martes, 1 de noviembre de 2016

Calcaterra no vendió "su" empresa y Macri no firma por las obras que le da

Cambiemos había salido meses atrás a tratar de enfrentar las denuncias en contra del presidente Mauricio Macri y su primo Ángelo Calcaterra por el manejo de la obra pública. Las maniobras macristas fueron dos: que Calcaterra vendiera la empresa que antes era del padre del Presidente, y -por recomendación de la macrista Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción- que el funcionario que estuviera comprometido en un conflicto de intereses no firmara el otorgamiento de un contrato.
Sin embargo, recientemente se conoció que -al final- Calcaterra no vendió la empresa Iecsa, a pesar de que en septiembre habían asegurado que iba a ser transferida a un consorcio chino. Pero además, según el portal Nuestras Voces, el miércoles 5 de octubre, en su última reunión de directorio, decidieron retirarla de la oferta pública. El mismo mecanismo que ya había utilizado en marzo Sideco, la otra empresa familiar de los Macri, para que sus movimientos y balances pasen a ser secretos nuevamente.
En los primeros seis meses del año, Calcaterra se llevó del gobierno de Cambiemos y aliados casi 48 mil millones de pesos: 45 mil millones para el soterramiento del tren Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires; 2.500 millones en alianza con el gobernador Juan Schiaretti para un gasoducto en Córdoba; y 25 millones de pesos de parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que ahora controla el gobierno de María Eugenia Vidal.
El decreto de necesidad y urgencia por el que se le dio la megaobra del soterramiento del tren Sarmiento no fue firmado por el presidente Mauricio Macri, sino por su segunda, Gabriela Michetti. Y el pliego de licitación fue modificado para que el financiamiento de la misma pudiera venir del Estado y no del sector privado externo.
La maniobra de la delegación de la firma -reñida con la ética en la función pública-, sin embargo, había sido recomendada por la macrista Laura Alonso, secretaria a cargo de la Oficina Anticorrupción que depende del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente Macri.
"El trabajo de la Oficina Anticorrupción es prevenir. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés, que nos consulten y si llegaran a tener una sospecha y tiene que tomar una decisión sí o sí y tienen una duda que deleguen la firma. Que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado", había aconsejado Alonso cuando estalló el escándalo de las acciones de Shell del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
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