lunes, 26 de mayo de 2014

#LaDecadaJugada en Córdoba: de Caruso y Roggio, a Daniel Angelici

"Cuando el Plan Austral comenzaba a hacer agua, mientras la hiperinflación hacía estragos en los bolsillos de los trabajadores, Miguel Ángel Caruso vio con claridad a qué sector social podía sacarle plata.
Esa epifanía lo haría millonario.
En la ciudad de Córdoba nadie puede establecer con precisión dónde o cuándo funcionaron por primera vez las máquinas de videopóquer, abuelas de las tragamonedas. Pero todos identifican a Caruso como quien las instaló, confinándolas a bares del lumpenaje docto porque estaban prohibidas.
Cuando en la década de los noventa se investigó el asesinato del senador radical Regino Maders -ocurrido el 4 de septiembre de 1987-, una de las puntas que siguió el entonces juez federal Guillermo Jonson fue la posibilidad de un crimen mafioso por la aparente negativa de Maders a levantar la mano para permitir la instalación de casinos y juegos de apuestas electrónicas en Córdoba. La hipótesis finalmente fue descartada, pero la instrucción dejó cientos de apuntes que permitieron reconstruir las primeras huellas de Miguel Ángel Caruso en el negocio del juego.
Fue en 1989, en los bares de San Miguel de Tucumán, cuando Caruso dejó aquellos registros. Su socio era Ángel Adolfo Alé, alias el Mono. Eso sucedía trece años antes de que desapareciera María de los Ángeles Verón, más conocida como Marita, y de que el país conociera al Clan Alé.
El policía que investigó a Caruso mantuvo un encuentro con los hermanos Alé: el Mono y la Chancha. En ese encuentro también estuvo presente quien era por entonces el director general de Investigaciones de la Policía tucumana. Ángel Alé tomó la palabra: dijo que habían comenzado en 1985 con el juego clandestino, y que en ese contexto apareció el Gordo Caruso a ofrecer sus máquinas de videopóquer.
La sociedad de hecho entre Alé y Caruso parecía destinada al fracaso. El propio Mono recuerda, en un expediente judicial guardado en algún anaquel de la Justicia de Córdoba, que, debido a la cantidad de procedimientos policiales y para no perder las máquinas, tuvieron que cerrar. Dos años después, en noviembre de 1991 y con Julio César Aráoz como interventor de la provincia, el juego se legalizaría.
Tres empresas se quedaron con el juego tucumano: Master International, San Andrés y Lovaina. Alé admitió ante la Justicia cordobesa que él no figuraba en los papeles de esas empresas pero que la sociedad funcionaba así: 33 por ciento para él, 33 por ciento para Caruso y 33 por ciento para el histórico dirigente del radicalismo cordobés Miguel Nicolás.
Según uno de los socios de Caruso, Miguel Santos Scudera, San Andrés SA explotaba desde 1988 algunos juegos de azar en la Catamarca de los Saadi, mientras que Master International hacía lo propio en Santiago del Estero. El gusanito del juego, en tanto, llegó legalmente a Tucumán en 1991, con los Alé como socios principales. El círculo cerró con la incorporación de La Rioja a la azarosa ruta de Caruso.
Scudera describe aquella organización como precaria: viajes cada quince días para comer asados con los socios locales y repartir las ganancias, y sólo dos hermanos para el mantenimiento de las máquinas de videopóquer.
Mientras tanto, en su pago chico -Córdoba-, el Gordo Caruso no lograba hacer pie. Al principio, una serie de recursos de amparo le había permitido instalar un puñado de máquinas tragamonedas en el centro de la capital y en Río Cuarto, segunda ciudad de la provincia (...). A través de Miguel Nicolás, un importante caudillo del radicalismo cordobés que actualmente ocupa un sillón en el Ente Regulador de Servicios Públicos y que por esos años era abogado de Caruso, éste tenía acceso a los despachos de importantes dirigentes de la UCR cordobesa. En la causa judicial cerrada suelen repetirse los nombres de los políticos que impulsaron la privatización de la actividad en Córdoba, el juego que mejor jugaba Caruso. Pero finalmente la presión social haría caer ese negocio.
Todavía faltaba una década para que Caruso saltara a las ligas mayores: de la mano del Grupo Roggio, fundaría la Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET), para quedarse con miles de tragamonedas en los casinos de Córdoba, imponiéndose a Codere, Boldt y Casinos del Litoral. Esto ocurriría en 2000, con José Manuel de la Sota en el poder.
De la Sota habilita
En marzo de 2000, el artículo 209 de la Ley del Nuevo Estado -el ampuloso título que De la Sota puso a la más mediática de todas las leyes que hizo aprobar- habilitó la instalación de las tragamonedas en Córdoba. En la provincia, esa ley pasó a la historia como Ley Bodega, por las denuncias sobre un senador del Frepaso que habría vendido su voto al delasotismo.
Ese es el embrión de la ley que le permitió a Miguel Ángel Caruso entrar en la historia grande de los juegos de azar. Lo hizo de la mano del Grupo Roggio, sinónimo de poder y de negocios con el Estado en la provincia.
Aldo Roggio, mandamás del grupo, supo que quería tener hoteles con casino cuando participó de la construcción y administración del Conrad, a metros de las suaves olas de la Mansa, en Punta del Este, que comenzó a operar en 1997 tras casi cuatro años en obras.
Al abrirse la posibilidad en Córdoba, Roggio buscó a un socio que cumpliera con el requisito de tener experiencia acreditada en la administración de casinos o juegos de azar. Surgió Caruso, quien controlaba salas en el norte del país. Cómo se conocieron estos dos empresarios tan distintos es todavía un enigma. Juntos fundaron la Compañía de Entretenimiento y Turismo (CET), que ganó en 2002 la licitación para ser concesionaria de las tragamonedas en Córdoba: actualmente la CET administra 19 salas en diecisiete localidades del interior, donde hay instaladas unas 3.600 máquinas.
También manejan el primer casino privado de Córdoba, ubicado en el mítico Hotel Sierras de Alta Gracia -en una licitación que la CET ganó en 2005-, y gerencian tres hoteles bajo la firma Howard Johnson: Río Ceballos, Río Cuarto y Villa María. Un total de 121 habitaciones distribuidas en esas tres localidades.
El lunes 18 de noviembre de 2002 el Gobierno de De la Sota preadjudicó a Roggio y a Caruso la explotación de las tragamonedas en Córdoba, la construcción de varios hoteles cinco estrellas y el desarrollo de un puerto sobre la ribera del lago San Roque, en Carlos Paz: el Puerto San Roque, un proyecto que jamás se concretó pero que fue fundamental a la hora de evaluar el proyecto con el cual la CET se quedó con el millonario negocio (...). Para apuntalar este proyecto -que prometía cambiar la principal ciudad turística de la región-, el lago San Roque perdió millones de hectolitros de agua: se bajó la cota del lago para ampliar la playa de un puerto que, finalmente, nunca se construyó. El hotel cinco estrellas, tampoco.
Las renegociaciones del contrato original se multiplicaron: hubo más impuestos y salas, y menos hoteles. Durante la última sesión de la Legislatura de Córdoba en 2009, el Gobierno provincial autorizó a la CET colocar dos mil tragamonedas más. El oficialismo argumentó que llovían cartas de intendentes reclamándolas para sus pueblos. Desde entonces, Roggio y Caruso buscan que cada vez sean más las localidades que cuenten entre sus atractivos con un pequeño casino, aunque todavía no logran convencer a más cordobeses del interior sobre las bondades del juego. En Córdoba capital, por ley, tienen el paso vedado.
La resistencia
Fueron la Iglesia Católica y los pequeños comerciantes de pueblo quienes frenaron a la CET, no el Estado provincial. Desde 2008, cuando en la última sesión del año la Legislatura cordobesa autorizó la instalación de 2.400 nuevas tragamonedas para que la CET llegara al mágico número de cinco mil slots en funcionamiento sólo se instalaron unas trescientas en las catorce salas existentes. Cada uno de los intentos de la CET por abrir casinos pueblerinos fue abortado, y no pocas veces los vecinos obligaron al intendente a aprobar una ordenanza en la que se prohibiera explícitamente el funcionamiento de slots y máquinas similares en las comarcas. Hasta el momento son quince pueblos -casi todos con una población menor a los cinco mil habitantes- los que se le plantaron a la dupla Roggio-Caruso.
También tuvo lo suyo para decir la Iglesia Católica, poderosa en una sociedad como la cordobesa. "Los juegos de azar que se brindan en los casinos facilitan la adicción patológica al juego y afectan a las familias más pobres, las que ven allí una solución mágica a sus problemas", dijo la Pastoral Social en 2008, y el argumento se repitió y propagó en las miles de parroquias de toda la provincia. Desde entonces, fueron los curas quienes se pusieron al frente de cada manifestación en contra de la apertura de nuevas salas.
La resistencia popular a las tragamonedas tiene una función objetiva: quienes juegan no son turistas, sino lugareños. Vale una muestra: en enero de 2013 se apostaron en las tragamonedas de Carlos Paz -bastión turístico de las Sierras- veintidós millones de pesos. En mayo, un mes sin actividad turística, las apuestas en las mismas máquinas fueron por 17,6 millones. En localidades no turísticas, como Morteros -una pequeña ciudad de dieciséis mil habitantes, ubicada en el límite entre Córdoba y Santa Fe-, las apuestas fueron constantes durante los doce meses de 2013 y promediaron los 2,2 millones de pesos mensuales".
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El dueño de los bingos: Daniel Angelici
"Un caso particular es el de Daniel Mautone, el dueño del juego en Entre Ríos, donde detenta una lucrativa sociedad con los Tabanelli en el casino de Victoria. Además, está asociado con otro binguero, Daniel Angelici, el hombre del macrismo en la conducción de Boca Juniors, en los bingos de Ramallo y Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Mautone y Angelici también se unieron en Bingo Horse, la empresa que crearon para criar caballos de carrera y administrar hipódromos (los “racinos”, fusión entre casinos y apuestas burreras, una creación de la industria del juego de EE.UU., fueron adoptados con entusiasmo en la Argentina) y en Desarrollo Maipú, para administrar activos del juego en Mendoza.
Mautone fundó también Corporatone Technologies, para fabricar máquinas de juego, un subsector que domina Boldt, seguido por TecnoAcción, la sociedad en que Cristóbal López es socio minoritario de la griega Intralot, uno de los gigantes mundiales de la tecnología del juego y las apuestas online.
El “Tano” Angelici, en tanto, administra a través de Betec los casinos de Uspallata y Tupungato, en Mendoza, y de Cronopios los bingos de Villa Allende, Villa María y Río Cuarto, en Córdoba. Es dueño de Madero Tango, sitio porteño muy concurrido por turistas extranjeros en busca de una “experiencia tanguera”.
Angelici es el empresario que peor se lleva con Aleara, el sindicato de los trabajadores del juego. “Es un tipo que excede todos los límites: amenaza, usa información de inteligencia, te hace seguir”, dijo a plazademayo.com el secretario del gremio, Ariel Fassione.
Durante mucho tiempo, Angelici se negó a reconocer la competencia de Aleara, porque alegaba que sus empleados debían encuadrarse en el gremio de los “espectáculos públicos” y no en el del juego. Pero, según Fassione, ya resignó ese argumento legalmente indefendible. Ahora, Aleara está negociando los convenios para los empleados de los bingos de Ramallo y Pergamino, que Angelici tiene en sociedad con Mautone. “Con Mautone se puede negociar, Angelici es un tipo nefasto”, concluye Fassione".
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