martes, 25 de octubre de 2016

La banda de los periodistas espías: "Gracias a Macri, no estamos presos"

"Si no fuera por el señor Macri y la derrota de Scioli, los tres estaríamos presos o enjuiciados", se confesó el jefe de la SIDE menemista, Juan Bautista Yofre, ante sus compinches, el periodista de Perfil y Canal 26 Roberto García y el director del portal Urgente 24, Edgar Mainhard.
No fue en un charla privada de café, sino ante las cámaras de televisión, ayer lunes, en el canal de otro ex menemista, Alberto Pierri, Canal 26.
Un poco sorprendido ante la sinceridad de Yofre, García atinó a recordarle: "Pará. Enjuiciados y procesados estamos todavía".
A Yofre no le importó y siguió: "La señora jueza federal que nos juzgaba, que me tuvo 8 años de la ganchera, se dio cuenta que el juicio era nulo desde el comienzo el 30 de diciembre del año pasado. Voy a disentir con el gobierno pero le agradezco el cambio de clima político que se produjo con la derrota de la señora Cristina Kirchner y toda esa manga de sivergüenzas que nos gobernó todos estos años".
Yofre se refería al fallo con el que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, los sobreseyó a los tres, junto a sus colegas Carlos Pagni (La Nación) y Horacio Alderete (Seprín), en la causa por el hackeo y la venta de información de mails de figuras políticas, empresariales y artísticas -entre ellas, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner-.
La ex pareja del fiscal Alberto Nisman también sobreseyó al ex policía aeroportuario Pablo Carpintero, al empresario periodístico Néstor Ick y al general (R) Daniel Reimundes, ex jefe de la inteligencia del Ejército. Todos ellos habían sido procesados en 2012 por la propia Arroyo Salgado por los delitos de asociación ilícita, espionaje, obtención de secretos por revelación y encubrimiento agravado. Los procesamientos habían sido confirmados por la Cámara Federal y la Fiscalía había reclamado su elevación a juicio.
Súbitamente, con el cambio de gobierno, como afirmó anoche Yofre, la misma Arroyo Salgado decidió revertir su propia decisión al considerar que la obtención de las pruebas que originaron la denuncia no fue realizada dentro de la legalidad.
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