viernes, 18 de noviembre de 2016

La Jujuy de Morales, cada vez más lejos de la ley

Las denuncias de abusos que estaría perpetrando el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy se multiplican, mientras el gobierno nacional, aliado del jujeño, sufre malos momentos y desgaste internacional por la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala.
Ayer, Mauricio Macri recibió al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien le reprochó la detención de Sala y lo forzó a anunciar que hoy invitará a Jujuy a una misión de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para que juzgue en el terreno si su detención es arbitraria, como en rigor ya dictaminó el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del organismo, que exigió su inmediata liberación al Estado argentino.
Trudeau llegó con una carta que le entregó el secretario de Amnistía Internacional, Alex Neve, en la que le pide que le reclame a Macri que cumpla con la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, a pesar de que funcionarios y medios oficalistas la han descalificado desde que se la dio a conocer.
"El viernes -por hoy- vamos a contestar el informe del panel de Naciones Unidas y vamos a extender la invitación para que vengan a visitar Jujuy y vean que se respetan los derechos humanos y las leyes vigentes en la Argentina", esbozó incómodo Macri en la conferencia de prensa de ayer (desde 47m21s del video).
Antes, había ordenado al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, que invite al país al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, en un intento por enfrentar las acusaciones que pesan sobre el gobierno argentino de mantener presa a Sala por razones políticas.
Pero las irregularidades en Jujuy no se circunscriben al caso Milagro Sala (que ha incluido en las últimas semanas amenazas y ataques contra la organización Tupac Amaru, no sólo en la provincia del norte sino también en su sede en Buenos Aires), que hoy sumaría otra denuncia, esta vez por parte de Margarita Stolbizer, para continuar con la estrategia oficialista de tapar la detención ilegal con múltiples denuncias de corrupción.
El miércoles, la senadora jujeña Liliana Fellner advirtió que en la provincia "corre riego la institucionalidad" y detalló distintos casos de persecución contra opositores: "En Jujuy se está persiguiendo y destituyendo a quienes han sido votados hace un año, se está yendo en contra de la voluntad del pueblo".
"El comisionado electo de Maimará aún no pudo asumir su cargo; la misma situación para un concejal de La Quiaca. El comisionado de Valle Grande y el intendente de Fraile Pintado fueron destituidos, porque se juntan los concejales y deciden que hay que echar al que es oposición al gobierno (de Morales). El intendente de Perico está resistiendo el embate de los concejales, no sabemos hasta cuándo", detalló Fellner.
Al respecto, apuntó duramente contra el vicegobernador, el massista Carlos Haquim. "El vicegobernador declaró que si las cosas continúan desarrollándose así en esos municipios, lo más favorable en defensa de los habitantes sería la intervención. Para no dejar dudas, aclaró que municipio que no sea oficialista será intervenido", acusó.
La senadora explicó que el mecanismo para sacar a opositores en los mencionados municipios fue similar. Una denuncia de alto impacto y el desplazamiento del involucrado antes de que resuelva la Justicia. "Hasta que la Justicia actúa pasan meses, y el concejo los destituye en trámite exprés. En Maimará, el STJ dice que no puede resolver, pero asumió un comisionado cercano a Morales", indicó.
Algo similar ocurrió con el Defensor del Pueblo de la provincia, Ricardo Pierazzoli, que renunció a su cargo cuando era inevitable que la Legislatura lo destituya. Lo hizo en base a una denuncia por supuesto maltrato laboral, pero en realidad Morales habría ordenado desplazarlo por sus presentaciones contra el tarifazo. En su reemplazo, designaron a un hombre afín a Haquim, aunque el cargo debe ser ocupado por la oposición.
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