sábado, 31 de diciembre de 2016

Toto Caputo, el primo de Nicky, suma denuncias: le dio plata de los jubilados a Odebrecht

Hace un año, Mauricio Macri eligió al economista Luis Caputo para que cerrara el pago a los fondos buitres y reabrir el ciclo de endeudamiento. Esta semana, lo nombró ministro de Finanzas, luego de la renuncia de Alfonso de Prat-Gay.
Caputo es primo del otro Caputo, Nicky, el amigo y socio de Mauricio Macri en la industria de la construcción, tiene un patrimonio declarado de $ 55,75 millones y, de los ex CEO que están en el Gobierno, es el segundo más rico.
Fue jefe de área de Trading de Bonos y Acciones de JP Morgan en Argentina y América Latina en Estados Unidos (entre 1994 y 1998), y jefe de bonos de su filial Europa del Este y América Latina en Londres (entre 1998 y 2003).
Antes dirigió la distribuidora de electricidad Norte S.A y fue presidente del Deutsche Bank en Argentina hasta 2008, cuando creó Axis, una sociedad de Fondos Comunes de Inversión. A través de esa empresa, compró dólares a futuro y arrastra una denuncia judicial en la que se lo acusa de haberse beneficiado con la devaluación del dólar, ya que fue uno de los funcionarios que determinó el nuevo precio de la moneda estadounidense en el país.
Desde la secretaría de Finanzas, firmó el 19 de diciembre, un endeudamiento por más de $4.200 millones "en concepto de infraestructura de Transporte". Este fanático defensor del endeudamiento externo ha dicho que la emisión de deuda no lo pone colorado:  "La deuda no es una preocupación, hay espacio para financiar una convergencia al equilibrio fiscal".
Cuando ayer fue presentado en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el nuevo encargado de las finanzas del país, admitió que el macrismo pasará la deuda argentina del 25% del PBI, al 33% en el 2020.
Por estos días se conocieron más denuncias en contra de Toto.
El primo de Nicky es accionista de las empresa Sacha Rupaska S.A., una firma que aparece entre las 16 posesiones accionarias informadas el 31 de mayo de este año, dentro de su declaración jurada patrimonial, ante la Oficina Anticorrupción.
La sociedad anónima pasó inadvertida como parte del portfolio de inversiones que posee Caputo, pero esconde un detalle no menor: se trata de una empresa dedicada desde 2007 a comprar terrenos en Santiago del Estero donde habitan trabajadores campesinos desde hace más de un siglo y que, desde entonces, son víctimas de intentos de desalojo con topadoras y maniobras judiciales.
Caputo tiene participación accionaria en la compañía desde el momento en que los empresarios Luis María Méndez Ezcurra e Iván Gándara le compraron 17.800 hectáreas a María Rosa Salomón, consorte del entonces ministro de Justicia santiagueño Ricardo Daives, integrante del gabinete del entonces gobernador Gerardo Zamora. El 12 de octubre de 2007, ese lote, conocido como "Piruaj Bajo", quedó en manos de esa empresa. Con la operación inmobiliaria también comenzó a cambiar el destino de las 80 familias de campesinos que habitan esa zona desde hace más de un siglo.
Desde entonces, las familias afectadas no dejaron de perder derechos de posesión y tuvieron que afrontar las maniobras de desalojo, hasta que, en abril de este año, las 80 familias de Piruaj Bajo comenzaron una nueva etapa de reclamos para recuperar sus derechos de posesión sobre las 17.800 hectáreas que controla Sacha Rupaska S.A. y el empresario tucumano Cesar Pablo Esteban Bellati.
Según la declaración jurada que presentó el flamante ministro de Finanzas un mes después de los nuevos reclamos de las familias, su posesión accionaria es de 7.200 pesos, aunque en el listado de "créditos en el país" Caputo aparece como acreedor de Sacha Rupaska S.A. por 3.800.150,54 pesos.
Por otro lado, Caputo se ve involucrado en el escándalo Odebrecht, la megaconstructora brasileña que admitió que pagó coimas en la Argentina por 35 millones de dólares, y que es socia de la familia Macri en el soterramiento del tren Sarmiento, en Buenos Aires, y en un tramo de los gasoductos, en Córdoba.
Veinte días después de que Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, firmara el decreto 1250/16, con el oneroso asesoramiento del Banco de la Provincia de Córdoba y la financiera macrista Puente Hnos. S.A., el 3 de octubre, el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que controla el patrimonio del ANSES (básicamente acciones e inversiones financieras), mediante el Acta Nro. 137 le otorgó un préstamo de 260 millones de dólares, con una tasa del 7,5% a la provincia de Córdoba, para financiar los seis gasoductos de Odebrecht, poniendo como garantía la coparticipación.
La reunión de este comité se realizó en el ministerio de Hacienda y Finanzas. Lo integraron, además de Caputo y entre otros funcionarios macristas, Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de la ANSES; y Luis Blaquier, ex director de Goldman Sachs y Clarín, sobrino de Carlos Pedro Blaquier dueño de Ledesma, por entonces subdirector Ejecutivo de la ANSES y titular del FGS, cargo al que renunció hace poco.
Como la palabra Odebrecht, en ese momento ya era incómoda, en el acta, los funcionarios macristas omitieron nombrarla. Pero Basavilbaso, Caputo y Blaquier se encargaron de detallar en su encabezado, que el dinero prestado a la provincia de Córdoba debía usarse exclusivamente para los seis gasoductos de la constructora brasilera. Estos son: Oeste, Punilla II, Centro, Ruta 2, Suroeste y el anillo Córdoba.
De esta manera, Odebrecht consiguió de los jubilados el financiamiento para el tendido de los ductos, que según el contrato firmado en febrero debía ser provisto por la propia empresa brasileña.
Este empréstito no es el final de la película. En la misma acta donde el ANSES le prestó a Córdoba 260 millones de dólares para los gasoductos de Odebrecht, el Comité Ejecutivo del FGS, dispuso a su vez la “monetización” (hacer efectivo) de 565 millones de dólares a valor nominal, de títulos públicos emitidos por el gobierno de Córdoba, conocido como bono EPEC o PILAR, que tenía ANSES en su cartera, fruto de otro préstamo dado al gobierno de Córdoba durante el anterior gobierno.
Así, los 260 millones de dólares que el ANSES le prestará a Córdoba para que la controvertida Odebrecht, violando el contrato, pueda hacer los gasoductos, no serán fondos nuevos. Saldrán de la cesión a los grandes bancos internacionales de un valioso activo que hoy tiene el organismo de los jubilados, como es el bono EPEC. Política que la ANSES, en estos últimos tiempos, también tiene respecto de las acciones que mantiene en su cartera de importantes empresas privadas, que también está liquidando a precios de ocasión.
En estos enjuagues financieros, propio de los tiburones de la City, nuevamente los grandes lesionados son los actuales y futuros jubilados. Que tenían hasta octubre un bono que rendía 12,5% anual en dólares y ahora tendrán otro que rinde 7,5%. La diferencia estimada es de unos 130 millones de dólares en intereses a cobrar en 10 años.
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Estiman que para 2018, la deuda tomada por Caputo representará el 80% del PBI

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