Luego de las elecciones provinciales, alrededor de las PASO del domingo y en el final del cordobesismo isleño, la Justicia cordobesa dio a conocer una serie de fallos que ratifica las denuncias de múltiples organizaciones sociales y políticas que vienen sosteniendo desde hace tiempo que el Poder Judicial de la provincia es un fiel reflejo del correlato de fuerzas que existe actualmente entre los sectores de poder real y el resto de la sociedad.
El llamado de atención mayor fue una nueva embestida de los Tribunales contra el periodista Hernán Vaca Narvaja, único imputado en la causa judicial por el asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en Río Cuarto, en 2006.
Claro que Vaca Narvaja nada tiene que ver con la muerte de Nora. Está imputado por su labor periodística. Y ha sido doblemente condenado a pagarle 75 mil pesos a la familia Macarrón: el viudo de Dalmasso, Marcelo Macarrón, y a sus hijos, Facundo y Valentina.
El periodista calificó al fallo de “acto mafioso de la corporación judicial que pretende que yo me calle la boca. Me siento parte de un relato kafkiano porque es un caso que está impune desde hace 9 años pero me tiene a mí como único condenado. Es realmente increíble”.
“La sentencia se conoce un día después de las elecciones, es decir, que se tomaron el tiempo para que la evidente repercusión que iba a tener no afectara las posibilidades electorales de De la Sota, en las presidenciales, y de Schiaretti, en las elecciones provinciales”, expresó el periodista en conferencia de prensa.
“Esta sentencia ya estaba escrita desde el primer día, y pone a la Justicia en una situación de crisis institucional muy grave. Hoy, el caso Dalmasso no tiene fiscal pero sí un periodista condenado en dos instancias. Es una imagen tan clara que huelgan las palabras”, resumió Vaca Narvaja, en la misma línea que su artículo contando mayores detalles de la decisión judicial en su contra.
Otros casos llamativos
La semana pasada, “Gustavo Hidalgo, fiscal Anticorrupción de Córdoba, archivó la denuncia penal de legisladores de la oposición, en el marco de la investigación por la cámara oculta donde se ve al ex titular de la empresa Kolektor, presuntamente, ofreciendo una coima.
Hidalgo entendió que no existe delito, pese que los denunciantes aseguran que Hermann Karsten (foto)ofreció pauta oficial a cambio de información al periodista Tomás Méndez para perjudicar a la oposición.
“Por supuesto que existe un delito, por eso fuimos a la justicia, y estas actitudes de Hidalgo siempre son así, porque él nunca encuentra delito, es la única provincia donde nunca se encuentra un delito vinculado al poder político”, dijo a Cadena 3 la legisladora Liliana Montero, del Frente Cívico.
Sostuvo, además, que “el problema de fondo es que esta actitud de Hidalgo, este fuero Anticorrupción que tiene la provincia de Córdoba está destinado a tapar la corrupción y ensucia a la justicia””.
En diálogo con radio Nacional Córdoba, otro de los denunciantes, el legislador Aurelio García Elorrio dio más detalles: ““Karsten le ofrecía a Méndez dinero a cambio de silenciar las actividades de la empresa Brito, propiedad del ex funcionario delasotista (Horacio) Miró. Y le decía que tocar a Brito era tocar a De la Sota”.
Además, sostuvo que “si Miró era lo mismo que De la Sota en Córdoba, hay que investigar la obra pública que hizo Brito en Córdoba”. “Son tres las obras que había que investigar: la remodelación del camino de la Altas Cumbre, el camino del Cuadrado y los gasoductos que no se hicieron, que ganaron unas empresas brasileñas. También, le llevamos antecedentes de una coima de 22 millones de dólares, que según dicen en Brasil, vinculado al tema de Petrobras, se habría pagado por los gasoductos que no se hicieron en Córdoba” agregó”.
Ayer, se conoció que "la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó los sobreseimientos de los ex directores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) Daniel Bonetto (delasotista)y Simón Dasenchich investigados por presuntas evasiones al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
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