los conglomerados multimediales dueños de la televisación ofrecerán el pack HD con un provocador Llame Ya. Los pontificadores de todo, finalmente, elogiarán que le gente ahora se reúna en esos bares, recuperando esos viejos ritos colectivos, que en verdad esconden la desigualdad y las avivadas de los mismos de siempre.
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sábado, 4 de noviembre de 2017

Con Boudou preso, el gobierno acelera el regreso de las AFJP

En el libro "Intrigas, alianzas y traiciones" (2016), se da cuenta de lo que es una de las anécdotas más conocidas del mundillo político argentino: "Fue Massa quien presentó y llevó a la Quinta de Olivos a su subalterno, Amado Boudou, con el plan de nacionalizar los depósitos de las AFJP.
"Vos estás loco", fue la primera reacción de Massa cuando Boudou le presentó su idea. "Pero si querés se lo cuento a Cristina y lo vemos. Para mí no es viable", le anticipó el entonces jefe de Gabinte.
Massa le transmitió la idea a Boudou a la presidenta, a quien en un primer momento le pareció atractiva. Armaron un encuentro en la Quinta de Olivos y Cristina le ordenó "traelo a Boudou y lo charlamos con Néstor". Así fue cómo Boudou ingresó a la pingüinera a la que no había tenido acceso hasta ese momento.
Cuando Boudou expuso la idea ante el ex presidente, éste la compró de inmediato. Y siempre quedaría con la gran duda sobre si el hacedor de la gran gestión de la ANSES había sido Massa o el tapado que "massita" tenía en ese lugar. Era otra de las chicanas preferidas que el ex presidente descargaba sobre Massa".
El sistema de AFJP había sido un formidable negocio para unos pocos empresarios y una estafa para los trabajadores y jubilados argentinos. Para muchos, la suerte de Boudou quedó echada ante esos sectores de poder por habérsele ocurrido terminar con semejante negociado, que prometía continuar en el tiempo indefinidamente.
Ayer, esos sectores de poder le cobraron la factura: descalzo, en ropa interior y medio dormido, fue detenido por tener -ahora, en el llano- la capacidad de entorpecer la investigación iniciada en 2012 por supuesto enriquecimiento ilícito (a la que ahora el juez Ariel Lijo le agregó lavado de activos y asociación ilícita).
Fue tan humillante la escena, que hasta periodistas y medios oficialistas se han sentido avergonzados por estas horas, inclusive más de un macrista se sentirá intimidado ante la seguidilla de detenciones K, que podría provocar que estos sectores del Poder Judicial sientan la necesidad de disimular y llevar a detener a algún funcionario del gobierno actual.
Pero mientras el antikirchnerismo rabioso disfruta de la entrada en la cárcel de Boudou (uno de sus íconos de la llamada "corrupción K"), el gobierno nacional avanza con sus reformas, especialmente las que afectarán a los jubilados (sus jubilaciones serán recortadas por medirse por inflación en vez de la ley de Movilidad Jubilatoria) y a los trabajadores (extensión de la jornada laboral hasta 10 horas, final del pago de las horas extras, facilitar el despido de un trabajador, reducción de indemnizaciones).
El periodista y economista Guillermo Laborda publicó ayer en el sitio web La Política Online que "el gobierno está estudiando el lanzamiento en 2018 de seguros de retiro voluntario, una suerte de aportes a administradoras de fondos (¿AFJPs?) para aquellos que quieran ahorrar más a futuro y complementar lo que la jubilación estatal les depare. Para incentivar esta operatoria habría beneficios impositivos para estos aportes".
Laborda aportó una inquietante "justificación" al regreso a uno de las peores decisiones de los últimos tiempos (y que los chilenos, por ejemplo, siguen sufriendo aún en 2017): "No sería nada despreciable justo cuando el gobierno en paralelo está buscando modificar la ley de ajuste de las jubilaciones, el mecanismo por el cual se actualizan los haberes previsionales. En épocas de alto rojo fiscal, es obvio que el nuevo ajuste será menor al vigente por lo tanto las jubilaciones tendrán un sendero menor de incrementos".
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jueves, 2 de noviembre de 2017

Córdoba: persiguen a los que piden justicia por Santiago Maldonado

Más de 30 mil personas se manifestaron ayer en el centro de la capital cordobesa reclamando por el esclarecimiento de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, mientras otra multitud -más de 100 mil personas- apoyaba a la familia del joven en Plaza de Mayo (Buenos Aires).
Pero en diferentes puntos de la provincia mediterránea, ciudadanos que participan activamente del reclamo de justicia vienen sufriendo diferentes tipos de presiones y acciones de amedrentamiento por parte de fuerzas de seguridad y de otros coprovincianos, persecución que incluyó allanamientos masivos contra centros culturales y partidos políticos el pasado 31 de agosto, y pedidos de autoridades y padres de que el tema Maldonado no se aborde en las escuelas.
Ayer, en Alta Gracia, horas antes de los actos por los tres meses desde que Santiago fue visto por última vez con vida -en medio de un operativo de represión de Gendarmería Nacional-, cuatro mujeres del Colectivo Paravachasca por la Memoria fueron amenazadas con ser detenidas por la Policía de Córdoba.
Ocurrió en el conocido Reloj Público de esta localidad cercana a la capital, cuando las jóvenes escribieron sobre los adoquines ubicados en la esquina frente al Tajamar el nombre del joven, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el río Chubut, luego de estar 78 días desaparecido.
En diálogo con el portal Sumario en Red, Florencia, integrante del Colectivo, contó que "como es costumbre en cada intervención" estaban escribiendo el nombre del joven artesano, cuando un patrullero se les acercó y, al bajar, los policías les dijeron que lo que estaban haciendo era un delito federal porque no podían dañar el patrimonio.
"Le explicamos que era con tiza, que siempre lo hacemos, que ya habíamos avisado que íbamos a hacer esta intervención y que después lo borrábamos con agua. Cayeron tres patrulleros más, en total eran 9 policías, nos tomaron los datos a las cuatro compañeras, y nos dijeron que debíamos borrarlo sí o sí, o nos realizaban una contravención. Con una angustia terrible, les pedimos que nos permitieran dejar el nombre y que después de la marcha lo borrábamos con agua", contó la joven.
En Achiras, en el sur cordobés, a 70 kilómetros de Río Cuarto, un grupo de artistas realizó un mural en memoria de Maldonado, expresión artística que llevó a un portal en Facebook a catalogar a los autores de "muralistas K" y a Maldonado de "delincuente".
"En Achiras, tenemos historiadores, deportistas (corredores de Motocroos y Rally, jugadores de futbol), artistas, cantantes y pintores, gente buena y que vale la pena; pero decidieron rendirle homenaje a un "Falso Mapuche", un "don nadie", un pibe que estaba haciendo disturbios en la vía pública, alguien que quemaba campos y casas reclamando sus tierras, rompían monumentos de nuestra patria", se quejó la publicación.
Tratando de "escrachar" a los autores, el perfil publicó una foto de los nombres de los mismos, escritos al lado del mural: "Ellos decidieron rendir homenaje a un delincuente, que de hecho, deseamos que descanse en Paz, porque es una persona como cualquiera de nosotros, pero no merece ningún monumento, ninguna pintura. Es uno más entre miles que mueren y desaparecen".
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